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Sábado Noviembre 28, 2020

Hoy vencía el plazo para que la Corte Constitucional definiera el futuro de la adopción por parejas homosexuales, esta vez en una nueva demanda. Al igual que hace dos meses se eligió un conjuez, cuyo voto será decisivo, dado que el magistrado Mauricio González se declaró impedido y la votación de sus compañeros quedó 4-4. Y esta vez se trata de un ex magistrado cuyos antecedentes en la Corte lo alinean claramente con el bloque que votó por darle vía libre a esa adopción.

Se trata de Jaime Córdoba Triviño, ex Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte entre 2001 y 2009.

En ese paso por la Corte, Córdoba siempre defendió el avance de los derechos de los homosexuales y fue del bloque liberal mayoritario que votó sentencias como la C-075 de 2007, que fue la primera que reconoció que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos patrimoniales que las heterosexuales.

Córdoba había defendido esa posición desde antes. Por ejemplo, salvó el voto en la sentencia T-349 de 2006, que no le otorgó a un homosexual la pensión que había dejado su compañero permanente que había muerto.

En ese caso Córdoba mostró claramente que a su juicio las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales:

Grupos familiares que pueden integrarse de formas variadas, más ajustada a una realidad sociológica colombiana en donde muchos hogares se componen de una madre soltera con sus hijos, o de la abuela con algunos hijos y sus nietos, o el de una hermana(o) con su hermana(o), por mencionar sólo algunas dentro de las infinitas combinaciones posibles. Lo que resulta relevante es que el concepto de familia es, en todo caso, una forma de unión de las personas que no refleja lo que el concepto de grupos familiares sí consigue mostrar, una realidad de fuertes lazos de solidaridad mediados por la convivencia, ayuda y socorro y que se gestan por consanguinidad, por afinidad, por afiliación o por mero accidente de la vida.

Además, fue el ponente de la sentencia C-798 de 2008, en la que la Corte definió que entre dos homosexuales que fueran compañeros permanentes existe la obligación de pagarse alimentos (es decir, de ayudar a la subsistencia del otro), tal y como ocurren en los matrimonios y uniones de hecho de heterosexuales.

En esa sentencia Córdoba impulsó uno de los grandes argumentos que se ha debatido en la adopción por parejas homosexuales: el llamado déficit de protección. Según la Corte, éste existe se crea cuando la pareja heterosexual tiene más protección que la homosexual y, por lo tanto, debe ser corregido cuando se encuentra.

Por eso, una vez la Corte retome el asunto dentro de un par de semanas (ya que suspendió el término hasta que Córdoba estudie el expediente), lo más probable es que el bloque liberal tenga una mayoría de 5 a 4.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2015-04-09 13:09
Con este tema nunca se va a llegar a un acuerdo entre la sociedad... siempre va a estar polarizada la opinión.
Mié, 2015-04-08 10:12
Si un juez es reconocido por sus inclinaciones políticas entonces no puede ser juez.
Jue, 2015-04-09 08:09
Quienes están manifiestamente matriculados en una secta religiosa y ponen ostensiblemente sus creencias místicas por encima de la constitución laica, mucho más allá de una "inclinación" ideológica observable por un periodista ¿esos sí pueden ser jueces?
Mié, 2015-04-08 09:36
La población LGBTI asumo yo q no propiamente busca adoptar puntualmente como si lograr equiparar derechos. La adopción es uno d ellos Q d paso abre la oportunidad q los hijos dl estado-ICBF- tengan un hogar, índiferente d la combinación d grupo familiar q exista y q en Latinoamerica y en especial COLOMBIA es bastante surtido. Yo si espero q Córdoba defienda la oportunidad d Hogar q el estado NO ESTA EN CAPACIDAD d garantizar; después d los 18 años los tiran a la calle y sálvese quien pueda. La comunidad LGBTI tienen la Actitud Y disposicion d reducir tanto "hijo de nadie". No es q Todos los LGBTI buscarán adoptar, no es q Sodoma y Gomorra se pretenda instaurar; ni siquiera los llamados hetero pueden garantizar ejemplos d pulcritud, honestidad y sanidad hasta mental para criar Y educar. X el momento q Córdoba se prepare para los Godofacho's company q deben estar comiéndose las uñas. Eso si, no he visto ninguno q proponga adoptar desde ya y salgan en gavilla a dar Hogar.
Mié, 2015-04-08 06:54
CALLO EN BUENAS MANOS ,EL DOCTOR CORDOBA TIENE QUE APROBAR LA IGUALDAD DE DERECHO DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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