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Lunes Enero 17, 2022

Hoy los medios registraron que el Ministro de Justicia Yesid Reyes pidió a la ONU cambiar la estrategia antidrogas. Pero lo cierto es que fue más allá: por primera vez, Colombia pidió no solo revisar las convenciones internacionales sobre drogas sino que fue más lejos.

En su discurso ante la Comisión de Estupefacientes, Reyes criticó de frente la manera cómo se está organizando la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2016, la fecha que todos los expertos en drogas tienen marcada en rojo porque será la primera vez que las drogas serán el tema central. Y que muchos países como Colombia, México y Uruguay e incluso Estados Unidos ven como la única oportunidad para realmente encontrar un camino más eficaz.

En el fondo, la pelea es por el cómo se organizará el proceso preparatorio para la Asamblea, que define en gran medida la agenda de temas que se tratarán y -en últimas- las posibilidades reales de que haya un cambio de enfoque.

Colombia -junto con países latinos como Guatemala, Ecuador y Argentina- ha propuesto que se haga en Nueva York y de manera más plural, dándole voz a los organismos que hasta ahora han sido marginados de la discusión (como la Organización Mundial de la Salud, el Pnud o Unicef), a las organizaciones fuertes de la sociedad civil y a más países que los que suelen estar en Viena.

Sin embargo, hasta ahora se ha impuesto la idea -impulsada por Egipto y apoyada por Rusia, los países árabes y los europeos- de mantenerla en Austria, donde tiene asiento la muy conservadora Comisión de Estupefacientes que tradicionalmente se ha opuesto a cualquier cambio y que viene liderando la discusión.

Por eso Reyes recibió el aplauso de muchos expertos en drogas a nivel mundial cuando dijo que “la propuesta de organización de la Asamblea General que ha presentado la Presidencia de la Comisión no satisface nuestro interés de propiciar un debate amplio y franco. Si todo el proceso preparatorio (...) se va a cerrar aquí, en un documento que la Asamblea Especial debe limitarse a endosar, estaremos perdiendo una preciosa oportunidad para mejorar el rumbo que llevamos”.

Entre los que celebraron su discurso están Coletta Youngers del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, la mexicana Lisa Sánchez de Transform Drug Policy y Martin Jelsma del Instituto Transnacional.

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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