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Lunes Septiembre 20, 2021

La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.

El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.

El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.

Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una "injerencia indebida" por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.

La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.

Fallo Corte Constitucional sobre Cosigo y Yaigoje-Apaporis

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Mié, 2015-09-02 09:59
Muchas gracias por subir la sentencia. Sería bueno actualizar los títulos mineros que aún están vigentes en parques nacionales. También valdría la pena ver si COSIGO demandará al país ante el sistema de arbitraje internacional entre Estados e inversores. Les agradezco por su buen trabajo. Un saludo
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 24, 2016 - 00:23
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En medio de versiones confusas, el hoy director de Gestión Riesgo de Santander y copresidente del Centro Democrático en el departamento, Ramón Ramírez, ha salido a defender la nota de Caracol Noticias en la que lo señalan de recibir más de $60 millones como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Alfredo Ramos sin trabajar en ella. 

Primero dijo que durante todo el año pasado sí había continuado haciendo las labores por las que le pagaron legalmente desde agosto de 2014 (luego de su fallida candidatura a la Cámara) a enero de 2015 (fecha en la que le pidireron la renuncia, según las declaraciones del mismo senador Ramos, por malo); luego dijo que estaba trabajando para todo el Centro Democrático y no solo para el senador Ramos y completó diciendo que despachaba desde Santander. 

Ramírez  fue elegido en mayo de 2015, en la víspera del arranque de la campaña electoral de ese año, como copresidente del Centro Democrático, y pese a que al menos en el papel era funcionario público, participó activamente de todas las campañas a las que se sumó ese partido, incluida la de Didier Tavera, quien como contraprestación lo nombró en el cargo que hoy tiene.

Sin embargo, Ramírez, por estar cobrando salario en el Congreso como UTL, no podía hacer campaña política. Es decir, además de responder por haberse quedado con un salario que presuntamente no debía, (en eso coinciden desde el Senador, hasta la Oficina de Control Interno del Congreso que remitió la investigación a la Contraloría), la Procuraduría también podría entrar a mirarlo por participar en política y al mismo tiempo ser funcionario en el Congreso.

Sobre eso Ramírez también cambió la versión, y pese a que en toda la campaña el año pasado le dio declaraciones a medios en Santander, entre esos a La Silla, como copresidente del Centro Democrático, ahora dice que no hizo política; y las fotos en diferentes campañas se las atribuye a reuniones privadas.

En conversación con La Silla sobre su participación en política, se defendió preguntando si había dado algún discurso. Este medio encontró que sí lo hizo en un acto de adhesión de la campaña de Iván Aguilar (el entonces candidato del uribismo que fue sacado de la contienda por la Gobernación tras un fallo del CNE) a la de Didier Tavera.

Este es el primero de los nombramientos de Tavera que empieza a tambalear por presuntas irregularidades; falta ver si lo mantiene o si lo retira mientras los entes de control lo investigan. 

Ramón Ramírez (tercero de derecha a izquierda) durante la adhesión de una facción del Centro Democrático a la campaña liberal de Carlos Ibáñez por la Alcaldía de Bucaramanga. Foto tomada de redes sociales. 
Ramón Ramírez junto a candidatos al Concejo de Floridablanca en el cierre de campaña de Héctor Mantilla, en Floridablanca. Foto tomada de redes sociales.
Ramón Ramírez (primero de izquierda a derecha) junto a otros miembros de Centro Democrático en Santander y Danny Ramírez, alcalde de Piedecuesta. Foto tomada de redes sociales. 

 

Conversación de La Silla con Ramón Ramírez a través de whatsapp. 
Martes, Febrero 23, 2016 - 13:04
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Ayer, luego de varias reuniones, el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, terminó de ultimar detalles con el general Rafael Colón, de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), y llegaron a los 20 municipios de la primera fase de desminado para este año. La Silla conoció cuales son. Aquí está la lista.

Martes, Febrero 23, 2016 - 10:58
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Desde el 25 de enero, cuando la Corte Constitucional le reactivó una orden de captura por sus vínculos con los paramilitares, al médico zenú Pedro ‘el Indio’ Pestana no le han faltado las manifestaciones de apoyo entre los miembros de esa etnia indígena, en Córdoba y Sucre, donde los últimos 15 años ha construido su fortín político. Este fin de semana, los militantes de su grupo aprovecharon las corralejas que se celebraron en el municipio sucreño de San Antonio de Palmito, que hace parte del área de influencia del ‘Indio’, para expresarle su respaldo público.

En esa población del Golfo de Morrosquillo, algunos habitantes visten desde la semana pasada camisetas con el mensaje “De corazón soy pestanista y martinista”, en honor a Pestana y a su socio político Antonio Martínez Hernández, también indígena y requerido por la justicia por nexos con los paramilitares.

Ese apoyo “de corazón” se trasladó a las corralejas, que terminaron ayer. Allí los pestanistas y martinistas salieron al ruedo con pancartas en honor a los dos políticos prófugos, como lo muestran estas fotografías.

 

A Pestana y a su socio Martínez, el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión en 2009 porque en 2006 acordaron con el ex jefe paramilitar alias Don Antonio trabajar desde la etnia zenú a favor de las autodefensas. Pero, no han estado ni un solo día en prisión porque argumentaron haber pagado su condena en una cárcel indígena, en San Andrés de Sotavento. Ese argumento la Corte Constitucional lo dejó sin validez en enero pasado y de inmediato les ordenó a las autoridades la captura de ambos y su traslado a una cárcel ordinaria.

Como contó La Caribe, Pedro Pestana es un súper poder en Córdoba y Sucre porque ha consolidado una engrasada maquinaria electoral en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín, Momil, Sampués y San Antonio de Palmito, gracias a la IPS Manexka, que fundó en 1998. Esa entidad le presta servicios de salud a unos 250 mil indígenas, quienes elección tras elección se convierten en potenciales votos para los candidatos respaldados por Pestana.

Pestana tiene hoy una curul en el Senado y otra en la Asamblea de Sucre, a través de sus hermanas Yamina y Ana, respectivamente; participación en el gabinete del gobernador de Sucre Edgar Martínez con la secretaria administrativa Acela Calderín, un diputado en Córdoba y la Alcaldía de Tuchín.

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