LA SILLA VACIA

En los últimos dos días  una serie de cuestionamientos sobre la administración del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, han salido a flote por el rasero que se está utilizando en la administración para definir el personal.

Aunque en campaña Hernández abrió una convocatoria para que todos los ciudadanos interesados en trabajar en la Alcaldía le hicieran llegar su hoja de vida con el fin de buscar entre sus perfiles a los nuevos funcionarios y contratistas, esa promesa se ha quedado corta.

Si bien, y según aseguró el jefe de gabinete de Hernández, Manolo Azuero (ex editor de la Silla Santander), esa política está en etapa de implementación y señaló que algunos de los nuevos integrantes del equipo de la Alcaldía han sido seleccionados a partir de esa base de datos,  personal cuestionado de la pasada administración volvió al ruedo.

La Silla revisó el portal único de contratación y encontró que en los 22 reportes que se han hecho de la vinculación de personal, ya hay un nombre que sonó en el cuatrienio pasado por escándalos.

Se trata del de Adriana Milena Sanabria Hernández, quien fue nombrada en un artículo de la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, por ser una de las contratistas de la era de Lucho Bohórquez que obtuvo varios contratos de prestación de servicios sin presuntamente tener la experiencia ni la idoneidad para ejecutarlos.

Para el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, ha generado suspicacias el nombramiento de Lía Patricia Carrillo, quien es la subsecretaria administrativa de la Alcaldía y quien es afín, según tres fuentes que conocen la movida política en la ciudad, a la cuerda del diputado liberal Honorio Galvis.

Precisamente,según versiones de dos fuentes que están dentro de la administración, Lía Patricia ha enfrentado acusaciones de acoso laboral y es señalada de mover el personal a su acomodo. No obstante, la funcionaria señaló que las afirmaciones en su contra no son ciertas, e indicó que de los seis sindicatos que existen en la Alcaldía de Bucaramanga uno solo es el que se ha quejado de su labor.

"Yo me ciño estrictamente a la ley, el acoso laboral del que ellos hablan es porque se exigen cumplimiento de horarios y tareas y eso no es acoso laboral. Yo no muevo a nadie de los cargos, yo soy una subordinada y recibo órdenes y cuando ha existido traslado de personal todo está completamente soportado y con solicitudes de jefes de cada oficina", indicó.   

Al respecto, Azuero le dijo a La Silla que las personas que continuaron de la administración pasada no están en esos cargos por su procedencia política sino “porque saben del tema que están manejando”.  

Sobre la base de datos el jefe de gabinete indicó que esperan que esté en funcionamiento a mediados de febrero, para a partir de ella seleccionar los perfiles del personal,  en razón a que la mayoría de los contratos que se han suscrito solo son por 5 meses.

A ese escenario se ha sumado la contratación de Pedro Porras Porras como conductor privado de Rodolfo Hernández con honorarios mensuales de $4 millones.

Según la explicación que entregó la Alcaldía, el pago que recibirá es proporcional a sus funciones debido a que deberá acompañar todos los días al mandatario y a que si lo vinculaban directamente en la planta de personal, el salario aumentaría por el pago de horas extras, dominicales y nocturnos. 

Desde la administración de Hernández también se dijo que  el nuevo conductor cuando estaba en el sector privado recibía el mismo sueldo, y se aseguró que fue él el elegido porque era del círculo de confianza de Hernández y las autoridades habían recomendado que alguien con ese plus llegara a ese cargo debido a las amenazas que recibió el Alcalde.

Sin embargo, el tema de fondo está dado en que la Alcaldía de Hernández estableció un estándar para definir el pago de honorarios a contratistas que está basado en la experiencia y en el nivel académico de cada persona que se vincula.

Aunque, según lo reconoce la misma Alcaldía, esa escala no es de obligatorio cumplimiento, sí es el rasero que se está teniendo como punto de referencia para definir el valor de la prestación de los servicios del personal.

La Silla comparó los honorarios del nuevo conductor, que según los estudios previos de la Alcaldía debe tener estudios primarios para ser contratado, con los de los  abogados y profesionales de diferentes especialidades que se vincularán a la administración,  y encontró que la  diferencia en algunos casos es solo de $500 mil mensuales.

Nota de la Editora: Después de la publicación de este artículo, Lía Carrillo se comunicó con este medio y nos dio su versión sobre los señalamientos que le hacen. La actualización se hizo a las 4:36 p.m.

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Vie, 2016-02-05 21:31
Un problema grave en la alcaldía es la falta de información. Actualmente solo se publican los eventos en la página de facebook "Ing Rodolfo Hernández Suarez" y en ocasiones no lo hacen con anterioridad. La entidad no posee página de Twitter y para estar actualizados toca seguir a Manolo Azuero y a uno que otro secretario. El sitio web, al igual que los sitios de algunas secretarías e instituciones están desactualizados. Aparecen imágenes desde la administración de Lucho Bohórquez hasta links de hace 4 años (ver la secretaría de educación). Si quieren construir un Gobierno Democrático y participativo deberían actualizar estos medios de comunicación para que la ciudadanía esté mejor enterada y tenga una mayor participación en los procesos.
Vie, 2016-02-05 16:12
Es de vital importancia que el jefe de gabinete del alcalde aclare los alcances de la información suministrada, no puede ser que se pregone algo en campaña y se realice lo opuesto en ejercicio de las funciones, cosas como estas ayudan a que la oscura batalla librada por diferentes sectores para ensuciar algo que apenas esta empezando tome fuerza entre quienes confiamos en un cambio.
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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