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Domingo Septiembre 22, 2019

Hoy Francisco Cruz, el Secretario de ambiente de Peñalosa, volvió a ser noticia en Caldas. En un mismo día se supo que se declaró nula la investigación fiscal contra él por el descalabro del Aeropuerto del Café, lo que, al menos por ahora, le quita de encima la principal sombra que tenía. Pero también que la Fiscalía lo acusó formalmente por peculado y celebración indebida de un contrato cuando era director de Corpocaldas, lo que le pone encima una nueva.

La buena noticia para él es que, como contó La Patria hoy, el pasado 22 de enero la Contraloría anuló cinco años de una investigación en la que ya estaban imputadas 21 personas por responsabilidad fiscal, incluido Cruz. La razón que expone la Contraloría es que en el momento en el que se abrió el proceso, el contrato que se estaba investigando aún no había terminado y por esta razón, "no podía hablarse de incumplimiento contractual ni de detrimento para predicar la existencia de daño patrimonial". 

En principio esto no implica el archivo del proceso sino que si se abre una nueva investigación ésta tendría que arrancar de cero. 

El mismo diario dijo que "en los próximos días se liberaría el informe de una auditoría en el que se recogen hallazgos que alcanzarían una suma cercana a los $90 mil millones", es decir, una suma mucho más alta de la que se estaba investigando hasta ahora. Esa información la corroboró La Silla con otra fuente de la Contraloría. 

En todo caso, por ahora, Cruz queda desvinculado de esta investigación. 

Pero la mala noticia para el Secretario de Peñalosa es que la Fiscalía Quinta Seccional lo acusó formalmente (junto a otros dos ex funcionarios de Corpocaldas) por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos cuando cuando él era director de la autoridad ambiental del departamento.

Se trata de un convenio que firmó Corpocaldas, según supo La Silla, con la fundación Cendhus cuyo representante legal era Víctor Segundo Mejía, un líder de negritudes del municipio de Supía. El proyecto por unos 17 millones de pesos era para realizar capacitaciones en el desarrollo de actividades productivas sostenibles en cultivos de caña panelera en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada y que incluía además trabajos de protección de microcuencas.

El proceso fue cuestionado porque parte de la plata del convenio se gastó en unas danzas de las comunidades y porque ni en La Dorada ni en Victoria se cultiva caña. Además, porque se pagaron unas actividades que no se hicieron, según una fuente que conoce el proceso de cerca. La fuente agregó que Víctor Segundo Mejía aceptó los cargos.

Cruz fue quien firmó el convenio y los estudios previos para hacerlo en el 2006. 

"Para mí es una sorpresa que el día de ayer la Contraloría anuló la investigación en mi contra por Aerocafé y hoy la Fiscalía me acusa de una actividad de hace 10 años y por cuatro millones de pesos aduciendo que en el convenio de capacitación se invirtieron unos recursos en unas danzas que no debieron haberse invertido", le dijo Cruz a La Silla. 

CGR AEROCAFE CD-000271-2010 ENERO22-2016 by lasillavacia

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Sáb, 2016-01-30 06:59
Poner a un posible corrupto en Sec. Ambiente garantiza la expansión del territorio en Van der Hammen. Peñalosa es un excelente bolardo corrupto.
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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