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Lunes Marzo 01, 2021

Uno de los elementos más bienvenidos de la política de transparencia ha sido la publicación de las hojas de vida de los funcionarios de libre nombramiento y remoción antes de que se posesionen. Sin embargo,  para la Corte Suprema esa medida sería inconstitucional.

Resulta que La Silla Vacía le envió a la Corte un derecho de petición pidiéndole varios datos de sus magistrados, incluyendo sus hojas de vida. La Secretaria General de la Corte respondió anoche, envió varios datos como sus nombres, tarjetas profesionales y fechas de posesión, pero negó el envío de las hojas de vida, argumentando que éstas contienen datos sensibles protegidos por el derecho al habeas data.

Lo curioso es que en la página web de la Presidencia hay una parte dedicada a hacer públicas las hojas de vida (y que pueden ver en la página de aspirantes de Presidencia) de los funcionarios de la rama ejecutiva. Cuando esas hojas de vida incluyen algunos datos sensibles (como el teléfono o la dirección de la persona), los ocultan antes de hacerla pública.

Carta by lasillavacia

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Mié, 2013-11-27 10:44
Sencillo y elemental....es un tema delicado por que quienes hacen parte de ésta muy probablemente no solo no cumplan completamente el perfil, no solo académico y muy probablemente que los soportes presentados no obedezcan realmente a la información que soportan...es una medida inteligente en época electoral donde se pagan favores políticos a través de cargos asistenciales, especialistas, entre otros...es de aclarar que esta práctica ha sido muy común en todos nuestros gobiernos anteriores donde lo único que ha privado es este tipo de moneda corriente denominada puesto de trabajo, no solo hacen lo que se les pide, sino también se les cobra por hacerlo, genial...
Vie, 2013-11-08 19:13
El conocimiento por parte de la ciudadanía de la hoja de vida de sus servidores estatales debe ser de conocimiento público en una democracia, incluso sus tesis de grado profesional, porque son un importante insumo para conocer su pensamiento y saber en quien vamos a depositar nuestra confianza.
Vie, 2013-11-08 17:59
Aquí debo disentir, la respuesta de la Corte niega entregar las historias laborales, que es distinto del formato de hoja de vida de la Función Pública que debe llenar todo servidor público para posesionarse en un cargo o los contratistas, a las que alude en este artículo LSV. Por tanto es necesario precisar que fue lo solicitado, porque del texto de la respuesta, creo está bien denegado. Y si LSV requiere conocer la historia laboral de los magistrados, con los cargos desempeñados y los estudios realizados con sus fechas, de ello no habría dificultad pues se debe acreditar para satisfacer requisitos.
Sáb, 2013-11-09 10:33
Hola Marleny: En la página de la presidencia efectivamente muchas veces está el formato de función pública pero en otras está una hoja de vida completa, hecha por el mismo aspirante. Así que no se puede generalizar. Aunque en ese caso sea porque así lo quiso el aspirante, lo mismo podría haber ocurrido en este caso: que cada magistrado definiera. En cuanto a lo segundo, precisamente la das más fuerza a la petición: la historia laboral no contiene datos sensibles protegidos por el habeas data y más cuando conocerla es necesaria para saber si un funcionario público cumple con los requisitos para el cargo. Con la motivación de interés público de hacer veeduría a esos requisitos debería ser suficiente para hacerla pública.
Vie, 2013-11-08 17:07
Supremo esguince de la Suprema. ¿Esas hojas de vida esconderán algunas vergüenzas? Hummm ... queda la sospecha. Está bien; la secretaria no puede exponerse a publicar información que puede ser reservada y ser castigada después. El trámite que seguiría sería pedirle la HV a cada supremo. Y si tampoco, entonces ... escarbar en Google.
Sáb, 2013-11-09 10:12
Es que hay días en que somos tan paranoicos, tan paranoicos; tan desconfiados, suspicaces y maliciosos, que cualquier gesto sirve para alimentar un prejuicio. Ya entregarán la información, una vez le satisfagan el apetito de leyes, artículos e incisos al burócrata de turno. Un asunto de trámite. Y comparto la frase sarcástica de su comentario; también desconfío visceralmente de toda institución o persona que se haga llamar "... Supremo ...", "... Superior ...", "Honorable ...", "Excelentísimo señor ..."; a menos que estén dispuestos a demostrar que se merecen el calificativo, por ejemplo con ... ¿su hoja de vida? (completa y sin tachones).
Vie, 2013-11-08 16:35
El calificativo de "menos transparente que presidencia" es un premio en si. Yo diría que entre ambas instituciones compiten por el trono de cual de las dos mas desprestigiada, corrupta y llena de personas que no cumplen con los niveles mínimos exigidos para estar allí. Creo que con el título fueron generosos.
Vie, 2013-11-08 15:57
<h5>VOTO DE CONFIANZA A LSV,PORFA NO SE OLVIDEN.</h5<
Vie, 2013-11-08 15:30
DOS PRESIDENCIAS: Esto si es la tapa de la olla, precisamente q las altas cortes entren en este capítulo deja mucho más q desear. Lo máximo q podría hacer es esconder los datos sensible de la ubicación, entendible aceptable y hasta exigible. Todo funcionario q labore en el estado público o privado, está en la obligación de demostrar q: a-tiene las capacidades teórico-prácticas-técnicas acorde al cargo q desempeñara. b-tiene quienes lo respalden, las famosas referencia familiares personales c-q tiene la experiencia. Pero ante todo q demuestren académica y moralmente son aptos para manifestarse imparciales en la toma de decisiones. El empleador natural de todos estos amañados funcionarios del estado somos todos los colombianos, y si al barrendero de la calle o limpia sanitarios le pedimos esta vida y la otra para terminar ganándose un mínimo a lo mucho, con más razón a estos ilustrísimos señores q dicen estar arropados con las más altas dignidades q el estado provee,..
Vie, 2013-11-08 15:30
...y que tiene unos sueldos exageradamente por encima del promedio básico en un país donde las diferencias sociales son tan extremas. Sabemos que esconden?, Si pasaron mínimo en alguna etapa de sus vidas por un sicólogo?, esto debería extenderse desde los concejos, las alcaldías gobernación etc., pasando por el congreso y así sucesivamente hasta llegar al mismísimo presidente de la república. Por qué ocurrió aquello del senador-cura-hermano &Cia, violadores y muy frescamente disfrutando del título de nobleza de honorables?. Sabemos que tanto esconden además de las marrullas propias del cargo?. Caras vemos corazones no sabemos. El estado está en la obligación de someter a cualquier funcionario a exámenes que vayan más allá del simple conocimiento teórico practico, o lo que es peor de la influencia del lagarto de turno que los respalde. Conclusión: hay 2 presidencias, la de Juanma y la de las altas cortes.
Vie, 2013-11-08 14:41
Señores magistrados, quien nada debe nada teme. Exceptuando datos privados como dirección de residencia y teléfonos de uso personal, cuentas bancarias, deben permanecer lejos del dominio público; lo demàs debe ser conocido por la ciudadanía.
Vie, 2013-11-08 14:38
El link está mal, entra sin www
Vie, 2013-11-08 15:40
Gracias, Koven, ya lo corregimos.
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Martes, Marzo 1, 2016 - 11:02
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Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

Viernes, Febrero 26, 2016 - 15:17
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Otro liberal terminó enredado en el escándalo del ‘carrusel’ de contratación en el Instituto Municipal de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú.

A cinco días de que Augusto Rueda González, quien llegó a la Personería impulsado por los liberales en 2012, entregue su cargo como personero de Bucaramanga,  la Procuraduría Regional de Santander le abrió un proceso verbal por su presunta participación en el escándalo de contratación que vincula a fundaciones que jamás ejecutaron recursos destinados a población vulnerable.

La Silla conoció copia de la citación que le fue hecha al funcionario y en ella se señala que el ente de control entrará a investigarlo por participar como enlace entre el Imebú y una de las fundaciones contratistas, cuyo representante legal ya fue condenado por la ejecución irregular de recursos.

La participación de Rueda González en la controvertida contratación, se remite a que habría sido intermediario entre un exasesor de su despacho (Joel Molina) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Fundecom, de la que es cofundadora la mamá de uno de sus hijos.  

Según los relatos del entonces asesor de Rueda, y de varios de los testigos que fueron citados a entregar su versión, fue el Personero quien recomendó el nombre de esa fundación para que se pudiera ejecutar un contrato por $45 millones con el fin de realizar talleres de emprendimiento a población vulnerable de Bucaramanga, objeto que no se cumplió.

A Rueda González también lo investigarán por no hacer las denuncias por el enredo de ese contrato y omitir la apertura de la investigación en el ente de control que él mismo dirige.

Precisamente, según los testigos, el saliente Personero conocía de las irregularidades en la ejecución del contrato y le prestó plata a su entonces asesor (se la descontó posteriormente de los honorarios que recibía en la Personería), para que este último la devolviera, debido a las investigaciones que se adelantaban. 

La versión de Rueda se ha mantenido en que él no hizo nada irregular, y aunque ha reconocido que fue intermediario tanto en el contrato como en la recuperación del dinero que se comprometió, ha señalado que el problema es de su exasesor debido a que él fue el que no ejecutó bien el contrato.

Al caso de Rueda, se suma el del exdirector de ese instituto Cristian Rueda, quien es cuñado de la concejala roja Nancy Lora, y quien está privado de la libertad por las investigaciones en su contra por ese 'carrusel'. Por su parte, Leonardo Vásquez, integrante del directorio Liberal en Santander, es el defensor de varios de los salpicados en el escándalo.

Jueves, Febrero 25, 2016 - 15:16
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El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes como el nuevo director en propiedad del ICBF de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar en Riohacha.

Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.

A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.

Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.

La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como director encargado de la regional Magdalena.

Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.

La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas, como publicó el portal Las Dos Orillas.

La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.

Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.

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