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Domingo Junio 13, 2021

Ayer en el Congreso, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló los puntos centrales de la nueva política antidrogas del gobierno Santos. Ese ‘plan B’ -que el Gobierno comenzó a evaluar después de la suspensión de la aspersión de coca con glifosato- es en realidad un regreso a la política antidrogas de Álvaro Uribe y contrasta mucho con el giro que Juan Manuel Santos viene promoviendo a nivel internacional.

Durante un debate de control político por la seguridad citado por el Centro Democrático en la Comisión Primera, Villegas explicó que la nueva estrategia contra las drogas se centrará en cinco puntos, comenzando por disminuir los cultivos de coca e intensificar la incautación de cocaína.

En particular anunció que el Gobierno pasará de los 16 grupos de erradicación manual forzosa que tiene a 60, una decisión que resulta polémica dado que continúa poniendo el énfasis en los cocaleros y no en los eslabones más rentables y poderosos de la cadena del narcotráfico.

Las mayores críticas que le han hecho los expertos en drogas es que es un programa costoso, de baja eficacia (algo que podría resultar más complejo ahora que, según Naciones Unidas, los cultivos de coca están más dispersos que antes) y sobre todo riesgoso, ya que durante la era Uribe -quien lo impulsó fuertemente y tuvo 100 grupos de erradicación- murieron más de 100 policías erradicadores (en su mayoría jóvenes inexpertos que cayeron víctimas de minas antipersonal).

La Silla supo que esa es una de las ideas que la Policía ha defendido en el subcomité del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde tienen asientos varios ministerios y que tiene la misión de recomendar el nuevo ‘plan B’. (Las otras dos, seguir buscando una molécula química que reemplace el glifosato para asperjar y judicializar a los cocaleros, van en línea con esa visión que impera desde el gobierno Uribe).

En cambio, Villegas no tuvo en cuenta ninguna de las propuestas de las otras entidades, incluyendo fortalecer el rol de la Armada y a la Infantería de Marina en perseguir a los traficantes, crear equipos de Policía judicial para que se pueda judicializar más rápidamente a los narcos capturados (dado que los militares que lideran los operativos no pueden hacerlo), enfocarse en el lavado de activos y modificar la misión de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército para que pase de cuidar la aspersión a liderar el control del tráfico de insumos y precursores usados para elaborar la cocaína.

Es decir, todas diseñadas para atacar los eslabones más fuertes del negocio. Y también en línea con la visión progresista que ha promovido Santos por fuera de Colombia, con las recomendaciones de la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó el presidente y con el acuerdo sobre drogas firmado en La Habana.

Por eso, con el anuncio de Villegas ayer, Santos vuelve a apostarle a algunas de las estrategias que él ha descrito varias veces como una “bicicleta estática”.

Perfiles relacionados: 
Luis Carlos Villegas Echeverri
Juan Manuel Santos Calderón
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Mar, 2015-09-15 15:16
Esa política antidrogas parece que estuviera más encaminada a que el narcotráfico NO deje de producir... los innumerables problemas sociales que produce. Que un Estado ataque a los pequeños eslabones de una cadena (cultivadores de mata de coca), teniendo la capacidad de desmantelar a sus grandes beneficiados (capos, políticos y empresarios incluidos) no es ingenuo ni torpe... es perverso porque deja ver que su interés en realidad es QUE EL 'NEGOCIO' NO SE ACABE.
Jue, 2015-09-03 10:41
Santos es Uribe bien hablado y con una larga tradición familiar en el poder. Su padre no fue inicialmente un campesino pobre que se enriqueció con oscuros negocios. Pero en el fondo representa los mismos intereses: defensa del capital por encima de las muchas personas que lo acrecientan con su trabajo en favor de muy pocas que se lo apropian. Para Uribe "Todo vale" sin reatos de conciencia. Santos tiene una conciencia vergonzante y se siente obligado a disimular su "Todo vale" con maquillajes y discursos. Esta política antidrogas defiende los grandes capitales de narcotraficantes y de quienes venden armas e insumos químicos, servicios de asesoría militar, etc. orientando su costosa persecución a los pobres raspachines y sembradores campesinos. ¡Uf! ¡Da vergüenza este presidente!
Jue, 2015-09-03 10:31
Ese ministro es un "vendido".
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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