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Lunes Agosto 15, 2022

La muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura.

Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del Sena, trabajaba desde hace tres años en el Ministerio en la sección de archivo. Siempre había tenido contratos de seis meses y de un año, pero en este 2015 su renovación se estancó -como a muchos otros contratistas de Agricultura- más de lo habitual. Tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS.

El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikunguña, tras ir al entierro de una tía en Melgar (Tolima). En apariencia, porque tenía todos los síntomas pero nunca fue al médico y se recetó ella misma pastillas para el dolor. ¿La razón?

Según sus familiares, porque su contrato por 1,3 millones de pesos mensuales le fue renovado por tres meses el 16 de febrero (tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis dos semanas de febrero), pero -hasta el 14 de marzo que murió- aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS.

Tras un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas -según su familia- de que no la atenderían.

El viernes 13 de marzo su jefe la vio muy pálida y, tras enterarse de su situación, le prestó 200 mil pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó madrugada al Centro Policlínico del Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico.

Diana regresó a su casa a mediodía, con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con qué hacerle un caldo y, cuando regresó, la encontró convulsionando. La llevaron al Hospital Meissen, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles.

Su historia corrió como pólvora por el Ministerio, donde -en palabras de una persona del sector- “el 98 por ciento de los contratistas tenían sus contratos paralizados”.

Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Iragorri que manejan la contratación del sector.

Aunque el Ministerio no tiene la culpa de su muerte, y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborales en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público.

En el caso del Ministerio, además, la molestia se ha acentuado porque según seis empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del Ministerio estuvo más de dos meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Iragorri les salieron rápidamente.

Es cierto que la mayoría de asesores de Iragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero: su súper gerente político Boris Zapata renovó el 2 de enero por 32 millones en dos meses (aunque renunció un mes después). Su asesor para contratación Julián Murcia firmó el 5 de enero por un mes (a 16 millones) y luego pasó a ser funcionario de planta. Su asesor para vivienda rural, el ex Secretario de Infraestructura caucano Daniel Sussmann, firmó por 66 millones a seis meses. Su enlace legislativo Andrés Buriticá renovó por 108 millones a nueve meses. Y su asesora de despacho Natalia Sardi lo hizo a once meses por 45 millones.

Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron. En total, según el portal de contratación Secop, a 60 personas del Ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo.  Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática.

El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del Ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia de Diana el miércoles pasado a sus exequias.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2015-03-28 20:33
Deben ser todos unos "genios" para devengar esos ingresos;mientras tanto los profesionales de a "pie",de excelentes capacidades,pero ajenos a la politiqueria,se ganan Dos o Tres millones de pesos maximos;que "horror";asi que sigan subiendo los impuestos,y mas reformas tributarias.
Vie, 2015-03-27 23:38
Así son los oligarcas de este país descarados, corruptos que solo están allí por su interés personalísimo, la Familia Iragorry se ha destacado por eso uso del poder para enriquecimiento de sus familiares y áulicos a quienes generosamente pagan, mas no de su bolsillo, del largo bolsillo del estado, desde remotas épocas han estado allí regodeándose del poder hinchando sus arcas y hablando babosadas de desarrollo rural, claro pero sin que les toquen sus tierras y sus huestes electorales como los señores feudales "cuidan " sus siervos, pero los cuidan a palos, que asco de personajes que dirigen este país.
Jue, 2015-03-26 18:53
hay estan pintados la clase de calana de los politicos caucanos,los iragori han sido una plaga que se han enriquecido del erario publico y nunca han echo nada opor su departamento y su pais..y que tal los contraticos de los allegados al ministro,por favor si se merecen ese sueldo,la contraloria no podria a entrar a investigar....condolencias a la familia de la joven....y por favor caucanos a elejir otra gente ,otras personas que si hagan algo por ustedes, a acabar con esta estirpe de politicos y familias corruptas.
Jue, 2015-03-26 15:27
Da tristeza lo que esta pasando con el Ministerio de Agricultura. Este ministro es muy arrogante y tiene a todo el sector en ascuas, ya que paralizo todas las convocatorias que tradicionalmente beneficiaban a miles de agricultores, le ha dado prioridad a la politiquería, matando la parte técnica del Ministerio. Se ensaño contra los ejecutores privados que mucho trabajo y logros le dieron al país al gerenciar los proyectos con eficiencia en la mayoría de los casos. lleva más de 100 días y no ha ejecutado nada, nada de pacto agrario, nada de convocatorias, nada de incentivo a la asistencia técnica. Y nadie dice nada, es como si la agricultura que le da de comer al Colombia no fuera importante para nadie. Donde están las dignidades rurales? porque el Senador Robledo esta Callado? Este señor Idagorri acabo con todo lo que Juan Camilo Restrepo construyo.
Jue, 2015-03-26 13:01
No se como los gobernantes de este pais pueden ir a dormir tranquilos si en la conciencia de ellos hay tantas muertes de personas inocentes pero claro como tiene los bolsillos llenos del dinero que COLOMBIANOS honestos y trabajadores que si saben lo que es vivir con un miserable mínimo les dejamos para que ellos puedan vivir cómodamente, no se imaginan el vació que ha dejado Dianita en la vida de toda su familia y saber que estos casos van a seguir pasando por que seguimos eligiendo a los mismos dirigentes eso es mas triste. Dianita gracias por acompañarnos durante tu corta vida y ser el motivo de muchas alegrías
Jue, 2015-03-26 09:02
Así de macabras resultan las Órdenes de Prestación de Servicios como regla general para la contratación en Colombia. Lo mismo que exijan que una persona esté afiliada a Seguridad Social para presentarse a una convocatoria cuando lleva más de dos meses desempleada. Tanto en el sector público como en el privado.
Mié, 2015-03-25 22:58
Este no es un solo un tema de salud es un tema de la situación laboral de miles de contratistas de prestación de servicios que tienen que regalar uno, dos y más meses de su trabajo cada año para mantener su contrato. Muchos de estos contratistas que conforman lo que llaman las nóminas paralelas en las entidades públicas, son realmente los que trabajan, dado que la anacrónica carrera administrativa de este país mantiene muchos personajes que deberían hacer el trabajo que hacen los contratistas pero que por su estatus de nombrados trabajan a medias, se amangualan para sabotear la gestión los jefes nombrados en las entidades sin que ninguna comisión nacional del servicio civil haga nada. Es hora de abrir el debate sobre qué se va a hacer con la carrera administrativa en Colombia para que esto no siga pasando.
Mié, 2015-03-25 17:54
os hechos lamentables:1)que todavía un colombiano muera porque no le prestaron atención medica de urgencias por no tener con que pagar... este es el dichoso estado social de derecho que promueve nuestro presidente y no tengo nada contra el. 2)la politiquería sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, mermelada para los amigos de los amigos de los políticos, claramente Diana Carrillo no tenia amigos de esos, razón por la cual su contrato no se suscribió en enero o en febrero, ella no ganaba 10 millones, ni 16 millones, pero así como ella, se quedaron esperando muchos su contratación, hasta que entendieron el mensaje: NO los contratarían... pero por qué? respuesta: ustedes no eran amigos de los amigos del Ministro,y lo peor.... aquí no pasará nada! ojala un canal de tv investigara y mostrara a la opinión publica un caso como el de Diana; es verdad que la muerte física o en medicina no fue causa de nadie,pero también es verdad que algunos ayudaron con su lentitud a su partida.QEPD.
Mié, 2015-03-25 17:15
Es aquí donde se necesita un abogado diligente, osado y q de verdad quiera salir del anonimato. Hasta donde tengo entendido esto no debió suceder, no precisamente la muerte, sino la falta de atencion. El Mismo Santos con bombos y platillos anunció q nadie se moriría es la puerta de un hospital y sin atención y si estas palabras del primer mandón del país son suficiente para demostrar q se violó el derecho a la salud y por ende el d la vida misma, entonces la familia de la fallecida debe tener una pensión asegurada. Además q tenerla laborando una semana gratis sin salario sin contratacion es d x si un delito y el dios Irragorri a simple ojo de buen cubero tuvo mínimo un trabajador de forma ilegal y sin protección ni nada. Esto de seguro tiene q tener una "investgigacion exhaustiva y llegaremos hasta la ultimas consecuencias". Lastima q ya las tarjetas rojas estan reservadas para los magistrados. Jijijii.
Mié, 2015-03-25 16:23
La Procuraduría en un libro que llamo "Trabajo digno y decente" dijo: "El trabajo ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones sociales. El trabajo es un elemento esencial para definir la identidad propia en países como Colombia existe una estrecha relación entre la seguridad social y las relaciones laborales, lo cual hace depender el hecho que una gran parte de la población pueda gozar de derechos sociales básicos de un adecuado funcionamiento de los mercados laborales. Por estas razones se ha llegado a afirmar que las políticas dirigidas a la generación de trabajo decente constituyen la mejor manera de hacer política social. PERO EN MINAGRICULTURA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS SE PRIVILEGIA LA POLITIQUERIA Y SE BURLAN DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR CONTRATO.
Mié, 2015-03-25 14:19
Perdón por mi ignoracia, pero lo que yo había entendido o le entendí a Santos es que con la reforma de la salud, casos como este no se presentarían, ya que si no estaba afilida al regimen contributivo, de inmediato quedaba en el subsidiado, por lo que en teoría la debían atender si así lo requería. Me puede alguien explicar si es así como lo entendí?? o como es que funciona?
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Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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