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Lunes Mayo 25, 2020

Hoy vencía el plazo para que la Corte Constitucional definiera el futuro de la adopción por parejas homosexuales, esta vez en una nueva demanda. Al igual que hace dos meses se eligió un conjuez, cuyo voto será decisivo, dado que el magistrado Mauricio González se declaró impedido y la votación de sus compañeros quedó 4-4. Y esta vez se trata de un ex magistrado cuyos antecedentes en la Corte lo alinean claramente con el bloque que votó por darle vía libre a esa adopción.

Se trata de Jaime Córdoba Triviño, ex Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte entre 2001 y 2009.

En ese paso por la Corte, Córdoba siempre defendió el avance de los derechos de los homosexuales y fue del bloque liberal mayoritario que votó sentencias como la C-075 de 2007, que fue la primera que reconoció que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos patrimoniales que las heterosexuales.

Córdoba había defendido esa posición desde antes. Por ejemplo, salvó el voto en la sentencia T-349 de 2006, que no le otorgó a un homosexual la pensión que había dejado su compañero permanente que había muerto.

En ese caso Córdoba mostró claramente que a su juicio las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales:

Grupos familiares que pueden integrarse de formas variadas, más ajustada a una realidad sociológica colombiana en donde muchos hogares se componen de una madre soltera con sus hijos, o de la abuela con algunos hijos y sus nietos, o el de una hermana(o) con su hermana(o), por mencionar sólo algunas dentro de las infinitas combinaciones posibles. Lo que resulta relevante es que el concepto de familia es, en todo caso, una forma de unión de las personas que no refleja lo que el concepto de grupos familiares sí consigue mostrar, una realidad de fuertes lazos de solidaridad mediados por la convivencia, ayuda y socorro y que se gestan por consanguinidad, por afinidad, por afiliación o por mero accidente de la vida.

Además, fue el ponente de la sentencia C-798 de 2008, en la que la Corte definió que entre dos homosexuales que fueran compañeros permanentes existe la obligación de pagarse alimentos (es decir, de ayudar a la subsistencia del otro), tal y como ocurren en los matrimonios y uniones de hecho de heterosexuales.

En esa sentencia Córdoba impulsó uno de los grandes argumentos que se ha debatido en la adopción por parejas homosexuales: el llamado déficit de protección. Según la Corte, éste existe se crea cuando la pareja heterosexual tiene más protección que la homosexual y, por lo tanto, debe ser corregido cuando se encuentra.

Por eso, una vez la Corte retome el asunto dentro de un par de semanas (ya que suspendió el término hasta que Córdoba estudie el expediente), lo más probable es que el bloque liberal tenga una mayoría de 5 a 4.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2015-04-09 13:09
Con este tema nunca se va a llegar a un acuerdo entre la sociedad... siempre va a estar polarizada la opinión.
Mié, 2015-04-08 10:12
Si un juez es reconocido por sus inclinaciones políticas entonces no puede ser juez.
Jue, 2015-04-09 08:09
Quienes están manifiestamente matriculados en una secta religiosa y ponen ostensiblemente sus creencias místicas por encima de la constitución laica, mucho más allá de una "inclinación" ideológica observable por un periodista ¿esos sí pueden ser jueces?
Mié, 2015-04-08 09:36
La población LGBTI asumo yo q no propiamente busca adoptar puntualmente como si lograr equiparar derechos. La adopción es uno d ellos Q d paso abre la oportunidad q los hijos dl estado-ICBF- tengan un hogar, índiferente d la combinación d grupo familiar q exista y q en Latinoamerica y en especial COLOMBIA es bastante surtido. Yo si espero q Córdoba defienda la oportunidad d Hogar q el estado NO ESTA EN CAPACIDAD d garantizar; después d los 18 años los tiran a la calle y sálvese quien pueda. La comunidad LGBTI tienen la Actitud Y disposicion d reducir tanto "hijo de nadie". No es q Todos los LGBTI buscarán adoptar, no es q Sodoma y Gomorra se pretenda instaurar; ni siquiera los llamados hetero pueden garantizar ejemplos d pulcritud, honestidad y sanidad hasta mental para criar Y educar. X el momento q Córdoba se prepare para los Godofacho's company q deben estar comiéndose las uñas. Eso si, no he visto ninguno q proponga adoptar desde ya y salgan en gavilla a dar Hogar.
Mié, 2015-04-08 06:54
CALLO EN BUENAS MANOS ,EL DOCTOR CORDOBA TIENE QUE APROBAR LA IGUALDAD DE DERECHO DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES.
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Otros confidenciales recientes

Viernes, Febrero 19, 2016 - 12:29
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Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no tenía ni idea de que los jefes de las Farc harían proselitismo armado entre los ciudadanos, cada vez es más evidente que tuvieron a la mano varios indicios y no hicieron nada.

Ayer 18 de febrero, día de la sorpresiva jornada en la que cuatro comandantes de la guerrilla llegaron a Conejo (La Guajira) para hablar de paz rodeados de más de 300 hombres uniformados y armados, el local Diario del Norte publicó una amplia noticia titulada: ‘Evento por la paz reunirá delegaciones del Gobierno y las Farc en el corregimiento Conejo’.

El texto cita a uno de los organizadores del evento, quien detalla que la idea del mismo es que la población pueda interactuar con voceros del Gobierno y las Farc. Y, específicamente, el periódico informa que estará presente el guajiro alias Joaquín Gómez

Aunque a Conejo nunca llegaron voceros del Gobierno, como anunciaba la noticia, y la reunión en realidad fue sólo de las Farc, es curioso que la historia así sea con esa imprecisión no hubiese llamado la atención de nadie en el Gobierno.

El Diario de Norte es uno de los principales periódicos guajiros y, aunque no circula a nivel nacional, sí lo hace en Riohacha y por estos días el departamento está lleno de medios nacionales y de altos funcionarios gubernamentales que van y vienen a cada rato, atentos al doloroso drama de los wayuu. Por no ir lejos, para hoy viernes está anunciada la visita del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, entre otros.  

A eso hay que sumarle la versión del alcalde de Fonseca (municipio del que es corregimiento Conejo), Misael Velásquez, quien asegura que cuando empezaron los rumores del evento en la plaza central del poblado dio aviso en el Ministerio del Interior y en las comandancias de la Policía de La Guajira y del batallón mecanizado Rondón del Ejército.

En el Diario del Norte se enteraron de la inusual jornada vía los rumores que estaban encendidos hace varios días en Fonseca, en donde vive gente cercana al jefe de las Farc Joaquín Gómez.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 18:50
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Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 14:10
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La Procuraduría se le metió al rancho a la Contraloría y hoy inició una investigación contra altos exfuncionarios de ese ente de control por presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión a la hora de investigar presuntas irregularidades en varias entidades públicas del departamento.

La investigación de la Procuraduría a un ente de control regional, no tiene precedentes en el pasado reciente del departamento.

La Silla conoció que las denuncias fueron interpuestas por funcionarios que trabajan al interior de la misma Contraloría, quienes afirmaron que a cambio de archivar o no adelantar procesos de responsabilidad fiscal, personal que se desempeñaba en altos cargos de esa entidad habría recibido dinero.

Precisamente, desde las 9 de la mañana de hoy, los funcionarios de la Procuraduría están revisando documentos en la Contraloría relacionados con los procesos que se archivaron, las cuentas que se fenecieron (vencieron o se saldaron), así como las copias de las auditorías que se hicieron en 15 entidades públicas durante el periodo de Argemiro Castro Granados.

Las alcaldías de Girón, Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Indersantander, varios hospitales del departamento y la Corporación Panachi, también serán investigadas por esas denuncias.

 

Respecto a los funcionarios de la Contraloría vinculados en la investigación, entre los que se encuentra el excontralor Castro, La Silla conoció que la Procuraduría ordenó que se pidieran copias a la DIAN de las declaraciones de renta, al RUT de los registros de vehículos que están a nombre de ellos, así como a la oficina de Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que tienen registradas.

Al ser consultado por La Silla, Castro desestimó todas las acusaciones y señaló que es "absurdo" decir que eso pasó en su administración. También dijo que cuando en la Contraloría existían quejas de ese tipo los funcionarios eran separados de la auditoría.

"Tenemos todos los expedientes de memorandos que les fueron enviados a auditores cuando existían las denuncias y también pruebas de que abrimos procesos disciplinarios por esos hechos. Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, yo hacía seguimiento para que no prescribieran algo que era muy común antes", indicó.
 

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