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Jueves Octubre 01, 2020

Hoy Francisco Cruz, el Secretario de ambiente de Peñalosa, volvió a ser noticia en Caldas. En un mismo día se supo que se declaró nula la investigación fiscal contra él por el descalabro del Aeropuerto del Café, lo que, al menos por ahora, le quita de encima la principal sombra que tenía. Pero también que la Fiscalía lo acusó formalmente por peculado y celebración indebida de un contrato cuando era director de Corpocaldas, lo que le pone encima una nueva.

La buena noticia para él es que, como contó La Patria hoy, el pasado 22 de enero la Contraloría anuló cinco años de una investigación en la que ya estaban imputadas 21 personas por responsabilidad fiscal, incluido Cruz. La razón que expone la Contraloría es que en el momento en el que se abrió el proceso, el contrato que se estaba investigando aún no había terminado y por esta razón, "no podía hablarse de incumplimiento contractual ni de detrimento para predicar la existencia de daño patrimonial". 

En principio esto no implica el archivo del proceso sino que si se abre una nueva investigación ésta tendría que arrancar de cero. 

El mismo diario dijo que "en los próximos días se liberaría el informe de una auditoría en el que se recogen hallazgos que alcanzarían una suma cercana a los $90 mil millones", es decir, una suma mucho más alta de la que se estaba investigando hasta ahora. Esa información la corroboró La Silla con otra fuente de la Contraloría. 

En todo caso, por ahora, Cruz queda desvinculado de esta investigación. 

Pero la mala noticia para el Secretario de Peñalosa es que la Fiscalía Quinta Seccional lo acusó formalmente (junto a otros dos ex funcionarios de Corpocaldas) por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos cuando cuando él era director de la autoridad ambiental del departamento.

Se trata de un convenio que firmó Corpocaldas, según supo La Silla, con la fundación Cendhus cuyo representante legal era Víctor Segundo Mejía, un líder de negritudes del municipio de Supía. El proyecto por unos 17 millones de pesos era para realizar capacitaciones en el desarrollo de actividades productivas sostenibles en cultivos de caña panelera en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada y que incluía además trabajos de protección de microcuencas.

El proceso fue cuestionado porque parte de la plata del convenio se gastó en unas danzas de las comunidades y porque ni en La Dorada ni en Victoria se cultiva caña. Además, porque se pagaron unas actividades que no se hicieron, según una fuente que conoce el proceso de cerca. La fuente agregó que Víctor Segundo Mejía aceptó los cargos.

Cruz fue quien firmó el convenio y los estudios previos para hacerlo en el 2006. 

"Para mí es una sorpresa que el día de ayer la Contraloría anuló la investigación en mi contra por Aerocafé y hoy la Fiscalía me acusa de una actividad de hace 10 años y por cuatro millones de pesos aduciendo que en el convenio de capacitación se invirtieron unos recursos en unas danzas que no debieron haberse invertido", le dijo Cruz a La Silla. 

CGR AEROCAFE CD-000271-2010 ENERO22-2016 by lasillavacia

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Sáb, 2016-01-30 06:59
Poner a un posible corrupto en Sec. Ambiente garantiza la expansión del territorio en Van der Hammen. Peñalosa es un excelente bolardo corrupto.
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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