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Lunes Noviembre 23, 2020

Hoy Francisco Cruz, el Secretario de ambiente de Peñalosa, volvió a ser noticia en Caldas. En un mismo día se supo que se declaró nula la investigación fiscal contra él por el descalabro del Aeropuerto del Café, lo que, al menos por ahora, le quita de encima la principal sombra que tenía. Pero también que la Fiscalía lo acusó formalmente por peculado y celebración indebida de un contrato cuando era director de Corpocaldas, lo que le pone encima una nueva.

La buena noticia para él es que, como contó La Patria hoy, el pasado 22 de enero la Contraloría anuló cinco años de una investigación en la que ya estaban imputadas 21 personas por responsabilidad fiscal, incluido Cruz. La razón que expone la Contraloría es que en el momento en el que se abrió el proceso, el contrato que se estaba investigando aún no había terminado y por esta razón, "no podía hablarse de incumplimiento contractual ni de detrimento para predicar la existencia de daño patrimonial". 

En principio esto no implica el archivo del proceso sino que si se abre una nueva investigación ésta tendría que arrancar de cero. 

El mismo diario dijo que "en los próximos días se liberaría el informe de una auditoría en el que se recogen hallazgos que alcanzarían una suma cercana a los $90 mil millones", es decir, una suma mucho más alta de la que se estaba investigando hasta ahora. Esa información la corroboró La Silla con otra fuente de la Contraloría. 

En todo caso, por ahora, Cruz queda desvinculado de esta investigación. 

Pero la mala noticia para el Secretario de Peñalosa es que la Fiscalía Quinta Seccional lo acusó formalmente (junto a otros dos ex funcionarios de Corpocaldas) por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos cuando cuando él era director de la autoridad ambiental del departamento.

Se trata de un convenio que firmó Corpocaldas, según supo La Silla, con la fundación Cendhus cuyo representante legal era Víctor Segundo Mejía, un líder de negritudes del municipio de Supía. El proyecto por unos 17 millones de pesos era para realizar capacitaciones en el desarrollo de actividades productivas sostenibles en cultivos de caña panelera en los municipios de Supía, Victoria y La Dorada y que incluía además trabajos de protección de microcuencas.

El proceso fue cuestionado porque parte de la plata del convenio se gastó en unas danzas de las comunidades y porque ni en La Dorada ni en Victoria se cultiva caña. Además, porque se pagaron unas actividades que no se hicieron, según una fuente que conoce el proceso de cerca. La fuente agregó que Víctor Segundo Mejía aceptó los cargos.

Cruz fue quien firmó el convenio y los estudios previos para hacerlo en el 2006. 

"Para mí es una sorpresa que el día de ayer la Contraloría anuló la investigación en mi contra por Aerocafé y hoy la Fiscalía me acusa de una actividad de hace 10 años y por cuatro millones de pesos aduciendo que en el convenio de capacitación se invirtieron unos recursos en unas danzas que no debieron haberse invertido", le dijo Cruz a La Silla. 

CGR AEROCAFE CD-000271-2010 ENERO22-2016 by lasillavacia

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Sáb, 2016-01-30 06:59
Poner a un posible corrupto en Sec. Ambiente garantiza la expansión del territorio en Van der Hammen. Peñalosa es un excelente bolardo corrupto.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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