LA SILLA VACIA

Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Otros confidenciales recientes

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 19:45
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Ayer, en su primera reunión de bancada del año, La U tomó la decisión de jugársela por la Defensoría del Pueblo.

Roy Barreras, co-presidente del partido, le dijo a La Silla que por unanimidad los 50 congresistas que estaban en la reunión de ayer acordaron pedirle al Gobierno la cabeza de esa entidad que quedó vacante tras el escándalo de Jorge Armando Otálora. Para eso, le pedirán que elija la terna que deberá presentar a la Cámara entre las hojas de vida que ellos pongan a su consideración.

“Sería un reconocimiento a la bancada más importante de la Cámara. Esperamos que el Presidente tenga la deferencia de considerar nuestra mejor propuesta”, agregó el representante de La U Didier Burgos a La Silla. “Tomamos la decisión de reclamar este reconocimiento a la bancada de La U”.

Por ahora suenan entre sus candidatos el secretario del partido, Carlos Negret, el ex candidato al concejo de Bogotá e hijo del senador Géchem, Eduardo Géchem. También el ex secretario del Partido, Oscar Rueda (aunque según Burgos se está postulando para la embajada China). Aunque algunos quisieran ver allí también al ex ministro Sergio Díaz Granados, esa aspiración no parece muy viable. 

A finales del año pasado La U se le rebeló al Presidente parándose de dos plenarias en las que discutían proyectos importantes como la ley de Zidres y el cupo de endeudamiento con el fin de que les de mayor representación en el Gobierno. Su presión se suma a la de los conservadores, que como contó La Silla, quieren mantener bajo su ala a la Procuraduría si finalmente cae Alejandro Ordóñez.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 17:13
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Las dos fuerzas que de unos años para acá se enfrentan por el poder en La Guajira hoy están unidas por la magia de los acuerdos burocráticos y en medio del drama nacional por la crisis del pueblo wayuu.

Se trata de La Gran Alianza que llevó al desprestigiado Kiko Gómez y a Oneida Pinto al poder (liderada por el exsenador Jorge Ballesteros) y Nueva Guajira (cuya cabeza más visible hoy es el actual presidente de la Cámara Alfredo Deluque). Desde ayer ambos movimientos convergen en el gabinete de la gobernadora Pinto, a quien Nueva Guajira enfrentó en las pasadas regionales con el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía.

Oneida, cuyo partido es Cambio Radical, le entregó a Nueva Guajira la dirección del Instituto Departamental de Cultura, en cabeza del publicista Rubén Magdaniel Pabón. El nuevo funcionario ya había estado en esa silla durante el gobierno de Jorge Pérez Bernier, otro de los líderes de ese grupo. Y había sido también precandidato a la Alcaldía de Riohacha para las regionales de 2011.

Este acuerdo político lo lideró el diputado de La U y de Nueva Guajira Gabriel Pinto Redondo.

Un miembro de Nueva Guajira y otro de La Gran Alianza le aseguraron a La Silla Caribe, por separado, que ante los problemas que hay en ese departamento, especialmente la sequía y la muerte por desnutrición de niños wayuu, hay un ambiente generalizado de "jalar para el mismo lado" y dejar atrás las históricas rencillas políticas.

Sin embargo, otros guajiros del mundillo político creen que detrás de esa "paz política" hay una estrategia de la recién llegada mandataria y su grupo para neutralizar a la oposición y evitarse críticas entregando puestos.

Miércoles, Febrero 10, 2016 - 06:38
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Aunque la mayoría de cargos importantes en Santander ya se habían dividido y entregado a los congresistas y políticos que en campaña se sumaron a la elección del gobernador Didier Tavera, la puja por el poder continúa y en algunos casos ha desatado hasta competencias internas.

El último cargo que entró a jugar bajo esas condiciones fue el de la subcontraloría departamental, que tal y como se lo confirmaron tres fuentes a La Silla, le correspondió al viejo PIN, ahora Opción Ciudadana, el partido del parapolítico Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil.

Pese a que esa nominación no suena mucho en los círculos de poder, sí es trascendental. Quien ocupe ese cargo será el encargado de fallar en primera instancia todos los procesos de responsabilidad fiscal que abra la Contraloría, y por ende tendrá el primer filtro y la capacidad de meterle el acelerador (o frenar) la acción de ese ente de control.

Así las cosas, y aunque todo estaba dado para que Julio Villate Jessen, el exdiputado del viejo PIN, fuera nombrado allí para apoyar a Diego Fran Ariza (el socio político de Didier que llegó a vigilarlo), le salió competencia de última hora y en su propio partido.

Se trata del nombre del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, José Joaquín Plata, quien en los últimos meses ha competido por varios cargos en Santander, entre esos, el de Contralor Departamental y director de la Cdmb.

Las versiones que existen sobre el nombre de quien llegaría a ese cargo son dos. Por una parte, dos fuentes de adentro de Opción Ciudadana le dijeron a La Silla que Plata, era el más opcionado por su hoja de vida y por la experiencia; no obstante, otras dos fuentes de ese mismo partido, aseguran que hay molestia con el nombre del exmagistrado porque no hizo campaña con Tavera ni con su propio partido.

“Plata no está bien parado con el Partido, y aunque su hoja de vida es buena, el hecho de que se hubiera desaparecido en las elecciones no cayó nada bien. Es más, Luis Alberto Gil tuvo que frenarlo cuando se inscribió para contralor de Santander y empezó a decir que era su candidato, porque eso no era así”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

En el lado de Villate las dudas sobre su llegada también son varias. Por un lado está el escándalo que afrontó el año pasado por haber sido nombrado en agosto de 2012 como Secretario de Educación de Santander sin cumplir los requisitos, y por otra hay dudas sobre si apoyó a más de un candidato para las elecciones regionales del 25 de octubre, algo que Villate siempre ha negado.

La Silla logró establecer que lo que sí es un hecho es que la hoja de vida de Villate está en la Gobernación y que está esperando a que lo designen en algún cargo.

La tarea de definir el aterrizaje tanto de Plata como de Villate estará en manos del ‘Tuerto’ Gil, que tal y como se lo dijeron a este medio tres fuentes internas de Opción Ciudadana, es el que está acomodando las fichas del Partido en la administración de Tavera. Sin embargo, la decisión no es de poca monta, porque si hay algo que históricamente ha generado divisiones en el viejo PIN es que los que "suman votos en las campañas o se quedan sin cargos o con los peores puestos en las administraciones".

 

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