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Lunes Marzo 01, 2021

Uno de los elementos más bienvenidos de la política de transparencia ha sido la publicación de las hojas de vida de los funcionarios de libre nombramiento y remoción antes de que se posesionen. Sin embargo,  para la Corte Suprema esa medida sería inconstitucional.

Resulta que La Silla Vacía le envió a la Corte un derecho de petición pidiéndole varios datos de sus magistrados, incluyendo sus hojas de vida. La Secretaria General de la Corte respondió anoche, envió varios datos como sus nombres, tarjetas profesionales y fechas de posesión, pero negó el envío de las hojas de vida, argumentando que éstas contienen datos sensibles protegidos por el derecho al habeas data.

Lo curioso es que en la página web de la Presidencia hay una parte dedicada a hacer públicas las hojas de vida (y que pueden ver en la página de aspirantes de Presidencia) de los funcionarios de la rama ejecutiva. Cuando esas hojas de vida incluyen algunos datos sensibles (como el teléfono o la dirección de la persona), los ocultan antes de hacerla pública.

Carta by lasillavacia

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Mié, 2013-11-27 10:44
Sencillo y elemental....es un tema delicado por que quienes hacen parte de ésta muy probablemente no solo no cumplan completamente el perfil, no solo académico y muy probablemente que los soportes presentados no obedezcan realmente a la información que soportan...es una medida inteligente en época electoral donde se pagan favores políticos a través de cargos asistenciales, especialistas, entre otros...es de aclarar que esta práctica ha sido muy común en todos nuestros gobiernos anteriores donde lo único que ha privado es este tipo de moneda corriente denominada puesto de trabajo, no solo hacen lo que se les pide, sino también se les cobra por hacerlo, genial...
Vie, 2013-11-08 19:13
El conocimiento por parte de la ciudadanía de la hoja de vida de sus servidores estatales debe ser de conocimiento público en una democracia, incluso sus tesis de grado profesional, porque son un importante insumo para conocer su pensamiento y saber en quien vamos a depositar nuestra confianza.
Vie, 2013-11-08 17:59
Aquí debo disentir, la respuesta de la Corte niega entregar las historias laborales, que es distinto del formato de hoja de vida de la Función Pública que debe llenar todo servidor público para posesionarse en un cargo o los contratistas, a las que alude en este artículo LSV. Por tanto es necesario precisar que fue lo solicitado, porque del texto de la respuesta, creo está bien denegado. Y si LSV requiere conocer la historia laboral de los magistrados, con los cargos desempeñados y los estudios realizados con sus fechas, de ello no habría dificultad pues se debe acreditar para satisfacer requisitos.
Sáb, 2013-11-09 10:33
Hola Marleny: En la página de la presidencia efectivamente muchas veces está el formato de función pública pero en otras está una hoja de vida completa, hecha por el mismo aspirante. Así que no se puede generalizar. Aunque en ese caso sea porque así lo quiso el aspirante, lo mismo podría haber ocurrido en este caso: que cada magistrado definiera. En cuanto a lo segundo, precisamente la das más fuerza a la petición: la historia laboral no contiene datos sensibles protegidos por el habeas data y más cuando conocerla es necesaria para saber si un funcionario público cumple con los requisitos para el cargo. Con la motivación de interés público de hacer veeduría a esos requisitos debería ser suficiente para hacerla pública.
Vie, 2013-11-08 17:07
Supremo esguince de la Suprema. ¿Esas hojas de vida esconderán algunas vergüenzas? Hummm ... queda la sospecha. Está bien; la secretaria no puede exponerse a publicar información que puede ser reservada y ser castigada después. El trámite que seguiría sería pedirle la HV a cada supremo. Y si tampoco, entonces ... escarbar en Google.
Sáb, 2013-11-09 10:12
Es que hay días en que somos tan paranoicos, tan paranoicos; tan desconfiados, suspicaces y maliciosos, que cualquier gesto sirve para alimentar un prejuicio. Ya entregarán la información, una vez le satisfagan el apetito de leyes, artículos e incisos al burócrata de turno. Un asunto de trámite. Y comparto la frase sarcástica de su comentario; también desconfío visceralmente de toda institución o persona que se haga llamar "... Supremo ...", "... Superior ...", "Honorable ...", "Excelentísimo señor ..."; a menos que estén dispuestos a demostrar que se merecen el calificativo, por ejemplo con ... ¿su hoja de vida? (completa y sin tachones).
Vie, 2013-11-08 16:35
El calificativo de "menos transparente que presidencia" es un premio en si. Yo diría que entre ambas instituciones compiten por el trono de cual de las dos mas desprestigiada, corrupta y llena de personas que no cumplen con los niveles mínimos exigidos para estar allí. Creo que con el título fueron generosos.
Vie, 2013-11-08 15:57
<h5>VOTO DE CONFIANZA A LSV,PORFA NO SE OLVIDEN.</h5<
Vie, 2013-11-08 15:30
DOS PRESIDENCIAS: Esto si es la tapa de la olla, precisamente q las altas cortes entren en este capítulo deja mucho más q desear. Lo máximo q podría hacer es esconder los datos sensible de la ubicación, entendible aceptable y hasta exigible. Todo funcionario q labore en el estado público o privado, está en la obligación de demostrar q: a-tiene las capacidades teórico-prácticas-técnicas acorde al cargo q desempeñara. b-tiene quienes lo respalden, las famosas referencia familiares personales c-q tiene la experiencia. Pero ante todo q demuestren académica y moralmente son aptos para manifestarse imparciales en la toma de decisiones. El empleador natural de todos estos amañados funcionarios del estado somos todos los colombianos, y si al barrendero de la calle o limpia sanitarios le pedimos esta vida y la otra para terminar ganándose un mínimo a lo mucho, con más razón a estos ilustrísimos señores q dicen estar arropados con las más altas dignidades q el estado provee,..
Vie, 2013-11-08 15:30
...y que tiene unos sueldos exageradamente por encima del promedio básico en un país donde las diferencias sociales son tan extremas. Sabemos que esconden?, Si pasaron mínimo en alguna etapa de sus vidas por un sicólogo?, esto debería extenderse desde los concejos, las alcaldías gobernación etc., pasando por el congreso y así sucesivamente hasta llegar al mismísimo presidente de la república. Por qué ocurrió aquello del senador-cura-hermano &Cia, violadores y muy frescamente disfrutando del título de nobleza de honorables?. Sabemos que tanto esconden además de las marrullas propias del cargo?. Caras vemos corazones no sabemos. El estado está en la obligación de someter a cualquier funcionario a exámenes que vayan más allá del simple conocimiento teórico practico, o lo que es peor de la influencia del lagarto de turno que los respalde. Conclusión: hay 2 presidencias, la de Juanma y la de las altas cortes.
Vie, 2013-11-08 14:41
Señores magistrados, quien nada debe nada teme. Exceptuando datos privados como dirección de residencia y teléfonos de uso personal, cuentas bancarias, deben permanecer lejos del dominio público; lo demàs debe ser conocido por la ciudadanía.
Vie, 2013-11-08 14:38
El link está mal, entra sin www
Vie, 2013-11-08 15:40
Gracias, Koven, ya lo corregimos.
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Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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