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Lunes Mayo 25, 2020

Hoy vencía el plazo para que la Corte Constitucional definiera el futuro de la adopción por parejas homosexuales, esta vez en una nueva demanda. Al igual que hace dos meses se eligió un conjuez, cuyo voto será decisivo, dado que el magistrado Mauricio González se declaró impedido y la votación de sus compañeros quedó 4-4. Y esta vez se trata de un ex magistrado cuyos antecedentes en la Corte lo alinean claramente con el bloque que votó por darle vía libre a esa adopción.

Se trata de Jaime Córdoba Triviño, ex Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte entre 2001 y 2009.

En ese paso por la Corte, Córdoba siempre defendió el avance de los derechos de los homosexuales y fue del bloque liberal mayoritario que votó sentencias como la C-075 de 2007, que fue la primera que reconoció que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos patrimoniales que las heterosexuales.

Córdoba había defendido esa posición desde antes. Por ejemplo, salvó el voto en la sentencia T-349 de 2006, que no le otorgó a un homosexual la pensión que había dejado su compañero permanente que había muerto.

En ese caso Córdoba mostró claramente que a su juicio las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales:

Grupos familiares que pueden integrarse de formas variadas, más ajustada a una realidad sociológica colombiana en donde muchos hogares se componen de una madre soltera con sus hijos, o de la abuela con algunos hijos y sus nietos, o el de una hermana(o) con su hermana(o), por mencionar sólo algunas dentro de las infinitas combinaciones posibles. Lo que resulta relevante es que el concepto de familia es, en todo caso, una forma de unión de las personas que no refleja lo que el concepto de grupos familiares sí consigue mostrar, una realidad de fuertes lazos de solidaridad mediados por la convivencia, ayuda y socorro y que se gestan por consanguinidad, por afinidad, por afiliación o por mero accidente de la vida.

Además, fue el ponente de la sentencia C-798 de 2008, en la que la Corte definió que entre dos homosexuales que fueran compañeros permanentes existe la obligación de pagarse alimentos (es decir, de ayudar a la subsistencia del otro), tal y como ocurren en los matrimonios y uniones de hecho de heterosexuales.

En esa sentencia Córdoba impulsó uno de los grandes argumentos que se ha debatido en la adopción por parejas homosexuales: el llamado déficit de protección. Según la Corte, éste existe se crea cuando la pareja heterosexual tiene más protección que la homosexual y, por lo tanto, debe ser corregido cuando se encuentra.

Por eso, una vez la Corte retome el asunto dentro de un par de semanas (ya que suspendió el término hasta que Córdoba estudie el expediente), lo más probable es que el bloque liberal tenga una mayoría de 5 a 4.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2015-04-09 13:09
Con este tema nunca se va a llegar a un acuerdo entre la sociedad... siempre va a estar polarizada la opinión.
Mié, 2015-04-08 10:12
Si un juez es reconocido por sus inclinaciones políticas entonces no puede ser juez.
Jue, 2015-04-09 08:09
Quienes están manifiestamente matriculados en una secta religiosa y ponen ostensiblemente sus creencias místicas por encima de la constitución laica, mucho más allá de una "inclinación" ideológica observable por un periodista ¿esos sí pueden ser jueces?
Mié, 2015-04-08 09:36
La población LGBTI asumo yo q no propiamente busca adoptar puntualmente como si lograr equiparar derechos. La adopción es uno d ellos Q d paso abre la oportunidad q los hijos dl estado-ICBF- tengan un hogar, índiferente d la combinación d grupo familiar q exista y q en Latinoamerica y en especial COLOMBIA es bastante surtido. Yo si espero q Córdoba defienda la oportunidad d Hogar q el estado NO ESTA EN CAPACIDAD d garantizar; después d los 18 años los tiran a la calle y sálvese quien pueda. La comunidad LGBTI tienen la Actitud Y disposicion d reducir tanto "hijo de nadie". No es q Todos los LGBTI buscarán adoptar, no es q Sodoma y Gomorra se pretenda instaurar; ni siquiera los llamados hetero pueden garantizar ejemplos d pulcritud, honestidad y sanidad hasta mental para criar Y educar. X el momento q Córdoba se prepare para los Godofacho's company q deben estar comiéndose las uñas. Eso si, no he visto ninguno q proponga adoptar desde ya y salgan en gavilla a dar Hogar.
Mié, 2015-04-08 06:54
CALLO EN BUENAS MANOS ,EL DOCTOR CORDOBA TIENE QUE APROBAR LA IGUALDAD DE DERECHO DE LAS PAREJAS HOMOSEXUALES.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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