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Jueves Julio 29, 2021

La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.

El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.

El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.

Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.

Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una "injerencia indebida" por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.

La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.

Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.

Fallo Corte Constitucional sobre Cosigo y Yaigoje-Apaporis

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Mié, 2015-09-02 09:59
Muchas gracias por subir la sentencia. Sería bueno actualizar los títulos mineros que aún están vigentes en parques nacionales. También valdría la pena ver si COSIGO demandará al país ante el sistema de arbitraje internacional entre Estados e inversores. Les agradezco por su buen trabajo. Un saludo
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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