LA SILLA VACIA

Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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