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Domingo Junio 20, 2021

Con el nombramiento de Carlos Medina Ramírez como viceministro, el Ministro de Justicia Yesid Reyes se la juega por un ex funcionario que fue piedra en el zapato durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Medina es un abogado de la Universidad del Rosario que ha trabajado sobre todo en temas de drogas y seguridad ciudadana, justamente los que ahora tendrá bajo su ala como vice de política criminal. (En el tercer tema que liderará, la justicia transicional, no tiene experiencia). 

Como subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes durante el segundo período de Uribe, Medina dio -y perdió- varias fuertes peleas en temas de política de drogas.

Primero, fue quien redactó una estrategia antidrogas con un enfoque similar al que se ha venido recomendando en los últimos años, que nunca fue adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes que Uribe presidía (y donde Juan Manuel Santos tenía asiento como ministro de Defensa). Entre otras, proponía concentrar los operativos en los eslabones más rentables de la cadena del narcotráfico, invertir en programas de desarrollo alternativo para los más débiles como los cocaleros y enfocarse en controlar el negocio de los insumos y precursores químicos usados para producir cocaína.

En esa misma época fue uno de los críticos de la estrategia de la directriz de Uribe de procesar penalmente a mil campesinos cocaleros al año, una tarea que resultó contraproducente porque la mayoría eran liberados después y, sobre todo, porque las fuerzas armadas perdían toda legitimidad en zonas cocaleras. Esa política se mantuvo hasta que el general Óscar Naranjo la abandonó en la práctica al final del gobierno Uribe.

Pero sobre todo, Medina fue uno de los que denunció la red de corrupción dentro de Estupefacientes, donde los bienes incautados a los narcos terminaron administrados por familiares de congresistas, y recomendó cambiar la manera como se entregaban. El político conservador Carlos Albornoz, que era su jefe y quien lo despidió argumentando que había perdido su confianza, terminó destituido por ese escándalo. (Medina demandó a Albornoz por eso, pero terminó perdiendo por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción).

Después del DNE, trabajó como jefe del área de justicia y seguridad en la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que monitorea los cultivos de coca y es uno de los operadores más grandes de programas de sustitución de cultivos. Allí se dedicó a investigar en terreno las redes criminales y fue uno de los que recomendó usar otras mediciones en la lucha antidrogas distintas al número de hectáreas cultivadas y fumigadas, como los precios de la hoja de coca o el nivel de pureza de la cocaína.

Ahora Medina regresará al Ministerio de Justicia, al que llegó en épocas de Rómulo González (durante la era Pastrana) y donde fue director de acceso a la justicia hasta el 2005, en momentos en que el Gobierno deberá comenzar a pensar en los retos para el aterrizaje de La Habana -si se firma un Acuerdo final- como la erradicación de la coca (de la mano del programa de transformación del campo) o el control de los grupos criminales que no se desmovilicen.

Su nombramiento demuestra que Yesid Reyes sigue apostándole a los técnicos, pese a que -como ha contado La Silla- ha tenido muchas presiones de los congresistas liberales para que les dé juego burocrático.

Perfiles relacionados: 
Yesid Reyes Alvarado

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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