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Domingo Junio 20, 2021

Con el nombramiento de Carlos Medina Ramírez como viceministro, el Ministro de Justicia Yesid Reyes se la juega por un ex funcionario que fue piedra en el zapato durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Medina es un abogado de la Universidad del Rosario que ha trabajado sobre todo en temas de drogas y seguridad ciudadana, justamente los que ahora tendrá bajo su ala como vice de política criminal. (En el tercer tema que liderará, la justicia transicional, no tiene experiencia). 

Como subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes durante el segundo período de Uribe, Medina dio -y perdió- varias fuertes peleas en temas de política de drogas.

Primero, fue quien redactó una estrategia antidrogas con un enfoque similar al que se ha venido recomendando en los últimos años, que nunca fue adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes que Uribe presidía (y donde Juan Manuel Santos tenía asiento como ministro de Defensa). Entre otras, proponía concentrar los operativos en los eslabones más rentables de la cadena del narcotráfico, invertir en programas de desarrollo alternativo para los más débiles como los cocaleros y enfocarse en controlar el negocio de los insumos y precursores químicos usados para producir cocaína.

En esa misma época fue uno de los críticos de la estrategia de la directriz de Uribe de procesar penalmente a mil campesinos cocaleros al año, una tarea que resultó contraproducente porque la mayoría eran liberados después y, sobre todo, porque las fuerzas armadas perdían toda legitimidad en zonas cocaleras. Esa política se mantuvo hasta que el general Óscar Naranjo la abandonó en la práctica al final del gobierno Uribe.

Pero sobre todo, Medina fue uno de los que denunció la red de corrupción dentro de Estupefacientes, donde los bienes incautados a los narcos terminaron administrados por familiares de congresistas, y recomendó cambiar la manera como se entregaban. El político conservador Carlos Albornoz, que era su jefe y quien lo despidió argumentando que había perdido su confianza, terminó destituido por ese escándalo. (Medina demandó a Albornoz por eso, pero terminó perdiendo por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción).

Después del DNE, trabajó como jefe del área de justicia y seguridad en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que monitorea los cultivos de coca y es uno de los operadores más grandes de programas de sustitución de cultivos. Allí se dedicó a investigar en terreno las redes criminales y fue uno de los que recomendó usar otras mediciones en la lucha antidrogas distintas al número de hectáreas cultivadas y fumigadas, como los precios de la hoja de coca o el nivel de pureza de la cocaína.

Ahora Medina regresará al Ministerio de Justicia, al que llegó en épocas de Rómulo González (durante la era Pastrana) y donde fue director de acceso a la justicia hasta el 2005, en momentos en que el Gobierno deberá comenzar a pensar en los retos para el aterrizaje de La Habana -si se firma un Acuerdo final- como la erradicación de la coca (de la mano del programa de transformación del campo) o el control de los grupos criminales que no se desmovilicen.

Su nombramiento demuestra que Yesid Reyes sigue apostándole a los técnicos, pese a que -como ha contado La Silla- ha tenido muchas presiones de los congresistas liberales para que les dé juego burocrático.

Perfiles relacionados: 
Yesid Reyes Alvarado

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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