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Lunes Mayo 25, 2020

En medio de la discusión entre el Polo Democrático, que pide que el Gobierno firme ya la ley estatutaria de salud que fue aprobada hace casi dos años y fue a revisión de la Corte, y la posición del Gobierno de que antes hay que debatirla en el Congreso, hoy el Senado parece darle la razón al segundo.

Por lo menos eso es lo que se desprende de una carta que le envió el secretario del Senado, Gregorio Eljach, al Ministro de Salud Alejandro Gaviria, en la que lo cita al Congreso el 24 de marzo, apenas empiecen las sesiones ordinarias.

El problema es uno de esos enredos jurídicos en los que termina metida muchas veces la política colombiana.

Resulta que cuando la Corte Constitucional revisó la ley, como tiene que hacerlo antes de que la firme el presidente por tratarse de una estatutaria, decidió que solo era parcialmente constitucional.

Ahí empezó el enredo. Para el Gobierno, eso tenía como consecuencia que se debía volver a debatir en el Congreso los puntos declarados inexequibles, después de escuchar a Gaviria. Eso es, por lo menos, lo que dice el decreto que regalmenta el funcionamiento de la Corte.

Sin embargo, el senador del Polo Jorge Robledo (quien paradójicamente votó contra la ley) dijo el primero de enero que, al no firmarla ni objetarla, Juan Manuel Santos estaba violando la Constitución, y que el plan del gobierno era meter un mico para sacarla como quería hacerlo el gobierno.

Luego dijo que la sentencia se iba a hundir porque se había pasado el plazo para objetarla y que el plan del Gobierno era dejar que se hundiera para reformar la salud vía decretos, que a su juicio serían menos favorables que la ley.

El problema creció ayer, cuando Pedro Santana, vocero de la comisión de seguimiento a la reforma estructural a la salud, dijo que  le iba a pedir al Congreso que sacara directamente la ley debido al silencio de Santos.

Pero hoy una carta de Eljach pone al Congreso del lado del Gobierno: aplicando el mismo decreto que argumenta el Gobierno, citó a Gaviria para oírlo antes de ajustar la ley y volverla a mandar a la Corte. Como quien dice, seguramente la estatutaria sí la va a firmar Santos, pero en varios meses.

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Mié, 2015-01-28 15:58
Hay gato encerrado entre Santos, Gaviria y secretario del Senado (que no es el Senado!) para objetar la ley Estatutaria en Salud avalada por la Corte Constitucional. El Auto 377/14 de la CC de corrección de errores de digitación fue emitido por la CC el 3 de dic-2014; el presidente debía objetar o sancionar, pero superados todos los plazos para la sanción (u objeción) de la ley por el Presidente de la República, sólo cabe la sanción por parte del Presidente del Congreso, según el reglamento legal vigente. Lo demás es una clara violación de la ley. El texto completo de la comunicación de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud en http://comosoc.org/El-gobierno-desafia-a-la-Corte
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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