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Miércoles Diciembre 08, 2021

Como el Consejo de Estado tiene entre sus manos el futuro del Procurador General ha pasado de agache otra decisión clave que también está sobre la mesa de esta corporación y es la elección del nuevo Auditor General, que enfrenta al candidato del continuismo con otro que tiene muy buenas relaciones con la Fiscalía.

La Auditoría General es una entidad poderosa porque vigila a todas las contralorías del país, suele pasar bajo del radar y tiene un presupuesto de unos 25 mil millones de pesos.

La terna, que armó la Corte Suprema para que el Consejo de Estado elija, incluye al ex vicecontralor de Sandra Morelli, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que arrancó en política con el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y fue secretario de gobierno de esa ciudad del liberal Juan Manuel Arango y de Risaralda, del conservador Victor Manuel Tamayo.

Es un uribista de vieja data: estuvo en las juventudes de la campaña presidencial de Álvaro Uribe 2002 y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014.

Córdoba Larrarte fue uno de los grandes escuderos de la ex contralora Morelli. Pero renunció y se distanció de ella en 2013, en plena pelea de ésta con el fiscal Eduardo Montealegre, porque, según dijo, se mostró en desacuerdo con decisiones de la Contralora.

Pero también porque su esposa, Marcela María Yepes, pasó de ser Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría a serlo en la Fiscalía.

Yepes, hija del exsenador y cacique conservador de caldas Ómar Yepes, es una testigo clave en la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Morelli por el arrendamiento de la sede de la Contraloría. Morelli ha dicho que ella y Córdoba eran los encargados de realizar ese contrato y por eso ha dicho que si hay un delito, ellos son los responsables.

Aunque Córdoba cuenta con el apoyo del poderoso Fiscal, su aspiración también tiene la debilidad de que tendría que declararse impedido para vigilar las actuaciones que emepezó la Contraloría General cuando él trabajó allí.

El segundo candidato fuerte es José Luis Franco, un abogado de la Universidad Santo Tomás que es Director de Vigilancia Fiscal de la Auditoría. Llegó a la entidad hace seis años después de trabajar en las contralorías del Vaupés y el Vichada, en el Ministerio de Educación y de haber sido juez administrativo en Tunja. Lo hizo con el apoyo del ex presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y tiene muy buenas relaciones en esa Corte.

Este candidato fue el funcionario que, encargado del despacho antes de la posesión de la actual Auditora, Laura Marulanda (pero con ella ya elegida), archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el ex contralor Julio César Turbay por la compra de una camioneta blindada de lujo, lo que le valió fuertes críticas de la Auditora Auxiliar de la época.

Después de que Marulanda asumió el cargo -al que llegó gracias al apoyo de Turbay-, lo ascendió a su actual cargo. Y ahora le dio vacaciones justo a tiempo para hacer su campaña. Por eso es visto hoy como su candidato.

Entre ellos dos, en principio, está la pelea.

La tercera, que es la mujer que por ley debe incluir de la terna, no tiene grandes apoyos. Se trata de Alma Carmenza Erazo, una administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, que fue contralora del Valle entre 2004 y 2007, de Cali entre 2008 y 2011 y ha trabajado con la Contraloría General. Actualmente es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En todo caso, Erazo tiene dos problemas. Uno es que su elección como contralora de Cali estuvo rodeada de una serie de críticas y dudas jurídicas  porque venía de ser contralora departamental por lo que podría haber estado inhabilitada. Su elección fue demandada, y, aunque perdió en primera instancia, apeló esa decisión y ganó.

El segundo es más grave: no solo fue secretaria de Gobierno del Valle del destituido Héctor Fabio Useche sino que, según CM&, lo hizo como cuota del parapolítico senador Juan Carlos Martínez, a quien además habría visitado frecuentemente en La Picota.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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