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Miércoles Octubre 21, 2020

Desde hace un par de semanas se encendió la polémica por la devastación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo que no se ha contado es que Corpamag, la corporación autónoma del departamento del Magdalena, tiene plata para cuidarla pero la ha invertido en solo una de las necesidades de la Ciénaga, precisamente la que es más fácil entregarle a un solo contratista.

Desde 2005 la ley de sobretasas ambientales, hecha para proteger a la Ciénaga, obliga a que parte de la plata de los peajes viales se dirijan a la protección de zonas cercanas y que tengan la categoría Ramsar (una convención internacional que protege los humedales con un valor hídrico excepcional) y Reserva de la Biósfera de la Unesco.

Como por la orilla costera de la Ciénaga -un complejo de humedales más grande que el Quindío- pasa la autopista de Santa Marta a Barranquilla, hasta ahoora es la única beneficiada por ese impuesto.

Por eso, desde ese año cada carro que pasa por la carretera comenzó a pagar un 5 por ciento adicional para conservarla, cobrado cuando se pasa tanto por el peaje de Palermo (antes del Puente Pumarejo en Atlántico) como el de Tasajera (en Puebloviejo, Magdalena). En el 2012 ese impuesto subió al 8 por ciento, por lo que hoy -de los 8 mil pesos que paga cada uno de los 7.200 carros al día- unos 640 van para la Ciénaga. Es decir, más de 4 millones de pesos al día, por cada uno de los dos peajes.

Pero esa plata no ha sido utilizada según las prioridades que identificó el plan de manejo de la Ciénaga, que es la carta de navegación para su gestión y como exige la ley.

El lío es que el plan existe desde 2002, cuando fue elaborado como resultado de un proyecto de restauración de la Ciénaga de 15 millones de dólares y que lideró durante los años noventa la cooperación alemana con plata del Banco Mundial, pero no ha sido adoptado oficialmente por Corpamag. Aunque el Ministerio de Ambiente y la CAR magdalenense lo desempolvaron en el 2009, tampoco se adoptó.

Eso no ha suspendido la sobretasa, sino que le ha dejado a Corpamag libertad para invertir los 18,7 mil millones que se han recaudado desde 2013. Y casi el 80 por ciento se ha destinado en un mismo tema: dragar y mantener los caños que traen agua dulce del río Magdalena a las pequeñas ciénagas, lo que significa un jugoso contrato para una empresa que tenga dragas.

Hace dos meses firmó un contrato por más de 80 mil millones de pesos para continuar esa labor en los próximos 15 años. Con ese contrato, la plata de la sobretasa ya quedó comprometida de aquí en adelante.

Lo más llamativo es que hasta ahora los contratos habían sido por períodos mucho más cortos, que la licitación fue exprés (tardó menos de tres meses) y se cerró a finales de diciembre con un solo proponente: la barranquillera Sistemas de Dragados y Construcciones. Otro interesado, P&P Ingeniería y Proyectos Ltda., pidió una prórroga de los plazos para que hubiera más de un proponente, pero el director de Corpamag, Orlando Cabrera, negó esa posibilidad.

La ganadora no es una empresa nueva en el sector, sino que existe desde 1988, y en los años recientes ha tenido contratos de dragado por varios miles de millones de pesos con Corpamag, el Invías, la CAR y Cormagdalena, aunque ninguno de ellos tan grande como el nuevo de la Ciénaga.

Con esa decisión, se quedaron sin un peso las otras tareas prioritarias que identificó el plan de manejo, como el ordenamiento de la pesca, los procesos de monitoreo, la solución de los conflictos por uso del agua con ganaderos y agricultores, y la labor de educación con los pobladores locales sobre qué es y cómo se conserva un humedal Ramsar – reserva de la biósfera.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2015-04-18 08:45
Y pensar que el promedio de dinero recibido "para el cuidado de la ciénaga" por parte de los peajes va en aumento. Cada peaje de la vía Santa Marta - Barranquilla cuesta ahora $9.500 para particulares =O
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Otros confidenciales recientes

Miércoles, Marzo 23, 2016 - 11:25
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La prestigiosa revista Harper´s, en su edición de abril -la cual acaba de salir- trae un artículo demoledor para Colombia. Porque, aunque muchos ya lo sospechaban, tener la prueba fehaciente duele más.

En un artículo sobre la futilidad de la guerra contra las drogas, el periodista Dan Baum le pregunta a John Ehrlichman, el asesor de política doméstica del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, sobre la guerra contra las drogas iniciada por su jefe de entonces ¿Su respuesta?

“¿Quiere saber de que se trató realmente?”... “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tenía dos enemigos: la izquierda que estaba en contra de la guerra y la gente negra ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra o ser negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizábamos ambos fuertemente, podíamos golpear ambas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, intervenir sus reuniones y estigmatizarlos noche tras noche en los noticieros de la tarde ¿Sabíamos que estabamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que sí”.

La guerra contra las drogas - cuyas motivaciones reales conocemos ahora- le ha costado a Colombia miles de vidas, cientos de miles de millones de pesos destinados a pelearla y ha financiado a paramilitares, guerrillas y delincuentes comunes.

Solo entre entre 1994 y 2008, según el estudio realizado por el experto en drogas Daniel Mejía, la guerra contra las drogas era responsable del 25 por ciento de la tasa de homicidios.

Eso traducido en personas, significa que solo en ese período -que no incluye los finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando más intensa fue la guerra contra las drogas- fueron asesinadas 53.200 personas. Esto sin contar las que murieron por cuenta de la guerrilla o los paramilitares. O las que pasaron su vida en la cárcel.

Ese fue el precio del cinismo de Nixon y sus asesores y de la forma como Colombia lo interiorizó.

Martes, Marzo 22, 2016 - 16:10
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El senador barranquillero de La U José David Name lanzó en las últimas horas una convocatoria para marchar este 2 de abril en contra de Electricaribe, la criticada prestadora del servicio de energía en siete de ocho departamentos caribe. Lo increíble es que ese mismo día es la marcha del uribismo en contra del Gobierno Santos, por lo que la movida de Name va a terminar ayudando a los opositores del Gobierno que dice defender.

Por los continuos cortes y problemas de voltaje, Electricaribe es una de las empresas menos queridas en la Costa, en donde sienten que Santos no ha sido capaz de meterla en cintura. Como el uribismo convocó su marcha con el lema “Yo tengo razones para decir no más ¿Cuál es tu razón?”, el llamado de Name parece ser una respuesta a los uribistas.

Evidencia de esa concidencia se puede ver ya en Twitter.

La coincidencia sorprende porque Name no es un senador cualquiera, sino de uno que acaba de ser presidente del Congreso por la coalición de Gobierno.

Por ello, ya se empiezan a despertar suspicacias, como la de un congresista importante de la Unidad Nacional que nos dijo: “No sé a qué juega Name, a lo mejor no está contento con algo en el Gobierno y esta es su forma de expresarlo”.

Consultado al respecto, Name nos dijo que no le pusiéramos “misterio” a su convocatoria, que él tiene las mejores relaciones con el Presidente y que “si no es el 2, que sea otro día, pero tenemos que protestar. Uribistas o no uribistas, estamos sufriendo con el tema eléctrico”.

No es la primera vez que Name termina de alguna manera relacionado con el uribismo. Al igual que casi toda la Unidad Nacional santista (incluyendo al Presidente) fue uribista en el pasado y en 2014, siendo presidente del Congreso, tuvo que salir a aclarar que no lo seguía siendo sino que estaba del lado del Gobierno, luego de que se hundiera un debate de control sobre parapolítica en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Domingo, Marzo 20, 2016 - 19:23
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Aunque para la designación de los gerentes de los hospitales en el país tiene que mediar un concurso de méritos que en el papel asegure que los más idóneos son los que van a llegar a dirigirlos, varios intereses políticos ya se están moviendo detrás de esas vacantes en Santander.

Así como la familia Aguilar, con la llegada de Richard Aguilar al ‘Palacio Amarillo’ en 2012 se quedó con esos cargos en el departamento, y en el periodo de Serpa los dirigentes de los hospitales fueron cercanos al Partido Liberal, en esta ocasión la administración de Didier Tavera también estaría moviéndose para poner fichas propias en los hospitales y devolverlos a su partido.

Si bien el concurso está siendo adelantado por la Universidad de Pamplona, cinco fuentes políticas, una de las cuales ha tenido injerencia en el sector de la salud, señalaron que esa no es una prenda de transparencia para la escogencia.

“Hay maneras de influenciar ese tipo de concursos. Solo basta mirar lo que está pasando con las elecciones de contralores y personeros en muchas partes del país para darse cuenta de lo que pasa con los concursos de méritos en muchas ocasiones”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

Aunque la crisis de la red hospitalaria de Santander en diciembre tocó fondo en todo el departamento y hay 19 centros en riesgo financiero, así como cuatro que entraron en un plan de recuperación fiscal que busca evitar que se cierren, los intereses detrás de los hospitales siguen siendo muchos.

Por una parte, manejan multimillonarios presupuestos que pueden invertir bajo un régimen de contratación mucho más laxo y por otra tienen bajo su mando un abultado personal (que se vuelve muy útil en temporada de campaña).

Pese a que la Secretaría de Salud del departamento llegó Claudia Amaya como ficha del senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, cuatro fuentes que se mueven en círculos políticos de Santander le dijeron a La Silla que la funcionaria se quedó sin la intervención directa en la coordinación del concurso para seleccionar a los gerentes.

El rol protagónico lo habría tomado Wilson Peña, asesor del despacho de Tavera, quien además de haber sido secretario de salud de Santander en el periodo de Horacio Serpa, está enfrentando cuestionamientos por la contratación de estudios que no sirvieron para la construcción de hospitales en el departamento cuando estaba a cargo de ese despacho.

La Silla conoció que la puja de intereses por los cargos en los hospitales ya pasó por un primer filtro.

Tres fuentes de adentro de Opción Ciudadana, le dijeron a este medio que aunque inicialmente se había planteado la posibilidad de que al grupo de Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil le dieran la gerencia del Hospital Universitario de Santander, ese escenario ya fue completamente descartado.

“Los liberales y específicamente Serpa cerraron todos esos espacios y los tienen completamente acaparados”, señaló una de las fuentes. Las otras dos dieron la misma versión.

Al ser consultado por La Silla, Peña negó que existieran intereses políticos en el proceso, explicó que su función para el caso del concurso es la coordinación de “algunos aspectos” (pero no precisó cuáles), y dijo que el “proceso de selección está blindado”.

Sobre su designación como asesor de Tavera y su cercanía con Serpa indicó que llegó por mérito propio al cargo y que el Senador “no tiene ningún tipo de influencia en el concurso”.

El 31 de marzo se vence el plazo para la salida de los gerentes actuales de los hospitales en todo el país; sin embargo, el concurso para esa fecha no estará completamente listo, por lo que deberán haber nombramientos provisionales

Mientras la crisis hospitalaria sigue latente y trabajadores del sector de la salud, así como estudiantes piden que se prioricen criterios técnicos para los nombramientos, los intereses políticos están llamados a tener peso decisivo en la selección de los gerentes.

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