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Jueves Agosto 05, 2021

La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.

El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.

El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.

Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una "injerencia indebida" por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.

La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.

Fallo Corte Constitucional sobre Cosigo y Yaigoje-Apaporis

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Mié, 2015-09-02 09:59
Muchas gracias por subir la sentencia. Sería bueno actualizar los títulos mineros que aún están vigentes en parques nacionales. También valdría la pena ver si COSIGO demandará al país ante el sistema de arbitraje internacional entre Estados e inversores. Les agradezco por su buen trabajo. Un saludo
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 18, 2016 - 13:22
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El viernes pasado, en el restaurante del hotel El Portón de Bogotá, se reunieron la representante uribista a la Cámara María Fernanda Cabal y el ex almirante Gabriel Arango Bacci con cinco de los seis concejales liberales de la ciudad. El encuentro se dio alrededor del abogado Gustavo Moreno, candidato a la Personería, y quien los invitó a todos. 

La idea empezar a discutir cómo podrían lograr que la bancada del Centro Democrático apoye a Moreno, quien tiene el firme apoyo del concejal liberal Jorge Durán Silva y, a juzgar por el quórum, el apoyo de sus colegas de bancada excepto María Victoria Vargas.

Moreno también es cercano al senador de Cambio Radical Germán Varón y tiene el apoyo de parte de esa bancada. Y tiene entrada entre algunos uribistas porque, como penalista, ha defendido a algunas de sus figuras como Arango Bacci y el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Ninguno de los seis concejales uribistas asistió, a pesar de que todos habían sido convocados. Algunos de esos concejales sintieron que la representante Cabal se está tomando la vocería del partido cuando ellos aún no han discutido internamente a quién van a apoyar a la Personería, pero la representante le dijo a La Silla que la decisión es tan importante que la tomará el partido, no de los concejales. "Si se molestaron qué pena pero fui invitada y soy representante por Bogotá", agregó. "No sabía que tenía que pedirles permiso". 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 19:17
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Pese a que los grandes pedazos de la torta de poder en la Gobernación de Santander ya fueron repartidos, aún hay varios cargos que se están llenando y que también están quedando en manos de los poderosos de la región.

La Silla hizo un barrido por los nombramientos, que aunque son de bajo perfil, representan una buena posición en el organigrama departamental y encontró que las esposas de un congresista y un excongresista entraron a ocupar cargos como asesoras de alto rango en la administración de Didier Tavera.

El primero de los nombres es el de María Margarita Gómez, esposa del senador Jaime Durán Barrera, quien entró como asesora del despacho del Gobernador.

Gómez de Durán, tradicionalmente ha ocupado cargos en el sector público en el departamento, apadrinada por su esposo.

Tres fuentes le dijeron a La Silla, que la llegada de la esposa del Senador a un cargo de alto rango en la Gobernación  se traduce en la compensación que Tavera le está haciendo al congresista, quien en la repartija burocrática fue uno de los menos favorecidos.  

Por otro lado, la esposa del exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez Villamizar, Martha Jiménez de Gómez, también recibió un cargo como asesora.

Aunque el nombramiento no se ha hecho efectivo, La Silla corroboró que la esposa de Gómez lleva varias semanas trabajando junto a Priscila Santos, la gestora social del departamento y esposa de Tavera.

Jiménez de Gómez, viene de ser la Alta Consejera en Política Social de la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga. 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 17:35
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Desde que llegó a la dirección nacional del ICBF, Cristina Plazas ha dicho que su misión es acabar con la corrupción en esa entidad. Y una de sus primeras acciones fue cambiar el modelo de contratación para evitar que las fundaciones y asociaciones relacionadas con los políticos en las regiones siguieran como operadores de los hogares infantiles. Por eso, desde enero pasado hay expectativa por conocer los nombres de las organizaciones con las que el ICBF contrató para este 2016. Sin embargo, todavía no están disponibles todos los contratos en el Portal Único de Contratación, pese a que por ley ya deberían estar publicados.

Según la Ley de Contratación Estatal, las entidades públicas tienen tres días, una vez suscritos los contratos, para subir esa información al sitio web contratos.gov.co. Esto, como parte del principio de transparencia de las instituciones para brindarle confianza al ciudadano sobre el uso de los dineros públicos.

Hace dos semanas, el ICBF le dijo a La Silla que la contratación de los operadores en la región Caribe ya iba en un 95% y que para la primera semana de febrero ya quedaba lista. Por eso, La Silla le pidió a la Dirección Nacional del ICBF, en Bogotá, detalles sobre los nuevos operadores. Allí nos respondieron que la información no está todavía centralizada, pero que está disponible en el Portal de Contratación, ya que es responsabilidad de cada dirección regional subirla a la web.

Esta tarde, al buscar en cada departamento del Caribe, encontramos que Magdalena, Cesar y Bolívar no han subido todavía la información sobre los contratos de atención para primera infancia; Atlántico solo tiene en línea dos contratos; Córdoba, 19; San Andrés, 20. Mientras que La Guajira y Sucre son los que más información tienen en línea: la primera regional tiene 70 contratos y Sucre 220.

La expectativa por conocer detalles de todos los operadores aumenta porque en muchas regiones comienza a rumorarse que varias de las fundaciones seleccionadas son igual de políticas que las que venían operando hasta el año pasado. Pero, la única forma de saberlo es teniendo acceso a toda la información.

Como contó La Caribe, con el cambio de contratación los niños han sido los damnificados porque, a diferencia de otros años, recién están comenzando a recibir atención en varios departamentos del Caribe. Lo usual es que para el primero de febrero los hogares infantiles ya estén abiertos porque la contratación de los operadores queda definida en enero.

El calendario se alteró porque el ICBF habilitó un banco de oferentes para que las instituciones interesadas se sometieran a un proceso de evaluación. De cuatro mil postulantes, solo quedaron 2.200 elegibles, de los que salen los nombres de los nuevos operadores.

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