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Lunes Marzo 01, 2021

Uno de los elementos más bienvenidos de la política de transparencia ha sido la publicación de las hojas de vida de los funcionarios de libre nombramiento y remoción antes de que se posesionen. Sin embargo,  para la Corte Suprema esa medida sería inconstitucional.

Resulta que La Silla Vacía le envió a la Corte un derecho de petición pidiéndole varios datos de sus magistrados, incluyendo sus hojas de vida. La Secretaria General de la Corte respondió anoche, envió varios datos como sus nombres, tarjetas profesionales y fechas de posesión, pero negó el envío de las hojas de vida, argumentando que éstas contienen datos sensibles protegidos por el derecho al habeas data.

Lo curioso es que en la página web de la Presidencia hay una parte dedicada a hacer públicas las hojas de vida (y que pueden ver en la página de aspirantes de Presidencia) de los funcionarios de la rama ejecutiva. Cuando esas hojas de vida incluyen algunos datos sensibles (como el teléfono o la dirección de la persona), los ocultan antes de hacerla pública.

Carta by lasillavacia

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Mié, 2013-11-27 10:44
Sencillo y elemental....es un tema delicado por que quienes hacen parte de ésta muy probablemente no solo no cumplan completamente el perfil, no solo académico y muy probablemente que los soportes presentados no obedezcan realmente a la información que soportan...es una medida inteligente en época electoral donde se pagan favores políticos a través de cargos asistenciales, especialistas, entre otros...es de aclarar que esta práctica ha sido muy común en todos nuestros gobiernos anteriores donde lo único que ha privado es este tipo de moneda corriente denominada puesto de trabajo, no solo hacen lo que se les pide, sino también se les cobra por hacerlo, genial...
Vie, 2013-11-08 19:13
El conocimiento por parte de la ciudadanía de la hoja de vida de sus servidores estatales debe ser de conocimiento público en una democracia, incluso sus tesis de grado profesional, porque son un importante insumo para conocer su pensamiento y saber en quien vamos a depositar nuestra confianza.
Vie, 2013-11-08 17:59
Aquí debo disentir, la respuesta de la Corte niega entregar las historias laborales, que es distinto del formato de hoja de vida de la Función Pública que debe llenar todo servidor público para posesionarse en un cargo o los contratistas, a las que alude en este artículo LSV. Por tanto es necesario precisar que fue lo solicitado, porque del texto de la respuesta, creo está bien denegado. Y si LSV requiere conocer la historia laboral de los magistrados, con los cargos desempeñados y los estudios realizados con sus fechas, de ello no habría dificultad pues se debe acreditar para satisfacer requisitos.
Sáb, 2013-11-09 10:33
Hola Marleny: En la página de la presidencia efectivamente muchas veces está el formato de función pública pero en otras está una hoja de vida completa, hecha por el mismo aspirante. Así que no se puede generalizar. Aunque en ese caso sea porque así lo quiso el aspirante, lo mismo podría haber ocurrido en este caso: que cada magistrado definiera. En cuanto a lo segundo, precisamente la das más fuerza a la petición: la historia laboral no contiene datos sensibles protegidos por el habeas data y más cuando conocerla es necesaria para saber si un funcionario público cumple con los requisitos para el cargo. Con la motivación de interés público de hacer veeduría a esos requisitos debería ser suficiente para hacerla pública.
Vie, 2013-11-08 17:07
Supremo esguince de la Suprema. ¿Esas hojas de vida esconderán algunas vergüenzas? Hummm ... queda la sospecha. Está bien; la secretaria no puede exponerse a publicar información que puede ser reservada y ser castigada después. El trámite que seguiría sería pedirle la HV a cada supremo. Y si tampoco, entonces ... escarbar en Google.
Sáb, 2013-11-09 10:12
Es que hay días en que somos tan paranoicos, tan paranoicos; tan desconfiados, suspicaces y maliciosos, que cualquier gesto sirve para alimentar un prejuicio. Ya entregarán la información, una vez le satisfagan el apetito de leyes, artículos e incisos al burócrata de turno. Un asunto de trámite. Y comparto la frase sarcástica de su comentario; también desconfío visceralmente de toda institución o persona que se haga llamar "... Supremo ...", "... Superior ...", "Honorable ...", "Excelentísimo señor ..."; a menos que estén dispuestos a demostrar que se merecen el calificativo, por ejemplo con ... ¿su hoja de vida? (completa y sin tachones).
Vie, 2013-11-08 16:35
El calificativo de "menos transparente que presidencia" es un premio en si. Yo diría que entre ambas instituciones compiten por el trono de cual de las dos mas desprestigiada, corrupta y llena de personas que no cumplen con los niveles mínimos exigidos para estar allí. Creo que con el título fueron generosos.
Vie, 2013-11-08 15:57
<h5>VOTO DE CONFIANZA A LSV,PORFA NO SE OLVIDEN.</h5<
Vie, 2013-11-08 15:30
DOS PRESIDENCIAS: Esto si es la tapa de la olla, precisamente q las altas cortes entren en este capítulo deja mucho más q desear. Lo máximo q podría hacer es esconder los datos sensible de la ubicación, entendible aceptable y hasta exigible. Todo funcionario q labore en el estado público o privado, está en la obligación de demostrar q: a-tiene las capacidades teórico-prácticas-técnicas acorde al cargo q desempeñara. b-tiene quienes lo respalden, las famosas referencia familiares personales c-q tiene la experiencia. Pero ante todo q demuestren académica y moralmente son aptos para manifestarse imparciales en la toma de decisiones. El empleador natural de todos estos amañados funcionarios del estado somos todos los colombianos, y si al barrendero de la calle o limpia sanitarios le pedimos esta vida y la otra para terminar ganándose un mínimo a lo mucho, con más razón a estos ilustrísimos señores q dicen estar arropados con las más altas dignidades q el estado provee,..
Vie, 2013-11-08 15:30
...y que tiene unos sueldos exageradamente por encima del promedio básico en un país donde las diferencias sociales son tan extremas. Sabemos que esconden?, Si pasaron mínimo en alguna etapa de sus vidas por un sicólogo?, esto debería extenderse desde los concejos, las alcaldías gobernación etc., pasando por el congreso y así sucesivamente hasta llegar al mismísimo presidente de la república. Por qué ocurrió aquello del senador-cura-hermano &Cia, violadores y muy frescamente disfrutando del título de nobleza de honorables?. Sabemos que tanto esconden además de las marrullas propias del cargo?. Caras vemos corazones no sabemos. El estado está en la obligación de someter a cualquier funcionario a exámenes que vayan más allá del simple conocimiento teórico practico, o lo que es peor de la influencia del lagarto de turno que los respalde. Conclusión: hay 2 presidencias, la de Juanma y la de las altas cortes.
Vie, 2013-11-08 14:41
Señores magistrados, quien nada debe nada teme. Exceptuando datos privados como dirección de residencia y teléfonos de uso personal, cuentas bancarias, deben permanecer lejos del dominio público; lo demàs debe ser conocido por la ciudadanía.
Vie, 2013-11-08 14:38
El link está mal, entra sin www
Vie, 2013-11-08 15:40
Gracias, Koven, ya lo corregimos.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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