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Miércoles Agosto 17, 2022

La muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura.

Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del Sena, trabajaba desde hace tres años en el Ministerio en la sección de archivo. Siempre había tenido contratos de seis meses y de un año, pero en este 2015 su renovación se estancó -como a muchos otros contratistas de Agricultura- más de lo habitual. Tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS.

El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikunguña, tras ir al entierro de una tía en Melgar (Tolima). En apariencia, porque tenía todos los síntomas pero nunca fue al médico y se recetó ella misma pastillas para el dolor. ¿La razón?

Según sus familiares, porque su contrato por 1,3 millones de pesos mensuales le fue renovado por tres meses el 16 de febrero (tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis dos semanas de febrero), pero -hasta el 14 de marzo que murió- aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS.

Tras un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas -según su familia- de que no la atenderían.

El viernes 13 de marzo su jefe la vio muy pálida y, tras enterarse de su situación, le prestó 200 mil pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó madrugada al Centro Policlínico del Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico.

Diana regresó a su casa a mediodía, con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con qué hacerle un caldo y, cuando regresó, la encontró convulsionando. La llevaron al Hospital Meissen, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles.

Su historia corrió como pólvora por el Ministerio, donde -en palabras de una persona del sector- “el 98 por ciento de los contratistas tenían sus contratos paralizados”.

Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Iragorri que manejan la contratación del sector.

Aunque el Ministerio no tiene la culpa de su muerte, y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborales en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público.

En el caso del Ministerio, además, la molestia se ha acentuado porque según seis empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del Ministerio estuvo más de dos meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Iragorri les salieron rápidamente.

Es cierto que la mayoría de asesores de Iragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero: su súper gerente político Boris Zapata renovó el 2 de enero por 32 millones en dos meses (aunque renunció un mes después). Su asesor para contratación Julián Murcia firmó el 5 de enero por un mes (a 16 millones) y luego pasó a ser funcionario de planta. Su asesor para vivienda rural, el ex Secretario de Infraestructura caucano Daniel Sussmann, firmó por 66 millones a seis meses. Su enlace legislativo Andrés Buriticá renovó por 108 millones a nueve meses. Y su asesora de despacho Natalia Sardi lo hizo a once meses por 45 millones.

Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron. En total, según el portal de contratación Secop, a 60 personas del Ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo.  Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática.

El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del Ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia de Diana el miércoles pasado a sus exequias.

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Sáb, 2015-03-28 20:33
Deben ser todos unos "genios" para devengar esos ingresos;mientras tanto los profesionales de a "pie",de excelentes capacidades,pero ajenos a la politiqueria,se ganan Dos o Tres millones de pesos maximos;que "horror";asi que sigan subiendo los impuestos,y mas reformas tributarias.
Vie, 2015-03-27 23:38
Así son los oligarcas de este país descarados, corruptos que solo están allí por su interés personalísimo, la Familia Iragorry se ha destacado por eso uso del poder para enriquecimiento de sus familiares y áulicos a quienes generosamente pagan, mas no de su bolsillo, del largo bolsillo del estado, desde remotas épocas han estado allí regodeándose del poder hinchando sus arcas y hablando babosadas de desarrollo rural, claro pero sin que les toquen sus tierras y sus huestes electorales como los señores feudales "cuidan " sus siervos, pero los cuidan a palos, que asco de personajes que dirigen este país.
Jue, 2015-03-26 18:53
hay estan pintados la clase de calana de los politicos caucanos,los iragori han sido una plaga que se han enriquecido del erario publico y nunca han echo nada opor su departamento y su pais..y que tal los contraticos de los allegados al ministro,por favor si se merecen ese sueldo,la contraloria no podria a entrar a investigar....condolencias a la familia de la joven....y por favor caucanos a elejir otra gente ,otras personas que si hagan algo por ustedes, a acabar con esta estirpe de politicos y familias corruptas.
Jue, 2015-03-26 15:27
Da tristeza lo que esta pasando con el Ministerio de Agricultura. Este ministro es muy arrogante y tiene a todo el sector en ascuas, ya que paralizo todas las convocatorias que tradicionalmente beneficiaban a miles de agricultores, le ha dado prioridad a la politiquería, matando la parte técnica del Ministerio. Se ensaño contra los ejecutores privados que mucho trabajo y logros le dieron al país al gerenciar los proyectos con eficiencia en la mayoría de los casos. lleva más de 100 días y no ha ejecutado nada, nada de pacto agrario, nada de convocatorias, nada de incentivo a la asistencia técnica. Y nadie dice nada, es como si la agricultura que le da de comer al Colombia no fuera importante para nadie. Donde están las dignidades rurales? porque el Senador Robledo esta Callado? Este señor Idagorri acabo con todo lo que Juan Camilo Restrepo construyo.
Jue, 2015-03-26 13:01
No se como los gobernantes de este pais pueden ir a dormir tranquilos si en la conciencia de ellos hay tantas muertes de personas inocentes pero claro como tiene los bolsillos llenos del dinero que COLOMBIANOS honestos y trabajadores que si saben lo que es vivir con un miserable mínimo les dejamos para que ellos puedan vivir cómodamente, no se imaginan el vació que ha dejado Dianita en la vida de toda su familia y saber que estos casos van a seguir pasando por que seguimos eligiendo a los mismos dirigentes eso es mas triste. Dianita gracias por acompañarnos durante tu corta vida y ser el motivo de muchas alegrías
Jue, 2015-03-26 09:02
Así de macabras resultan las Órdenes de Prestación de Servicios como regla general para la contratación en Colombia. Lo mismo que exijan que una persona esté afiliada a Seguridad Social para presentarse a una convocatoria cuando lleva más de dos meses desempleada. Tanto en el sector público como en el privado.
Mié, 2015-03-25 22:58
Este no es un solo un tema de salud es un tema de la situación laboral de miles de contratistas de prestación de servicios que tienen que regalar uno, dos y más meses de su trabajo cada año para mantener su contrato. Muchos de estos contratistas que conforman lo que llaman las nóminas paralelas en las entidades públicas, son realmente los que trabajan, dado que la anacrónica carrera administrativa de este país mantiene muchos personajes que deberían hacer el trabajo que hacen los contratistas pero que por su estatus de nombrados trabajan a medias, se amangualan para sabotear la gestión los jefes nombrados en las entidades sin que ninguna comisión nacional del servicio civil haga nada. Es hora de abrir el debate sobre qué se va a hacer con la carrera administrativa en Colombia para que esto no siga pasando.
Mié, 2015-03-25 17:54
os hechos lamentables:1)que todavía un colombiano muera porque no le prestaron atención medica de urgencias por no tener con que pagar... este es el dichoso estado social de derecho que promueve nuestro presidente y no tengo nada contra el. 2)la politiquería sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, mermelada para los amigos de los amigos de los políticos, claramente Diana Carrillo no tenia amigos de esos, razón por la cual su contrato no se suscribió en enero o en febrero, ella no ganaba 10 millones, ni 16 millones, pero así como ella, se quedaron esperando muchos su contratación, hasta que entendieron el mensaje: NO los contratarían... pero por qué? respuesta: ustedes no eran amigos de los amigos del Ministro,y lo peor.... aquí no pasará nada! ojala un canal de tv investigara y mostrara a la opinión publica un caso como el de Diana; es verdad que la muerte física o en medicina no fue causa de nadie,pero también es verdad que algunos ayudaron con su lentitud a su partida.QEPD.
Mié, 2015-03-25 17:15
Es aquí donde se necesita un abogado diligente, osado y q de verdad quiera salir del anonimato. Hasta donde tengo entendido esto no debió suceder, no precisamente la muerte, sino la falta de atencion. El Mismo Santos con bombos y platillos anunció q nadie se moriría es la puerta de un hospital y sin atención y si estas palabras del primer mandón del país son suficiente para demostrar q se violó el derecho a la salud y por ende el d la vida misma, entonces la familia de la fallecida debe tener una pensión asegurada. Además q tenerla laborando una semana gratis sin salario sin contratacion es d x si un delito y el dios Irragorri a simple ojo de buen cubero tuvo mínimo un trabajador de forma ilegal y sin protección ni nada. Esto de seguro tiene q tener una "investgigacion exhaustiva y llegaremos hasta la ultimas consecuencias". Lastima q ya las tarjetas rojas estan reservadas para los magistrados. Jijijii.
Mié, 2015-03-25 16:23
La Procuraduría en un libro que llamo "Trabajo digno y decente" dijo: "El trabajo ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones sociales. El trabajo es un elemento esencial para definir la identidad propia en países como Colombia existe una estrecha relación entre la seguridad social y las relaciones laborales, lo cual hace depender el hecho que una gran parte de la población pueda gozar de derechos sociales básicos de un adecuado funcionamiento de los mercados laborales. Por estas razones se ha llegado a afirmar que las políticas dirigidas a la generación de trabajo decente constituyen la mejor manera de hacer política social. PERO EN MINAGRICULTURA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS SE PRIVILEGIA LA POLITIQUERIA Y SE BURLAN DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR CONTRATO.
Mié, 2015-03-25 14:19
Perdón por mi ignoracia, pero lo que yo había entendido o le entendí a Santos es que con la reforma de la salud, casos como este no se presentarían, ya que si no estaba afilida al regimen contributivo, de inmediato quedaba en el subsidiado, por lo que en teoría la debían atender si así lo requería. Me puede alguien explicar si es así como lo entendí?? o como es que funciona?
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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