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Domingo Octubre 25, 2020

Hoy vencía el plazo para que la Corte Constitucional definiera el futuro de la adopción por parejas homosexuales, esta vez en una nueva demanda. Al igual que hace dos meses se eligió un conjuez, cuyo voto será decisivo, dado que el magistrado Mauricio González se declaró impedido y la votación de sus compañeros quedó 4-4. Y esta vez se trata de un ex magistrado cuyos antecedentes en la Corte lo alinean claramente con el bloque que votó por darle vía libre a esa adopción.

Se trata de Jaime Córdoba Triviño, ex Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte entre 2001 y 2009.

En ese paso por la Corte, Córdoba siempre defendió el avance de los derechos de los homosexuales y fue del bloque liberal mayoritario que votó sentencias como la C-075 de 2007, que fue la primera que reconoció que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos patrimoniales que las heterosexuales.

Córdoba había defendido esa posición desde antes. Por ejemplo, salvó el voto en la sentencia T-349 de 2006, que no le otorgó a un homosexual la pensión que había dejado su compañero permanente que había muerto.

En ese caso Córdoba mostró claramente que a su juicio las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales:

Grupos familiares que pueden integrarse de formas variadas, más ajustada a una realidad sociológica colombiana en donde muchos hogares se componen de una madre soltera con sus hijos, o de la abuela con algunos hijos y sus nietos, o el de una hermana(o) con su hermana(o), por mencionar sólo algunas dentro de las infinitas combinaciones posibles. Lo que resulta relevante es que el concepto de familia es, en todo caso, una forma de unión de las personas que no refleja lo que el concepto de grupos familiares sí consigue mostrar, una realidad de fuertes lazos de solidaridad mediados por la convivencia, ayuda y socorro y que se gestan por consanguinidad, por afinidad, por afiliación o por mero accidente de la vida.

Además, fue el ponente de la sentencia C-798 de 2008, en la que la Corte definió que entre dos homosexuales que fueran compañeros permanentes existe la obligación de pagarse alimentos (es decir, de ayudar a la subsistencia del otro), tal y como ocurren en los matrimonios y uniones de hecho de heterosexuales.

En esa sentencia Córdoba impulsó uno de los grandes argumentos que se ha debatido en la adopción por parejas homosexuales: el llamado déficit de protección. Según la Corte, éste existe se crea cuando la pareja heterosexual tiene más protección que la homosexual y, por lo tanto, debe ser corregido cuando se encuentra.

Por eso, una vez la Corte retome el asunto dentro de un par de semanas (ya que suspendió el término hasta que Córdoba estudie el expediente), lo más probable es que el bloque liberal tenga una mayoría de 5 a 4.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2015-04-09 13:09
Con este tema nunca se va a llegar a un acuerdo entre la sociedad... siempre va a estar polarizada la opinión.
Mié, 2015-04-08 10:12
Si un juez es reconocido por sus inclinaciones políticas entonces no puede ser juez.
Jue, 2015-04-09 08:09
Quienes están manifiestamente matriculados en una secta religiosa y ponen ostensiblemente sus creencias místicas por encima de la constitución laica, mucho más allá de una "inclinación" ideológica observable por un periodista ¿esos sí pueden ser jueces?
Mié, 2015-04-08 09:36
La población LGBTI asumo yo q no propiamente busca adoptar puntualmente como si lograr equiparar derechos. La adopción es uno d ellos Q d paso abre la oportunidad q los hijos dl estado-ICBF- tengan un hogar, índiferente d la combinación d grupo familiar q exista y q en Latinoamerica y en especial COLOMBIA es bastante surtido. Yo si espero q Córdoba defienda la oportunidad d Hogar q el estado NO ESTA EN CAPACIDAD d garantizar; después d los 18 años los tiran a la calle y sálvese quien pueda. La comunidad LGBTI tienen la Actitud Y disposicion d reducir tanto "hijo de nadie". No es q Todos los LGBTI buscarán adoptar, no es q Sodoma y Gomorra se pretenda instaurar; ni siquiera los llamados hetero pueden garantizar ejemplos d pulcritud, honestidad y sanidad hasta mental para criar Y educar. X el momento q Córdoba se prepare para los Godofacho's company q deben estar comiéndose las uñas. Eso si, no he visto ninguno q proponga adoptar desde ya y salgan en gavilla a dar Hogar.
Mié, 2015-04-08 06:54
CALLO EN BUENAS MANOS ,EL DOCTOR CORDOBA TIENE QUE APROBAR LA IGUALDAD DE DERECHO DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES.
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Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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