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Martes Junio 15, 2021

Pese a que el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que a partir de hoy el Gobierno dejará de fumigar los cultivos de coca con glifosato, esta mañana el general Rodolfo Palomino anunció que los erradicadores de la Policía comenzarán a usarlo manualmente. Eso se suma a otra decisión del Ministro de Defensa que muestra que la nueva y progresista política antidrogas de Santos no va a ser tan fácil de implementar.

Hace apenas una semana Santos anunció que arrancaba “una Estrategia Integral que ataque el problema en todos sus frentes, con acciones concretas”, que incluye “llegar a un acuerdo con la comunidad para que erradique voluntariamente” y “si no se logra un acuerdo, se acudirá a la erradicación forzosa”. Un nuevo enfoque que va en línea con lo que plantea el acuerdo de drogas de La Habana, con lo que recomendó la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó el mismo Santos y con la idea de concentrar los esfuerzos en los eslabones más rentables de la cadena del narcotráfico.

La nueva estrategia de Palomino sorprendió a tres expertos en drogas y dos funcionarios del Gobierno consultados por La Silla pues su plan de dotar a los erradicadores manuales de un tanque de glifosato, como los que se usan en agricultura y que se llaman ‘cacorro’, no solo va en contravía con esa nueva política sino que ya ha sido desechado en el paso.

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, cuando Santos era ministro de Defensa, la Policía Antinarcóticos hizo un piloto con esos tanques, financiado por la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado gringo. Y terminó desechando la idea porque le generaba intensos dolores de espalda a los fumigadores y porque es muy difícil conseguir en terreno las cantidades abundantes de agua que requiere la mezcla con glifosato que se asperja. (Eso sin contar que tendrían que contratarse miles de erradicadores para cubrir el área que asperjaba un avión y que la erradicación ha dejado un número alto de víctimas de minas antipersonal y ataques de francotiradores). 

Ese anunció también sorprendió porque la Policía nunca la llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el que por ley debe tomar la decisión sobre la nueva política de drogas. Y porque no tiene, como también manda el Estatuto antinarcóticos, el visto bueno obligatorio de las autoridades de salud y ambiente.

El anuncio de Palomino se suma al que hizo hace un mes el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en el Congreso, explicando que la nueva estrategia antidrogas consistiría en aumentar de 16 a 60 los grupos de erradicación manual forzosa, una idea que la Policía defendió en el Consejo Nacional de Estupefaciente- y que también va en contravía de la nueva política que anunció el Presidente.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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