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Jueves Diciembre 12, 2019

Aunque la columna de Daniel Coronell ayer en Semana calentó de nuevo el debate sobre los baldíos, según la información que tiene La Silla Vacía, el debate dentro del Gobierno sobre el decreto que él menciona ya fue superado y aparentemente ya hay una decisión tomada, y no es favorable a los empresarios. La prueba más grande es que el sábado de la semana pasada, miembros del Gobierno tranquilizaron a las Farc en La Habana explicándoles que el proyecto de ley y lo acordado sobre el campo en la mesa de negociación irán en la misma vía.

Las Farc hace dos semanas habían advertido que la “supuesta solución salomónica” de la que había hablado la revista Semana tiene como fin “que los forajidos enmascarados (…) no vayan a perder su inversión”.

Como contó La Silla, hace una semana se reunieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Presidencia para discutir el tema. Al final de esa reunión llegaron a la conclusión de que no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.

La conclusión fue que, más bien, el Gobierno debería aprovechar el proyecto para sacar adelante las condiciones para desarrollar las 4 millones de hectáreas de la Altillanura sin poner en riesgo el discurso que ha vendido -tanto en La Habana como al resto de colombianos- de que Santos está comprometido con una reforma agraria que beneficie a los campesinos. Pero que, para hacerlo, no podrían salvar a los 'cacaos' que compraron las tierras cuestionadas.

Es decir, Santos sigue teniendo un dilema entre los ‘cacaos’ y el discurso agrario, pero, a juzgar por el mensaje de tranquilidad del Gobierno a las Farc, todo parece indicar que ya tiene claro cuál es la prioridad.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mié, 2014-01-29 21:03
En este confuso proceso donde se mezcclan intereses de grandes grupos ecónomicos y promesas gubernamentales existe un gran limbo ideológico y jurídico, con el cual nos seguirán enredando, engañando y usufructuando.
Jue, 2013-08-15 18:06
A ver, ¿siguen con que el marcador es Habana 1, Cacaos 0? http://bit.ly/1eKt9nj
Lun, 2013-08-12 22:50
En ese artículo que relacionan, estuve de acuerdo con la “solución salomónica” que se planteó, pero influenciado por la muy contundente frase: No existe una fórmula viable, etc. etc…”, así las cosas, no queda claro como lograran sacar de taquito a los cacaos. Igual que no se preocupen, el llano es amplio, pero no ajeno, y en cualquier ladito los acomodaran. La prioridad es, ha sido y será lo más importante no para las Farc, sino para la reelección.
Lun, 2013-08-12 20:23
Es gracioso oír que una decisión va en contra de la mano que generosa da a los politiqueros de comer, eso parece un chiste. Habrá que esperar, tanto como la pobre gente de Gramalote, o mejor dicho, lo único agradable es el mensaje, el resto ya lo sabemos.
Lun, 2013-08-12 14:17
Lo siento, pero esto son *formalidades*. ¿Cómo pueden ir perdiendo los cacaos? Que le de un mensaje a las FARC no es garantía de nada: cada vez que hablan de paz sacan como mil de esos (y la historia lo prueba, no me lo invento). Por favor... por mucho se les habrá amargado un coctel, pero estamos hablando de miles de millones de pesos, jugosos contratos, acuerdos de inversión extranjera. ¿Qué ha demostrado que pesa más este Gobierno, un campesino, o un Urrutia? La respuesta es sencilla.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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