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Sábado Febrero 27, 2021

A pesar de que la política de restituirle las tierras a los campesinos que fueron despojados avanza muy lentamente y por ahora ha beneficiado a muy pocos, un estudio que no se ha publicado muestra que la mayoría de víctimas sabe que existen estos beneficios pero siguen con mucho temor de regresar.

Eso según la primera encuesta que se hace entre víctimas del despojo de tierras, que lideró el Observatorio sobre Restitución de Tierras dirigido por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín y montado por cinco universidades, que usó un modelo estadístico especial para poder mapear a una población muy dispersa. Hasta ahora sus resultados sólo han sido compartidos con los funcionarios del Gobierno que trabajan con víctimas.

La encuesta muestra que aproximadamente cuatro de cada cinco campesinos despojados ya saben que la ley de restitución (que cumplió tres años) existe y que pueden convertirse en sus beneficiarios, en su gran mayoría porque se enteraron vía televisión y radio. Eso significa que las Unidades de Restitución y de Víctimas han hecho un trabajo exitoso en divulgación.

Sin embargo, el miedo sigue siendo el gran palo en la rueda de una de las políticas bandera del gobierno Santos. Un 83 por ciento de los encuestados dice que, tras recuperar sus tierras, teme verse obligado a volver a abandonarlas. 

Ese porcentaje es un par de puntos más alto entre las mujeres y es más alto en la Costa Caribe y en Bogotá.

Dos de cada cinco campesinos desplazados en Bogotá reportaron haber sido amenazado y el 91 por ciento teme ser victimizado de nuevo, cifras que son de uno de cada cinco y del 79 por ciento en los departamentos caribeños. Por esta razón, solo piensan seriamente en regresar el 28 por ciento de los despojados que viven en la Costa y el 36 por ciento de los que están en Bogotá.

Como las víctimas despojadas y desplazadas son un grupo muy disperso y difícil de identificar, Gutiérrez Sanín y su equipo recurrieron a una metodología poco convencional llamada marco muestral de redes (o RDS por 'respondent driven sample'), que permite construir la red de relaciones de una persona y que es muy útil para mapear a las poblaciones que permanecen ocultas -por estigmas sociales o porque son difíciles de detectar- como consumidores de drogas o enfermos de VIH / Sida.

Es decir, según esos resultados, la restitución muestra avances en términos de llegarle a las víctimas pero sigue existiendo mucho escepticismo sobre el retorno.

Este es el informe preliminar.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2014-12-07 15:35
En la vereda Tillava del municipio de Puerto Gaitan Meta 'la gran mayoria de los casos son promovidos por falsos reclamantes, quieren olvidar que fueron raspachines de Coca,y con mentiras ante restitucion de tierras regional Meta, pretender quitarle la tierra a Campesinos y VICTIMAS del conflicto armado, ES un caso para analizarlo el 9 de diciembre DÍA anticorrupion de las Naciones Unidas
Vie, 2014-11-07 11:49
La Encuesta Nacional de Victimas realizada (pero aun no difundida) en el 2013 por la Contraloria tiene los mismos datos. Ademas, aunque las condiciones eran mejores para las personas en su lugar de origen en términos de familia, productvidad y vivienda, no quieren retornar por tres razones: seguridad, salud y educación. http://www.contraloriagen.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/encuesta-victimas Esos resultados obligan a una urgente revision de la política de retorno y a la politica de restitución del Gobierno.
Jue, 2014-11-06 21:21
Psss si los medios, oposición, ONGs, etc etc sienten miedos constantes y q tienen la posibilidad de ser protegidos x lo menos más rápido q tarde, q podemos esperar de los dsplazAdos. Paralelo a este temor creo q la encuesta se quedo corTa al no consultar sobre esos desplazados q ya la ciudad absorvio con todas sus ventajas y desventajas. Dentro de estos " ya absorbidos" deben aparecer los grupos de edad más jóvenes, a los q las ciudades les queda más fácil adaptarse x lo llamativo de lo novedoso, cosa diferente en los grupos de mayor edad q si añoran regresar a su tierra. Como sea, creo q aún en el estado más optimista de la restitución, serán muchos los campesinos q definitivamente serán CIUDAD..DANOS.
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Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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