Menú principal

Jueves Diciembre 02, 2021

Como el Consejo de Estado tiene entre sus manos el futuro del Procurador General ha pasado de agache otra decisión clave que también está sobre la mesa de esta corporación y es la elección del nuevo Auditor General, que enfrenta al candidato del continuismo con otro que tiene muy buenas relaciones con la Fiscalía.

La Auditoría General es una entidad poderosa porque vigila a todas las contralorías del país, suele pasar bajo del radar y tiene un presupuesto de unos 25 mil millones de pesos.

La terna, que armó la Corte Suprema para que el Consejo de Estado elija, incluye al ex vicecontralor de Sandra Morelli, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Córdoba es un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que arrancó en política con el grupo del ex alcalde de Pereira César Castillo y fue secretario de gobierno de esa ciudad del liberal Juan Manuel Arango y de Risaralda, del conservador Victor Manuel Tamayo.

Es un uribista de vieja data: estuvo en las juventudes de la campaña presidencial de Álvaro Uribe 2002 y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014.

Córdoba Larrarte fue uno de los grandes escuderos de la ex contralora Morelli. Pero renunció y se distanció de ella en 2013, en plena pelea de ésta con el fiscal Eduardo Montealegre, porque, según dijo, se mostró en desacuerdo con decisiones de la Contralora.

Pero también porque su esposa, Marcela María Yepes, pasó de ser Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría a serlo en la Fiscalía.

Yepes, hija del exsenador y cacique conservador de caldas Ómar Yepes, es una testigo clave en la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Morelli por el arrendamiento de la sede de la Contraloría. Morelli ha dicho que ella y Córdoba eran los encargados de realizar ese contrato y por eso ha dicho que si hay un delito, ellos son los responsables.

Aunque Córdoba cuenta con el apoyo del poderoso Fiscal, su aspiración también tiene la debilidad de que tendría que declararse impedido para vigilar las actuaciones que emepezó la Contraloría General cuando él trabajó allí.

El segundo candidato fuerte es José Luis Franco, un abogado de la Universidad Santo Tomás que es Director de Vigilancia Fiscal de la Auditoría. Llegó a la entidad hace seis años después de trabajar en las contralorías del Vaupés y el Vichada, en el Ministerio de Educación y de haber sido juez administrativo en Tunja. Lo hizo con el apoyo del ex presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y tiene muy buenas relaciones en esa Corte.

Este candidato fue el funcionario que, encargado del despacho antes de la posesión de la actual Auditora, Laura Marulanda (pero con ella ya elegida), archivó el proceso de responsabilidad fiscal contra el ex contralor Julio César Turbay por la compra de una camioneta blindada de lujo, lo que le valió fuertes críticas de la Auditora Auxiliar de la época.

Después de que Marulanda asumió el cargo -al que llegó gracias al apoyo de Turbay-, lo ascendió a su actual cargo. Y ahora le dio vacaciones justo a tiempo para hacer su campaña. Por eso es visto hoy como su candidato.

Entre ellos dos, en principio, está la pelea.

La tercera, que es la mujer que por ley debe incluir de la terna, no tiene grandes apoyos. Se trata de Alma Carmenza Erazo, una administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali, que fue contralora del Valle entre 2004 y 2007, de Cali entre 2008 y 2011 y ha trabajado con la Contraloría General. Actualmente es contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En todo caso, Erazo tiene dos problemas. Uno es que su elección como contralora de Cali estuvo rodeada de una serie de críticas y dudas jurídicas  porque venía de ser contralora departamental por lo que podría haber estado inhabilitada. Su elección fue demandada, y, aunque perdió en primera instancia, apeló esa decisión y ganó.

El segundo es más grave: no solo fue secretaria de Gobierno del Valle del destituido Héctor Fabio Useche sino que, según CM&, lo hizo como cuota del parapolítico senador Juan Carlos Martínez, a quien además habría visitado frecuentemente en La Picota.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
0
21345
Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
5
11016

Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
0
3055

Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

Páginas