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Lunes Septiembre 20, 2021

Este domingo Pacho Santos le dijo en una entrevista a María Isabel Rueda que lo primero que haría si es elegido alcalde es organizar un referendo para preguntarles a los bogotanos si quieren prohibir la dosis personal de droga y hacer una campaña por el sí porque “la droga está acabando con esta ciudad”. Esa es una postura bastante distinta a la que Pacho tenía hace 18 años cuando, incluso, se fumó un cigarrillo de marihuana en plena entrevista con una de las revistas más prestigiosas de los Países Bajos.

En junio de 1997 Santos, quien por esa época era periodista y director de la ONG contra el secuestro País Libre y no había entrado aún en política, fue entrevistado por Vrij Nederland en uno de los conocidos 'cafés' de marihuana de la capital holandesa. El tema de la nota era el secuestro: sobre su experiencia cuando fue plagiado por Pablo Escobar y cómo Gabriel García Márquez usó su historia para escribir 'Noticia de un secuestro', hasta su trabajo con País Libre, que lo llevó a Holanda a reunirse con otras ONG de derechos humanos. 

"En un café Francisco Santos y su esposa Maria Victoria, quien lo acompaña de viaje en Amsterdam, compran marihuana de cultivo holandés ('Nunca pensé que ustedes también la cultivaran'). Arman un porro. Así también celebraron la liberación de Santos hace años: con pocos amigos y muchos porros", dice en un pasaje el reportaje, que fue rescatado por Colombia Reports, un portal especializado en noticias sobre Colombia en inglés, que dirige el periodista holandés Adriaan Alsema.

En la campaña de Pacho defienden que ese reportaje no refleja ningún cambio en su postura sobre las drogas ya que -según su estratega Camilo Rojas- “eso era un ejercicio periodístico, sobre algo que existía allá pero que en esa época era muy exótico acá. Era un reportaje como los que hace Soho [de inmersión]”.

Este dato de la inmersión no es obvio en la historia (y La Silla no encontró un reportaje sobre ese tema escrito por Santos y publicado en Colombia).

De todos modos en la campaña de Pacho argumentan que la 'resurrección' de la nota busca quitarle peso a sus propuestas y que eso no lo impide de tomar decisiones claves para la ciudad. “Es como si alguien que se ha emborrachado no pueda hacer una ley contra el abuso de alcohol. A Pacho lo que le preocupa no son los 'coffeeshops' en Holanda sino el microtráfico en frente de los colegios en Bogotá”, dice su estratega.

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Francisco Santos Calderón
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Jue, 2015-08-13 10:41
Pacho Santos debe saber que Colombia no es una federación de estados y que un plebiscito o consulta popular hecha en Bogotá sobre la dosis mínima no se puede aplicar a todo el país y tampoco exclusivamente en Bogotá!!!!!
Dom, 2015-08-09 21:28
Como si fuera lo único que hubiera metido Pachito en su vida, o que sigue metiendo. Por que esas desconectadas del cerebro con la lengua, dejan mucho que desear.
Mié, 2015-08-05 20:58
Francísco Santos sólo quería dar bisage aquí en Holanda y naturalmente aprovechar para meterse un par de joints con la mujercita. En la entrevista de Vrij Nederland está muy claro que él cuenta sobre la celebración de su liberación junto a amigos y unos buenos porros de marihuana, entonces no entiendo por qué ahora miembros de su partido lo niegan y arman el cuento de que era para una "inmersión".
Mar, 2015-08-04 16:43
Me recordó las columnas de Fanny Kertzman hablando, como si fuera cualquier cosa normal, como cuando fue funcionaria de la cancillería usó el alijo diplomático para cargarse hasta Canadá una bolsada de marihuana escondida dentro de un libro. La ley para los de ruana porque cuando se trata de estos poderosillos de lo más gramado de la sociedad siempre habrá una esquina por la cual darle la vuelta.
Mar, 2015-08-04 12:16
De País Libre a la coerción como plataforma política. ¡Tremendo cambio!
Mié, 2015-08-05 13:04
En realidad el salto no es tan grande cuando se tiene en cuenta que País Libre, a pesar de su imagen de compromiso con los secuestrados promovía un serie de bloqueos para acabar el flagelo del secuestro como la total comunicación con las autoridades y el bloqueo de todas la cuentas bancarias de la familia y otras medidas restrictivas para los familiares y amigos de las víctimas justamente para ahogar la acción extorsiva. Curioso cuando Pacho fue liberado sin pagar un peso pero con la entrega del Estado de Derecho en compromiso de la prohibición de la Extradición.
Mié, 2015-08-05 13:04
En realidad el salto no es tan grande cuando se tiene en cuenta que País Libre, a pesar de su imagen de compromiso con los secuestrados promovía un serie de bloqueos para acabar el flagelo del secuestro como la total comunicación con las autoridades y el bloqueo de todas la cuentas bancarias de la familia y otras medidas restrictivas para los familiares y amigos de las víctimas justamente para ahogar la acción extorsiva. Curioso cuando Pacho fue liberado sin pagar un peso pero con la entrega del Estado de Derecho en compromiso de la prohibición de la Extradición.
Mar, 2015-08-04 12:07
La marihuana es ilegal cultivarla, venderla y comprarla, pero no es ilegal consumirla. Sin embargo, para consumirla es necesario cultivarla o comprarla. Nunca he podido entender ese desatino. Si alguien es pillado con un cigarrillo de marihuana, apagado o prendido, ¿no es prueba suficiente de que cometió un delito? (Cultivar o comprar. Claro que puede alegar que "lo traje de Amsterdam", o "me lo encontré tirado", o "me lo regaló un desconocido"). Pero queda una pregunta para las lumbreras jurídicas: ¿Esto es serio? ¿Es coherente? A mí, particularmente, se me dificulta participar en esta discusión mientras no logre aclarar esta encrucijada jurídica; porque lo legal o lo ilegal no es lo que Pacho diga, ni el castigo correspondiente tampoco (¿llevar a Sumapaz y abandonar allí a quien sea pillado fumando marihuana en un parque infantil?, ¡Que risa!). Si el cambio de criterio es solamente porque antes no era político y ahora sí, solo demuestra una profunda fragilidad de criterio.
Mar, 2015-08-04 16:05
Esa es una discusión que vale la pena!, a mi entender no se debe dar el mismo trato a quien consume a riesgo propio un alucinógeno (en muchos casos por necesidad fisiológica), que a quien a sabiendas de que puede causar un perjuicio a otros so pena de persecución judicial lo hace buscando un beneficio personal, por lo tanto el consumidor debe ser sujeto de ayuda (si así lo requiere), mientras que el proveedor debe ser perseguido y castigado por el perjuicio causado a otros. En ese orden de ideas, seria moralmente discutible utilizar recursos persiguiendo a los consumidores que pueden estar siendo incluso victimas, recursos que serian mas efectivos si se utilizaran en prevenir y rehabilitar (dudo mucho que encarcelar a un consumidor los disuada de consumir). Por otra parte mucho esfuerzo debe ser encaminado a perseguir a los criminales que se lucran con la desgracia de otros, volviéndolos (en el caso especifico del bazuco) casi que esclavos, la marihuana es objeto de otra discucion.
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Martes, Marzo 1, 2016 - 11:02
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Después de un largo proceso lleno de tutelas y acusaciones públicas entre los aspirantes, el Concejo de Valledupar eligió ayer al personero de esa ciudad para los próximos cuatro años. Los 19 concejales unánimemente reeligieron al abogado Alfonso Campo Martínez, hermano del exrepresentante conservador Juan Manuel Campo y quien en 2012 llegó a esa silla con el respaldo del entonces alcalde Fredys Socarrás. Con la reelección de Campo, el principal derrotado es el representante conservador Ape Cuello, uno de los súper poderes del Cesar tras las regionales de octubre, porque no logró que su candidata fuera la escogida.

Con 83,81 puntos sobre 100 posibles, Campo Martínez obtuvo la calificación más alta del concurso de méritos y se impuso ante la también abogada Lorena Cabrera. Ella obtuvo 76,27 puntos e interpuso una acción de tutela buscando que la Universidad Autónoma del Caribe, institución contratada por el Concejo para poner en marcha el proceso, evaluara nuevamente su hoja de vida. Sin embargo, aunque la tutela le fue fallada a su favor y la universidad tuvo que volver a revisar la experiencia profesional y los estudios acreditados, Campo Martínez terminó con un puntaje más alto.

Para este concurso, Cabrera tenía el apoyo del representante Cuello, quien es el nuevo poder en ascenso del Cesar después de haber sido el principal financiador y promotor del proyecto político que hoy tiene a Tuto Uhía en la Alcaldía de Valledupar. Además, Cabrera trabajó en la campaña de Uhía. Por eso, con la derrota de la abogada, también pierde el mandatario porque queda con un personero que no es de su cuerda política sino de la del exalcalde Fredys Socarrás, quien en las regionales pasadas le puso votos a uno de sus contrincantes: el exconcejal de Cambio Radical Jaime González.

El tercer derrotado con la reelección de Campo Martínez es su propio hermano, el exrepresentante Juan Manuel Campo, quien queda inhabilitado para las legislativas de 2018 en su aspiración de regresar al Congreso. En Valledupar se daba por descontado que el conservador Juan Manuel sería la fórmula del también conservador Ape Cuello, quien ha manifestado en reuniones privadas que quiere dar el salto al Senado. Sin embargo, el personero no desistió de su aspiración de quedarse cuatro años más en el cargo y terminó atravesándole a su hermano.  

Dos políticos activos del Cesar le contaron a La Silla que los 19 concejales prefirieron elegir a Campo Martínez para evitarse nuevas investigaciones de la Procuraduría porque fue él quien obtuvo el mayor puntaje, pese a las negociaciones que desde diciembre venía haciendo con ellos el representante Ape Cuello.

En enero, la Procuraduría Regional del Cesar ya les había advertido a los 19 concejales que vulneraban el debido proceso de la elección al decidir que sería la mesa directiva y no todos los concejales, como estaba estipulado desde el inicio del concurso de méritos, los que tendrían la facultad de evaluar las entrevistas de los aspirantes.

Esa modificación generó suspicacias en la Valledupar política porque el representante Ape Cuello tiene influencia sobre la mesa directiva: el actual presidente de ese organismo es de su cuerda política, el conservador Guido Castilla. La etapa final valía un 10% y era clave para los participantes, especialmente para los dos que desde el comienzo se perfilaron como los más opcionados a la silla de personero: Campo Martínez y Cabrera.

Los concejales también llegaron temerosos a la elección de ayer porque la Procuraduría les abrió, en enero, una indagación preliminar por posibles irregularidades y conflicto de interés en la elección de Álvaro Castilla Fragoso como contralor de Valledupar.

Castilla Fragoso fue uno de los financiadores de Uhía, según los reportes que esa campaña presentó al portal Cuentas Claras, y es miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que lo avaló como candidato a la Alcaldía.

Viernes, Febrero 26, 2016 - 15:17
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Otro liberal terminó enredado en el escándalo del ‘carrusel’ de contratación en el Instituto Municipal de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú.

A cinco días de que Augusto Rueda González, quien llegó a la Personería impulsado por los liberales en 2012, entregue su cargo como personero de Bucaramanga,  la Procuraduría Regional de Santander le abrió un proceso verbal por su presunta participación en el escándalo de contratación que vincula a fundaciones que jamás ejecutaron recursos destinados a población vulnerable.

La Silla conoció copia de la citación que le fue hecha al funcionario y en ella se señala que el ente de control entrará a investigarlo por participar como enlace entre el Imebú y una de las fundaciones contratistas, cuyo representante legal ya fue condenado por la ejecución irregular de recursos.

La participación de Rueda González en la controvertida contratación, se remite a que habría sido intermediario entre un exasesor de su despacho (Joel Molina) y la Fundación para el Desarrollo Comunitario, Fundecom, de la que es cofundadora la mamá de uno de sus hijos.  

Según los relatos del entonces asesor de Rueda, y de varios de los testigos que fueron citados a entregar su versión, fue el Personero quien recomendó el nombre de esa fundación para que se pudiera ejecutar un contrato por $45 millones con el fin de realizar talleres de emprendimiento a población vulnerable de Bucaramanga, objeto que no se cumplió.

A Rueda González también lo investigarán por no hacer las denuncias por el enredo de ese contrato y omitir la apertura de la investigación en el ente de control que él mismo dirige.

Precisamente, según los testigos, el saliente Personero conocía de las irregularidades en la ejecución del contrato y le prestó plata a su entonces asesor (se la descontó posteriormente de los honorarios que recibía en la Personería), para que este último la devolviera, debido a las investigaciones que se adelantaban. 

La versión de Rueda se ha mantenido en que él no hizo nada irregular, y aunque ha reconocido que fue intermediario tanto en el contrato como en la recuperación del dinero que se comprometió, ha señalado que el problema es de su exasesor debido a que él fue el que no ejecutó bien el contrato.

Al caso de Rueda, se suma el del exdirector de ese instituto Cristian Rueda, quien es cuñado de la concejala roja Nancy Lora, y quien está privado de la libertad por las investigaciones en su contra por ese 'carrusel'. Por su parte, Leonardo Vásquez, integrante del directorio Liberal en Santander, es el defensor de varios de los salpicados en el escándalo.

Jueves, Febrero 25, 2016 - 15:16
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El martes pasado, la gobernadora Oneida Pinto escogió al abogado Edwin López Fuentes como el nuevo director en propiedad del ICBF de La Guajira. Aunque hasta ahora en ese departamento ha caído bien la elección de López, porque allí lo reconocen como un experto en contratación sin filiación política particular, la directora nacional del ICBF Cristina Plazas no quedó contenta y ayer hizo público su malestar en Riohacha.

Plazas y la gobernadora Pinto se reunieron con los directores de las IPS y EPS para recordarles que, como parte de la lucha contra la desnutrición infantil wayuu, deben realizar más actividades de promoción y prevención en las rancherías.

A la reunión también asistió López Fuentes, quien aprovechó para presentarse como el nuevo director regional del ICBF ante las directivas médicas y diputados asistentes. Esa presentación, que generó aplausos, a Plazas no le gustó porque el abogado la hizo sin haber hablado antes con ella y porque todavía no está lista la resolución de su nombramiento.

Tanto le disgustó a Plazas la presencia de López que no permitió que pronunciara unas palabras al cierre del evento. Y hasta regañó a la presentadora por haber anunciado ese discurso como parte de la programación.

La Silla supo que, más allá de ese impasse, Plazas está molesta porque quería que el escogido fuera el administrador público y funcionario de carrera del ICBF Félix Orozco Mejía, quien tenía el mayor puntaje de la terna que ella misma envió y a quien puso el año pasado como director encargado de la regional Magdalena.

Esta mañana, la gobernadora Oneida Pinto le dijo a La FM que había escogido a López por ser el único guajiro de la terna, de la que también hacía parte el médico Óscar Alberto Pernía Maldonado, exgerente de Caprecom en Tolima.

La mandataria dijo que para el cargo del ICBF, especialmente en una coyuntura de crisis como la actual, se necesita a un profesional que conozca la cultura guajira y entienda a la etnia wayuu. Y en la misma entrevista negó haberlo escogido por recomendaciones políticas, como publicó el portal Las Dos Orillas.

La Silla consultó con cuatro fuentes del mundo político guajiro y todas, por aparte, coincidieron en que el nuevo director del ICBF no milita ni en el movimiento Nueva Guajira del presidente de la Cámara Alfredo Deluque ni en la Gran Alianza, del exgobernador Jorge Ballesteros. Y en cambio, lo describieron como un abogado y académico que trabajó hasta hace poco en la Universidad de La Guajira, donde dirigió la Oficina de Relaciones Internacionales y fue profesor.

Esas fuentes también nos dijeron que es uno de los pocos expertos en contratación de ese departamento, por lo que ha sido asesor de la Alcaldía de Riohacha y de la Gobernación, sin que al ocupar esos cargos fuera considerado cuota política.

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