Hoy Francisco Cruz, el Secretario de ambiente de Peñalosa, volvió a ser noticia en Caldas. En un mismo día se supo que se declaró nula la investigación fiscal contra él por el descalabro del Aeropuerto del Café, lo que, al menos por ahora, le quita de encima la principal sombra que tenía. Pero también que la Fiscalía lo acusó formalmente por peculado y celebración indebida de un contrato cuando era director de Corpocaldas, lo que le pone encima una nueva.
La buena noticia para él es que, como contó La Patria hoy, el pasado 22 de enero la Contraloría anuló cinco años de una investigación en la que ya estaban imputadas 21 personas por responsabilidad fiscal, incluido Cruz. La razón que expone la Contraloría es que en el momento en el que se abrió el proceso, el contrato que se estaba investigando aún no había terminado y por esta razón, "no podía hablarse de incumplimiento contractual ni de detrimento para predicar la existencia de daño patrimonial".
En principio esto no implica el archivo del proceso sino que si se abre una nueva investigación ésta tendría que arrancar de cero.
El mismo diario dijo que "en los próximos días se liberaría el informe de una auditoría en el que se recogen hallazgos que alcanzarían una suma cercana a los $90 mil millones", es decir, una suma mucho más alta de la que se estaba investigando hasta ahora. Esa información la corroboró La Silla con otra fuente de la Contraloría.
En todo caso, por ahora, Cruz queda desvinculado de esta investigación.
Pero la mala noticia para el Secretario de Peñalosa es que la Fiscalía Quinta Seccional lo acusó formalmente (junto a otros dos ex funcionarios de Corpocaldas) por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos cuando cuando él era director de la autoridad ambiental del departamento.
Se trata de un convenio que firmó Corpocaldas, según supo La Silla, con la fundación Cendhus cuyo representante legal era Víctor Segundo Mejía, un líder de negritudes del municipio de Supía. El proyecto por unos 17 millones de pesos era para realizar capacitaciones en el desarrollo de actividades productivas sostenibles en cultivos de caña panelera en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada y que incluía además trabajos de protección de microcuencas.
El proceso fue cuestionado porque parte de la plata del convenio se gastó en unas danzas de las comunidades y porque ni en La Dorada ni en Victoria se cultiva caña. Además, porque se pagaron unas actividades que no se hicieron, según una fuente que conoce el proceso de cerca. La fuente agregó que Víctor Segundo Mejía aceptó los cargos.
Cruz fue quien firmó el convenio y los estudios previos para hacerlo en el 2006.
"Para mí es una sorpresa que el día de ayer la Contraloría anuló la investigación en mi contra por Aerocafé y hoy la Fiscalía me acusa de una actividad de hace 10 años y por cuatro millones de pesos aduciendo que en el convenio de capacitación se invirtieron unos recursos en unas danzas que no debieron haberse invertido", le dijo Cruz a La Silla.
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