LA SILLA VACIA

Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 18, 2016 - 18:50
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Esta mañana se celebró en el municipio de Ciénaga una audiencia pública en la que la Sociedad Ruta del Sol II presentó los detalles de la variante que construirá en esa población, como parte de la segunda calzada Ciénaga - Barranquilla. En el evento participaron los ciudadanos que habitan los predios por donde pasará la obra, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio Público, ambientalistas, funcionarios de la Gobernación y el alcalde de Ciénaga Edgardo Pérez. Fue justamente el discurso del mandatario el que más sorprendió porque se mostró en desacuerdo con las condiciones actuales del proyecto, que tuvo como principal promotor al exgobernador Luis Miguel ‘el Mello’ Cotes, de quien Pérez es aliado político.

Resulta que tal como está concebida hoy, la construcción de la variante no contempla la reubicación de unas 10 mil familias que viven a la orilla de la Ciénaga Grande, por lo que quedarían atrapadas entre la nueva carretera y ese cuerpo de agua. Es a esa situación a la que el alcalde se opone y así lo expresó durante su intervención. 

Micrófono en mano, el alcalde dijo que no estaba de acuerdo con que la construcción de la variante solo incluya, para la zona donde viven las familias, unos pasos peatonales con compuertas para evitar que se les inunden las viviendas en época de lluvias.

"Muchos dirán que el alcalde de Ciénaga se está atravesando en la obra más importante de la historia del municipio, pero me dolerá más cómo tantas familias se van a quedar entre la carretera y la Ciénaga", dijo el alcalde durante su intervención, en la que también le pidió al Gobierno Nacional considerar la reubicación de las familias. Especialmente, porque no hacerlo, le dijo el mandatario a La Silla, es condenar a esos pobladores a seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza.

El exgobernador Cotes fue uno de los que más impulsó la construcción de la segunda calzada Ciénaga  -Barranquilla, a la que le dio luz verde en enero de 2015 el vicepresidente Germán Vargas Lleras, de quien Cotes es aliado.

El alcalde Pérez le dijo a La Silla que el exgobernador Cotes es su "amigo" y siempre le estará agradecido por "gestionar esa obra que le traerá desarrollo a su municipio", pero resaltó que esa amistad y gratitud no son obstáculos para expresar públicamente las dudas que le genera el proyecto.

La variante de 14 kilómetros, que tendrá un costo global de 317 mil millones de pesos y de 19 mil millones en ese tramo, bordeará la Ciénaga Grande para evitar que la actual troncal siga dividiendo el casco urbano de Ciénaga.

Tanto el anuncio de la construcción de la doble calzada como de la variante preocupan a los ambientalistas porque ambos proyectos atravesarán un humedal costero, cobijado por la Convención Ramsar. Mucho más, cuando en el país todavía están frescos los estragos ambientales que causó la primera calzada entre Barranquilla y Ciénaga.

Esos 60 kilómetros iniciales, que se construyeron entre 1959 y 1960, acabaron con los manglares y con el parque Isla Salamanca porque interrumpieron la comunicación natural entre las aguas dulces y saladas. Aunque hubo una intervención posterior para que el ecosistema se recuperara, todavía hoy esa recuperación no es completa.

Sandra Villardy, una de las ambientalistas que más ha alertado sobre las consecuencias ambientales de la segunda calzada, manifestó vía Twitter que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra es bastante débil. Además, genera dudas porque en el documento se confunde a uno de los corregimientos por los que pasará la vía con el sector La Boquilla, de Cartagena.

A la preocupación ambiental se suma la denuncia que el año pasado hizo La W Radio de una conversación en la que posiblemente se estaban acordando coimas por la construcción de la vía. Uno de los participantes de la grabación a la que ese medio tuvo acceso sería Álvaro Cotes, papá del exgobernador Luis Miguel 'el Mello' Cotes. Tanto el exmandatario como su papá negaron la veracidad de la grabación.

Jueves, Febrero 18, 2016 - 14:10
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La Procuraduría se le metió al rancho a la Contraloría y hoy inició una investigación contra altos exfuncionarios de ese ente de control por presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión a la hora de investigar presuntas irregularidades en varias entidades públicas del departamento.

La investigación de la Procuraduría a un ente de control regional, no tiene precedentes en el pasado reciente del departamento.

La Silla conoció que las denuncias fueron interpuestas por funcionarios que trabajan al interior de la misma Contraloría, quienes afirmaron que a cambio de archivar o no adelantar procesos de responsabilidad fiscal, personal que se desempeñaba en altos cargos de esa entidad habría recibido dinero.

Precisamente, desde las 9 de la mañana de hoy, los funcionarios de la Procuraduría están revisando documentos en la Contraloría relacionados con los procesos que se archivaron, las cuentas que se fenecieron (vencieron o se saldaron), así como las copias de las auditorías que se hicieron en 15 entidades públicas durante el periodo de Argemiro Castro Granados.

Las alcaldías de Girón, Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Indersantander, varios hospitales del departamento y la Corporación Panachi, también serán investigadas por esas denuncias.

 

Respecto a los funcionarios de la Contraloría vinculados en la investigación, entre los que se encuentra el excontralor Castro, La Silla conoció que la Procuraduría ordenó que se pidieran copias a la DIAN de las declaraciones de renta, al RUT de los registros de vehículos que están a nombre de ellos, así como a la oficina de Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que tienen registradas.

Al ser consultado por La Silla, Castro desestimó todas las acusaciones y señaló que es "absurdo" decir que eso pasó en su administración. También dijo que cuando en la Contraloría existían quejas de ese tipo los funcionarios eran separados de la auditoría.

"Tenemos todos los expedientes de memorandos que les fueron enviados a auditores cuando existían las denuncias y también pruebas de que abrimos procesos disciplinarios por esos hechos. Respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, yo hacía seguimiento para que no prescribieran algo que era muy común antes", indicó.
 

Jueves, Febrero 18, 2016 - 13:22
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El viernes pasado, en el restaurante del hotel El Portón de Bogotá, se reunieron la representante uribista a la Cámara María Fernanda Cabal y el ex almirante Gabriel Arango Bacci con cinco de los seis concejales liberales de la ciudad. El encuentro se dio alrededor del abogado Gustavo Moreno, candidato a la Personería, y quien los invitó a todos. 

La idea empezar a discutir cómo podrían lograr que la bancada del Centro Democrático apoye a Moreno, quien tiene el firme apoyo del concejal liberal Jorge Durán Silva y, a juzgar por el quórum, el apoyo de sus colegas de bancada excepto María Victoria Vargas.

Moreno también es cercano al senador de Cambio Radical Germán Varón y tiene el apoyo de parte de esa bancada. Y tiene entrada entre algunos uribistas porque, como penalista, ha defendido a algunas de sus figuras como Arango Bacci y el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Ninguno de los seis concejales uribistas asistió, a pesar de que todos habían sido convocados. Algunos de esos concejales sintieron que la representante Cabal se está tomando la vocería del partido cuando ellos aún no han discutido internamente a quién van a apoyar a la Personería, pero la representante le dijo a La Silla que la decisión es tan importante que la tomará el partido, no de los concejales. "Si se molestaron qué pena pero fui invitada y soy representante por Bogotá", agregó. "No sabía que tenía que pedirles permiso". 

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