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Martes Junio 15, 2021

Este domingo Pacho Santos le dijo en una entrevista a María Isabel Rueda que lo primero que haría si es elegido alcalde es organizar un referendo para preguntarles a los bogotanos si quieren prohibir la dosis personal de droga y hacer una campaña por el sí porque “la droga está acabando con esta ciudad”. Esa es una postura bastante distinta a la que Pacho tenía hace 18 años cuando, incluso, se fumó un cigarrillo de marihuana en plena entrevista con una de las revistas más prestigiosas de los Países Bajos.

En junio de 1997 Santos, quien por esa época era periodista y director de la ONG contra el secuestro País Libre y no había entrado aún en política, fue entrevistado por Vrij Nederland en uno de los conocidos 'cafés' de marihuana de la capital holandesa. El tema de la nota era el secuestro: sobre su experiencia cuando fue plagiado por Pablo Escobar y cómo Gabriel García Márquez usó su historia para escribir 'Noticia de un secuestro', hasta su trabajo con País Libre, que lo llevó a Holanda a reunirse con otras ONG de derechos humanos. 

"En un café Francisco Santos y su esposa Maria Victoria, quien lo acompaña de viaje en Amsterdam, compran marihuana de cultivo holandés ('Nunca pensé que ustedes también la cultivaran'). Arman un porro. Así también celebraron la liberación de Santos hace años: con pocos amigos y muchos porros", dice en un pasaje el reportaje, que fue rescatado por Colombia Reports, un portal especializado en noticias sobre Colombia en inglés, que dirige el periodista holandés Adriaan Alsema.

En la campaña de Pacho defienden que ese reportaje no refleja ningún cambio en su postura sobre las drogas ya que -según su estratega Camilo Rojas- “eso era un ejercicio periodístico, sobre algo que existía allá pero que en esa época era muy exótico acá. Era un reportaje como los que hace Soho [de inmersión]”.

Este dato de la inmersión no es obvio en la historia (y La Silla no encontró un reportaje sobre ese tema escrito por Santos y publicado en Colombia).

De todos modos en la campaña de Pacho argumentan que la 'resurrección' de la nota busca quitarle peso a sus propuestas y que eso no lo impide de tomar decisiones claves para la ciudad. “Es como si alguien que se ha emborrachado no pueda hacer una ley contra el abuso de alcohol. A Pacho lo que le preocupa no son los 'coffeeshops' en Holanda sino el microtráfico en frente de los colegios en Bogotá”, dice su estratega.

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Francisco Santos Calderón
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Jue, 2015-08-13 10:41
Pacho Santos debe saber que Colombia no es una federación de estados y que un plebiscito o consulta popular hecha en Bogotá sobre la dosis mínima no se puede aplicar a todo el país y tampoco exclusivamente en Bogotá!!!!!
Dom, 2015-08-09 21:28
Como si fuera lo único que hubiera metido Pachito en su vida, o que sigue metiendo. Por que esas desconectadas del cerebro con la lengua, dejan mucho que desear.
Mié, 2015-08-05 20:58
Francísco Santos sólo quería dar bisage aquí en Holanda y naturalmente aprovechar para meterse un par de joints con la mujercita. En la entrevista de Vrij Nederland está muy claro que él cuenta sobre la celebración de su liberación junto a amigos y unos buenos porros de marihuana, entonces no entiendo por qué ahora miembros de su partido lo niegan y arman el cuento de que era para una "inmersión".
Mar, 2015-08-04 16:43
Me recordó las columnas de Fanny Kertzman hablando, como si fuera cualquier cosa normal, como cuando fue funcionaria de la cancillería usó el alijo diplomático para cargarse hasta Canadá una bolsada de marihuana escondida dentro de un libro. La ley para los de ruana porque cuando se trata de estos poderosillos de lo más gramado de la sociedad siempre habrá una esquina por la cual darle la vuelta.
Mar, 2015-08-04 12:16
De País Libre a la coerción como plataforma política. ¡Tremendo cambio!
Mié, 2015-08-05 13:04
En realidad el salto no es tan grande cuando se tiene en cuenta que País Libre, a pesar de su imagen de compromiso con los secuestrados promovía un serie de bloqueos para acabar el flagelo del secuestro como la total comunicación con las autoridades y el bloqueo de todas la cuentas bancarias de la familia y otras medidas restrictivas para los familiares y amigos de las víctimas justamente para ahogar la acción extorsiva. Curioso cuando Pacho fue liberado sin pagar un peso pero con la entrega del Estado de Derecho en compromiso de la prohibición de la Extradición.
Mié, 2015-08-05 13:04
En realidad el salto no es tan grande cuando se tiene en cuenta que País Libre, a pesar de su imagen de compromiso con los secuestrados promovía un serie de bloqueos para acabar el flagelo del secuestro como la total comunicación con las autoridades y el bloqueo de todas la cuentas bancarias de la familia y otras medidas restrictivas para los familiares y amigos de las víctimas justamente para ahogar la acción extorsiva. Curioso cuando Pacho fue liberado sin pagar un peso pero con la entrega del Estado de Derecho en compromiso de la prohibición de la Extradición.
Mar, 2015-08-04 12:07
La marihuana es ilegal cultivarla, venderla y comprarla, pero no es ilegal consumirla. Sin embargo, para consumirla es necesario cultivarla o comprarla. Nunca he podido entender ese desatino. Si alguien es pillado con un cigarrillo de marihuana, apagado o prendido, ¿no es prueba suficiente de que cometió un delito? (Cultivar o comprar. Claro que puede alegar que "lo traje de Amsterdam", o "me lo encontré tirado", o "me lo regaló un desconocido"). Pero queda una pregunta para las lumbreras jurídicas: ¿Esto es serio? ¿Es coherente? A mí, particularmente, se me dificulta participar en esta discusión mientras no logre aclarar esta encrucijada jurídica; porque lo legal o lo ilegal no es lo que Pacho diga, ni el castigo correspondiente tampoco (¿llevar a Sumapaz y abandonar allí a quien sea pillado fumando marihuana en un parque infantil?, ¡Que risa!). Si el cambio de criterio es solamente porque antes no era político y ahora sí, solo demuestra una profunda fragilidad de criterio.
Mar, 2015-08-04 16:05
Esa es una discusión que vale la pena!, a mi entender no se debe dar el mismo trato a quien consume a riesgo propio un alucinógeno (en muchos casos por necesidad fisiológica), que a quien a sabiendas de que puede causar un perjuicio a otros so pena de persecución judicial lo hace buscando un beneficio personal, por lo tanto el consumidor debe ser sujeto de ayuda (si así lo requiere), mientras que el proveedor debe ser perseguido y castigado por el perjuicio causado a otros. En ese orden de ideas, seria moralmente discutible utilizar recursos persiguiendo a los consumidores que pueden estar siendo incluso victimas, recursos que serian mas efectivos si se utilizaran en prevenir y rehabilitar (dudo mucho que encarcelar a un consumidor los disuada de consumir). Por otra parte mucho esfuerzo debe ser encaminado a perseguir a los criminales que se lucran con la desgracia de otros, volviéndolos (en el caso especifico del bazuco) casi que esclavos, la marihuana es objeto de otra discucion.
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Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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