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Lunes Agosto 08, 2022

La muerte de una joven funcionaria de 25 años ha sido el tema de conversación desde la semana pasada en los pasillos del Ministerio de Agricultura.

Diana Milena Carrillo, una tecnóloga en gestión documental del Sena, trabajaba desde hace tres años en el Ministerio en la sección de archivo. Siempre había tenido contratos de seis meses y de un año, pero en este 2015 su renovación se estancó -como a muchos otros contratistas de Agricultura- más de lo habitual. Tanto que se quedó sin plata para pagar su seguridad social, por lo que quedó suspendida de su EPS.

El problema es que se había enfermado a mediados de febrero, aparentemente de chikunguña, tras ir al entierro de una tía en Melgar (Tolima). En apariencia, porque tenía todos los síntomas pero nunca fue al médico y se recetó ella misma pastillas para el dolor. ¿La razón?

Según sus familiares, porque su contrato por 1,3 millones de pesos mensuales le fue renovado por tres meses el 16 de febrero (tras no haber trabajado en enero y haberlo hecho gratis dos semanas de febrero), pero -hasta el 14 de marzo que murió- aún no le habían consignado su primer sueldo desde diciembre. Y ella, que ayudaba a su hermana mayor a sostener a su madre y su hermana menor, se quedó sin con qué pagar su EPS.

Tras un aguacero a comienzos de marzo, Diana Milena se volvió a enfermar, pero no fue al médico a sabiendas -según su familia- de que no la atenderían.

El viernes 13 de marzo su jefe la vio muy pálida y, tras enterarse de su situación, le prestó 200 mil pesos para ponerse al día con el pago de su seguridad social. Esa misma tarde ella pagó y el sábado llegó madrugada al Centro Policlínico del Olaya, pero no la atendieron por seguir teóricamente cortada del servicio médico.

Diana regresó a su casa a mediodía, con la vista nublada por completo. Su madre salió a comprar comida con qué hacerle un caldo y, cuando regresó, la encontró convulsionando. La llevaron al Hospital Meissen, pero al llegar ya había fallecido. Hasta hoy su familia no sabe de qué, dado que Medicina Legal ordenó una autopsia y el resultado solo saldrá en 45 días hábiles.

Su historia corrió como pólvora por el Ministerio, donde -en palabras de una persona del sector- “el 98 por ciento de los contratistas tenían sus contratos paralizados”.

Aunque la mayoría pagaba su seguridad social de sus ahorros, el caso de Diana reavivó las molestias con los asesores cercanos del ministro Aurelio Iragorri que manejan la contratación del sector.

Aunque el Ministerio no tiene la culpa de su muerte, y el problema de renovar los contratos a principios de año es un mal de muchas entidades, su caso es otra alerta naranja sobre las precarias condiciones laborales en las que quedan muchas veces los profesionales que le apuestan al sector público.

En el caso del Ministerio, además, la molestia se ha acentuado porque según seis empleados y ex empleados de la entidad, mientras casi todo el cuarto piso que aloja las direcciones técnicas del Ministerio estuvo más de dos meses sin renovar, a los asesores más cercanos de Iragorri les salieron rápidamente.

Es cierto que la mayoría de asesores de Iragorri tuvo que esperar poco y firmó en enero: su súper gerente político Boris Zapata renovó el 2 de enero por 32 millones en dos meses (aunque renunció un mes después). Su asesor para contratación Julián Murcia firmó el 5 de enero por un mes (a 16 millones) y luego pasó a ser funcionario de planta. Su asesor para vivienda rural, el ex Secretario de Infraestructura caucano Daniel Sussmann, firmó por 66 millones a seis meses. Su enlace legislativo Andrés Buriticá renovó por 108 millones a nueve meses. Y su asesora de despacho Natalia Sardi lo hizo a once meses por 45 millones.

Pero sus contratos no fueron los únicos que se tramitaron. En total, según el portal de contratación Secop, a 60 personas del Ministerio les salió su contrato en enero, frente a 166 en febrero y 43 en marzo.  Diana no fue una de las últimas, pero dada su precariedad económica, la espera fue más dramática.

El caso generó tanta consternación que un centenar de empleados del Ministerio organizaron una colecta y le llevaron 2 millones de pesos a la familia de Diana el miércoles pasado a sus exequias.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2015-03-28 20:33
Deben ser todos unos "genios" para devengar esos ingresos;mientras tanto los profesionales de a "pie",de excelentes capacidades,pero ajenos a la politiqueria,se ganan Dos o Tres millones de pesos maximos;que "horror";asi que sigan subiendo los impuestos,y mas reformas tributarias.
Vie, 2015-03-27 23:38
Así son los oligarcas de este país descarados, corruptos que solo están allí por su interés personalísimo, la Familia Iragorry se ha destacado por eso uso del poder para enriquecimiento de sus familiares y áulicos a quienes generosamente pagan, mas no de su bolsillo, del largo bolsillo del estado, desde remotas épocas han estado allí regodeándose del poder hinchando sus arcas y hablando babosadas de desarrollo rural, claro pero sin que les toquen sus tierras y sus huestes electorales como los señores feudales "cuidan " sus siervos, pero los cuidan a palos, que asco de personajes que dirigen este país.
Jue, 2015-03-26 18:53
hay estan pintados la clase de calana de los politicos caucanos,los iragori han sido una plaga que se han enriquecido del erario publico y nunca han echo nada opor su departamento y su pais..y que tal los contraticos de los allegados al ministro,por favor si se merecen ese sueldo,la contraloria no podria a entrar a investigar....condolencias a la familia de la joven....y por favor caucanos a elejir otra gente ,otras personas que si hagan algo por ustedes, a acabar con esta estirpe de politicos y familias corruptas.
Jue, 2015-03-26 15:27
Da tristeza lo que esta pasando con el Ministerio de Agricultura. Este ministro es muy arrogante y tiene a todo el sector en ascuas, ya que paralizo todas las convocatorias que tradicionalmente beneficiaban a miles de agricultores, le ha dado prioridad a la politiquería, matando la parte técnica del Ministerio. Se ensaño contra los ejecutores privados que mucho trabajo y logros le dieron al país al gerenciar los proyectos con eficiencia en la mayoría de los casos. lleva más de 100 días y no ha ejecutado nada, nada de pacto agrario, nada de convocatorias, nada de incentivo a la asistencia técnica. Y nadie dice nada, es como si la agricultura que le da de comer al Colombia no fuera importante para nadie. Donde están las dignidades rurales? porque el Senador Robledo esta Callado? Este señor Idagorri acabo con todo lo que Juan Camilo Restrepo construyo.
Jue, 2015-03-26 13:01
No se como los gobernantes de este pais pueden ir a dormir tranquilos si en la conciencia de ellos hay tantas muertes de personas inocentes pero claro como tiene los bolsillos llenos del dinero que COLOMBIANOS honestos y trabajadores que si saben lo que es vivir con un miserable mínimo les dejamos para que ellos puedan vivir cómodamente, no se imaginan el vació que ha dejado Dianita en la vida de toda su familia y saber que estos casos van a seguir pasando por que seguimos eligiendo a los mismos dirigentes eso es mas triste. Dianita gracias por acompañarnos durante tu corta vida y ser el motivo de muchas alegrías
Jue, 2015-03-26 09:02
Así de macabras resultan las Órdenes de Prestación de Servicios como regla general para la contratación en Colombia. Lo mismo que exijan que una persona esté afiliada a Seguridad Social para presentarse a una convocatoria cuando lleva más de dos meses desempleada. Tanto en el sector público como en el privado.
Mié, 2015-03-25 22:58
Este no es un solo un tema de salud es un tema de la situación laboral de miles de contratistas de prestación de servicios que tienen que regalar uno, dos y más meses de su trabajo cada año para mantener su contrato. Muchos de estos contratistas que conforman lo que llaman las nóminas paralelas en las entidades públicas, son realmente los que trabajan, dado que la anacrónica carrera administrativa de este país mantiene muchos personajes que deberían hacer el trabajo que hacen los contratistas pero que por su estatus de nombrados trabajan a medias, se amangualan para sabotear la gestión los jefes nombrados en las entidades sin que ninguna comisión nacional del servicio civil haga nada. Es hora de abrir el debate sobre qué se va a hacer con la carrera administrativa en Colombia para que esto no siga pasando.
Mié, 2015-03-25 17:54
os hechos lamentables:1)que todavía un colombiano muera porque no le prestaron atención medica de urgencias por no tener con que pagar... este es el dichoso estado social de derecho que promueve nuestro presidente y no tengo nada contra el. 2)la politiquería sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, mermelada para los amigos de los amigos de los políticos, claramente Diana Carrillo no tenia amigos de esos, razón por la cual su contrato no se suscribió en enero o en febrero, ella no ganaba 10 millones, ni 16 millones, pero así como ella, se quedaron esperando muchos su contratación, hasta que entendieron el mensaje: NO los contratarían... pero por qué? respuesta: ustedes no eran amigos de los amigos del Ministro,y lo peor.... aquí no pasará nada! ojala un canal de tv investigara y mostrara a la opinión publica un caso como el de Diana; es verdad que la muerte física o en medicina no fue causa de nadie,pero también es verdad que algunos ayudaron con su lentitud a su partida.QEPD.
Mié, 2015-03-25 17:15
Es aquí donde se necesita un abogado diligente, osado y q de verdad quiera salir del anonimato. Hasta donde tengo entendido esto no debió suceder, no precisamente la muerte, sino la falta de atencion. El Mismo Santos con bombos y platillos anunció q nadie se moriría es la puerta de un hospital y sin atención y si estas palabras del primer mandón del país son suficiente para demostrar q se violó el derecho a la salud y por ende el d la vida misma, entonces la familia de la fallecida debe tener una pensión asegurada. Además q tenerla laborando una semana gratis sin salario sin contratacion es d x si un delito y el dios Irragorri a simple ojo de buen cubero tuvo mínimo un trabajador de forma ilegal y sin protección ni nada. Esto de seguro tiene q tener una "investgigacion exhaustiva y llegaremos hasta la ultimas consecuencias". Lastima q ya las tarjetas rojas estan reservadas para los magistrados. Jijijii.
Mié, 2015-03-25 16:23
La Procuraduría en un libro que llamo "Trabajo digno y decente" dijo: "El trabajo ocupa un lugar prioritario entre las preocupaciones sociales. El trabajo es un elemento esencial para definir la identidad propia en países como Colombia existe una estrecha relación entre la seguridad social y las relaciones laborales, lo cual hace depender el hecho que una gran parte de la población pueda gozar de derechos sociales básicos de un adecuado funcionamiento de los mercados laborales. Por estas razones se ha llegado a afirmar que las políticas dirigidas a la generación de trabajo decente constituyen la mejor manera de hacer política social. PERO EN MINAGRICULTURA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS SE PRIVILEGIA LA POLITIQUERIA Y SE BURLAN DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR CONTRATO.
Mié, 2015-03-25 14:19
Perdón por mi ignoracia, pero lo que yo había entendido o le entendí a Santos es que con la reforma de la salud, casos como este no se presentarían, ya que si no estaba afilida al regimen contributivo, de inmediato quedaba en el subsidiado, por lo que en teoría la debían atender si así lo requería. Me puede alguien explicar si es así como lo entendí?? o como es que funciona?
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Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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