La muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura.

Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del Sena, trabajaba desde hace tres años en el Ministerio en la sección de archivo. Siempre había tenido contratos de seis meses y de un año, pero en este 2015 su renovación se estancó -como a muchos otros contratistas de Agricultura- más de lo habitual. Tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS.

El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikunguña, tras ir al entierro de una tía en Melgar (Tolima). En apariencia, porque tenía todos los síntomas pero nunca fue al médico y se recetó ella misma pastillas para el dolor. ¿La razón?

Según sus familiares, porque su contrato por 1,3 millones de pesos mensuales le fue renovado por tres meses el 16 de febrero (tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis dos semanas de febrero), pero -hasta el 14 de marzo que murió- aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS.

Tras un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas -según su familia- de que no la atenderían.

El viernes 13 de marzo su jefe la vio muy pálida y, tras enterarse de su situación, le prestó 200 mil pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó madrugada al Centro Policlínico del Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico.

Diana regresó a su casa a mediodía, con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con qué hacerle un caldo y, cuando regresó, la encontró convulsionando. La llevaron al Hospital Meissen, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles.

Su historia corrió como pólvora por el Ministerio, donde -en palabras de una persona del sector- “el 98 por ciento de los contratistas tenían sus contratos paralizados”.

Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Iragorri que manejan la contratación del sector.

Aunque el Ministerio no tiene la culpa de su muerte, y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborales en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público.

En el caso del Ministerio, además, la molestia se ha acentuado porque según seis empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del Ministerio estuvo más de dos meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Iragorri les salieron rápidamente.

Es cierto que la mayoría de asesores de Iragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero: su súper gerente político Boris Zapata renovó el 2 de enero por 32 millones en dos meses (aunque renunció un mes después). Su asesor para contratación Julián Murcia firmó el 5 de enero por un mes (a 16 millones) y luego pasó a ser funcionario de planta. Su asesor para vivienda rural, el ex Secretario de Infraestructura caucano Daniel Sussmann, firmó por 66 millones a seis meses. Su enlace legislativo Andrés Buriticá renovó por 108 millones a nueve meses. Y su asesora de despacho Natalia Sardi lo hizo a once meses por 45 millones.

Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron. En total, según el portal de contratación Secop, a 60 personas del Ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo.  Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática.

El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del Ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia de Diana el miércoles pasado a sus exequias.