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Lunes Junio 05, 2023

El lunes arranca en París la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático con la misión crucial de poner de acuerdo a todos los países del mundo en cómo frenarlo. Y Colombia (con cinco países aliados que formaron hace dos años un bloque de negociación llamado la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe. Ailac) puso sobre la mesa una propuesta polémica que promete agitar la discusión, que lleva seis años empantanada.

En París habrá dos grandes pulsos políticos que definirán si se logra un nuevo acuerdo y qué tanto alcance tendrá.

El primer gran debate es si el acuerdo cobijará a todos los países con unas metas obligatorias y medibles para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pues las del protocolo vigente, el de Kioto, no son obligatorias. En este un punto están enfrentados los países ricos (que creen que deben ser obligatorias para todos) y algunas potencias en desarrollo como China e India (que creen que solo deben ser obligatorias para los ricos, que tienen una mayor responsabilidad histórica).

En esa discusión la Ailac (Colombia más Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá) no juega un papel protagónico, pero propuso que una vez los países alcancen las nuevas metas, no puedan reemplazarlas más adelante con unas más suaves, pero que no sean obligatorias. “Por ejemplo, todos sabemos que China alcanzará su pico máximo de emisiones en 2030, pero de ahí en adelante no sabemos qué van a proponer”, dice una persona que conoce las negociaciones.

Esa idea, que en el lenguaje diplomático se llama el “principio de no backsliding” (de no deslizarse), causa mucho recelo pero podría ayudar a acercar las posiciones de los países porque hace que no sean obligatorias para nadie, pero sí que no se puedan echar para atrás.

El otro debate fuerte es de dónde saldrán la plata, tecnología y habilidades técnicas que se necesitan para aterrizar las estrategias en mitigación y adaptación y que los países menos desarrollados no tienen.

Los europeos y gringos buscan que el aporte en plata sea voluntario, Canadá y Australia se niegan, y China e India insistien en que si los ricos no se meten la mano al bolsillo, ellos no tienen por qué ponerse metas para reducir los gases.

Allí Colombia y Ailac están proponiendo que haya un mecanismo para compartir la información de lo que está haciendo cada país en esos frentes, como una manera de avanzar sin la pelea por la plata.

Si alguna de esas dos idea prosperan, sería el segundo triunfo consecutivo de Ailac que hace un año, en una cumbre en Lima en la que se redactó un borrador de acuerdo, logró meter los temas de adaptación al cambio climático, a pesar de que los países ricos querían un acuerdo solo en el frente de mitigación (los esfuerzos para reducir las emisiones). Aunque esas metas serán voluntarias, su inclusión es clave para países como Colombia, con emisiones de gases relativamente bajas pero -como demostró la ola invernal de 2010 y 2011-  pero muy vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que deben invertir en adaptarse a él.

Dependiendo de esos compromisos y del éxito de las progresistas ideas de la Cancillería, comenzará en Colombia la puja por ver qué prácticas tendrán que cambiar los sectores productivos que más contibuyen al cambio climático y el gobierno Santos tendrá que demostrar si tiene realmente la voluntad política para aterrizarlos, algo que en la elección de directores de las CAR demostró no es su prioridad.

Por eso, si la Ailac logra meter una de sus propuestas, se habrá convertido en un jugador furnamental en la diplomacia ambiental. Y Colombia, con ella.

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Vie, 2015-11-27 21:13
Si cuando se aprobó el protocolo de Kyoto en 2008, se estimo un fondo cercano a los $30.000 millones de dólares a 20 años para financiar la mitigación de aquellos países más vulnerables y no hubo acuerdo, cuánto costará el nuevo presupuesto de aquí a 2025, cuando se aspira contra reloj a mantener la temperatura mundial a menos de 2 grados Celsius y los mayores emisores son tan mezquinos (incluidos por supuesto China e india) ? Colombia en el entretanto es uno de los 7 países más vulnerables al calentamiento global, la agricultura, ganadería y deforestación aportan más del 50% de los GEI, no renuncia al crecimiento minero-energético en zonas sensibles, se embarco en un ambicioso programa de infraestructura pública, precisamente en las zonas de mayor riesgo geológico y no es muy convencida de las energías renovables, ahora que el fenómeno del niño demostrará que las fuentes hidráulicas no son muy confiables ? Qué tendrá que decirle al mundo en París?
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Jueves, Febrero 18, 2016 - 13:22
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El viernes pasado, en el restaurante del hotel El Portón de Bogotá, se reunieron la representante uribista a la Cámara María Fernanda Cabal y el ex almirante Gabriel Arango Bacci con cinco de los seis concejales liberales de la ciudad. El encuentro se dio alrededor del abogado Gustavo Moreno, candidato a la Personería, y quien los invitó a todos. 

La idea empezar a discutir cómo podrían lograr que la bancada del Centro Democrático apoye a Moreno, quien tiene el firme apoyo del concejal liberal Jorge Durán Silva y, a juzgar por el quórum, el apoyo de sus colegas de bancada excepto María Victoria Vargas.

Moreno también es cercano al senador de Cambio Radical Germán Varón y tiene el apoyo de parte de esa bancada. Y tiene entrada entre algunos uribistas porque, como penalista, ha defendido a algunas de sus figuras como Arango Bacci y el ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Ninguno de los seis concejales uribistas asistió, a pesar de que todos habían sido convocados. Algunos de esos concejales sintieron que la representante Cabal se está tomando la vocería del partido cuando ellos aún no han discutido internamente a quién van a apoyar a la Personería, pero la representante le dijo a La Silla que la decisión es tan importante que la tomará el partido, no de los concejales. "Si se molestaron qué pena pero fui invitada y soy representante por Bogotá", agregó. "No sabía que tenía que pedirles permiso". 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 19:17
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Pese a que los grandes pedazos de la torta de poder en la Gobernación de Santander ya fueron repartidos, aún hay varios cargos que se están llenando y que también están quedando en manos de los poderosos de la región.

La Silla hizo un barrido por los nombramientos, que aunque son de bajo perfil, representan una buena posición en el organigrama departamental y encontró que las esposas de un congresista y un excongresista entraron a ocupar cargos como asesoras de alto rango en la administración de Didier Tavera.

El primero de los nombres es el de María Margarita Gómez, esposa del senador Jaime Durán Barrera, quien entró como asesora del despacho del Gobernador.

Gómez de Durán, tradicionalmente ha ocupado cargos en el sector público en el departamento, apadrinada por su esposo.

Tres fuentes le dijeron a La Silla, que la llegada de la esposa del Senador a un cargo de alto rango en la Gobernación  se traduce en la compensación que Tavera le está haciendo al congresista, quien en la repartija burocrática fue uno de los menos favorecidos.  

Por otro lado, la esposa del exrepresentante a la Cámara Jorge Gómez Villamizar, Martha Jiménez de Gómez, también recibió un cargo como asesora.

Aunque el nombramiento no se ha hecho efectivo, La Silla corroboró que la esposa de Gómez lleva varias semanas trabajando junto a Priscila Santos, la gestora social del departamento y esposa de Tavera.

Jiménez de Gómez, viene de ser la Alta Consejera en Política Social de la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga. 

Miércoles, Febrero 17, 2016 - 17:35
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Desde que llegó a la dirección nacional del ICBF, Cristina Plazas ha dicho que su misión es acabar con la corrupción en esa entidad. Y una de sus primeras acciones fue cambiar el modelo de contratación para evitar que las fundaciones y asociaciones relacionadas con los políticos en las regiones siguieran como operadores de los hogares infantiles. Por eso, desde enero pasado hay expectativa por conocer los nombres de las organizaciones con las que el ICBF contrató para este 2016. Sin embargo, todavía no están disponibles todos los contratos en el Portal Único de Contratación, pese a que por ley ya deberían estar publicados.

Según la Ley de Contratación Estatal, las entidades públicas tienen tres días, una vez suscritos los contratos, para subir esa información al sitio web contratos.gov.co. Esto, como parte del principio de transparencia de las instituciones para brindarle confianza al ciudadano sobre el uso de los dineros públicos.

Hace dos semanas, el ICBF le dijo a La Silla que la contratación de los operadores en la región Caribe ya iba en un 95% y que para la primera semana de febrero ya quedaba lista. Por eso, La Silla le pidió a la Dirección Nacional del ICBF, en Bogotá, detalles sobre los nuevos operadores. Allí nos respondieron que la información no está todavía centralizada, pero que está disponible en el Portal de Contratación, ya que es responsabilidad de cada dirección regional subirla a la web.

Esta tarde, al buscar en cada departamento del Caribe, encontramos que Magdalena, Cesar y Bolívar no han subido todavía la información sobre los contratos de atención para primera infancia; Atlántico solo tiene en línea dos contratos; Córdoba, 19; San Andrés, 20. Mientras que La Guajira y Sucre son los que más información tienen en línea: la primera regional tiene 70 contratos y Sucre 220.

La expectativa por conocer detalles de todos los operadores aumenta porque en muchas regiones comienza a rumorarse que varias de las fundaciones seleccionadas son igual de políticas que las que venían operando hasta el año pasado. Pero, la única forma de saberlo es teniendo acceso a toda la información.

Como contó La Caribe, con el cambio de contratación los niños han sido los damnificados porque, a diferencia de otros años, recién están comenzando a recibir atención en varios departamentos del Caribe. Lo usual es que para el primero de febrero los hogares infantiles ya estén abiertos porque la contratación de los operadores queda definida en enero.

El calendario se alteró porque el ICBF habilitó un banco de oferentes para que las instituciones interesadas se sometieran a un proceso de evaluación. De cuatro mil postulantes, solo quedaron 2.200 elegibles, de los que salen los nombres de los nuevos operadores.

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