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Sábado Febrero 27, 2021

A pesar de que la política de restituirle las tierras a los campesinos que fueron despojados avanza muy lentamente y por ahora ha beneficiado a muy pocos, un estudio que no se ha publicado muestra que la mayoría de víctimas sabe que existen estos beneficios pero siguen con mucho temor de regresar.

Eso según la primera encuesta que se hace entre víctimas del despojo de tierras, que lideró el Observatorio sobre Restitución de Tierras dirigido por el sociólogo Francisco Gutiérrez Sanín y montado por cinco universidades, que usó un modelo estadístico especial para poder mapear a una población muy dispersa. Hasta ahora sus resultados sólo han sido compartidos con los funcionarios del Gobierno que trabajan con víctimas.

La encuesta muestra que aproximadamente cuatro de cada cinco campesinos despojados ya saben que la ley de restitución (que cumplió tres años) existe y que pueden convertirse en sus beneficiarios, en su gran mayoría porque se enteraron vía televisión y radio. Eso significa que las Unidades de Restitución y de Víctimas han hecho un trabajo exitoso en divulgación.

Sin embargo, el miedo sigue siendo el gran palo en la rueda de una de las políticas bandera del gobierno Santos. Un 83 por ciento de los encuestados dice que, tras recuperar sus tierras, teme verse obligado a volver a abandonarlas. 

Ese porcentaje es un par de puntos más alto entre las mujeres y es más alto en la Costa Caribe y en Bogotá.

Dos de cada cinco campesinos desplazados en Bogotá reportaron haber sido amenazado y el 91 por ciento teme ser victimizado de nuevo, cifras que son de uno de cada cinco y del 79 por ciento en los departamentos caribeños. Por esta razón, solo piensan seriamente en regresar el 28 por ciento de los despojados que viven en la Costa y el 36 por ciento de los que están en Bogotá.

Como las víctimas despojadas y desplazadas son un grupo muy disperso y difícil de identificar, Gutiérrez Sanín y su equipo recurrieron a una metodología poco convencional llamada marco muestral de redes (o RDS por 'respondent driven sample'), que permite construir la red de relaciones de una persona y que es muy útil para mapear a las poblaciones que permanecen ocultas -por estigmas sociales o porque son difíciles de detectar- como consumidores de drogas o enfermos de VIH / Sida.

Es decir, según esos resultados, la restitución muestra avances en términos de llegarle a las víctimas pero sigue existiendo mucho escepticismo sobre el retorno.

Este es el informe preliminar.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2014-12-07 15:35
En la vereda Tillava del municipio de Puerto Gaitan Meta 'la gran mayoria de los casos son promovidos por falsos reclamantes, quieren olvidar que fueron raspachines de Coca,y con mentiras ante restitucion de tierras regional Meta, pretender quitarle la tierra a Campesinos y VICTIMAS del conflicto armado, ES un caso para analizarlo el 9 de diciembre DÍA anticorrupion de las Naciones Unidas
Vie, 2014-11-07 11:49
La Encuesta Nacional de Victimas realizada (pero aun no difundida) en el 2013 por la Contraloria tiene los mismos datos. Ademas, aunque las condiciones eran mejores para las personas en su lugar de origen en términos de familia, productvidad y vivienda, no quieren retornar por tres razones: seguridad, salud y educación. http://www.contraloriagen.gov.co/web/seguimiento-en-tiempo-real/encuesta-victimas Esos resultados obligan a una urgente revision de la política de retorno y a la politica de restitución del Gobierno.
Jue, 2014-11-06 21:21
Psss si los medios, oposición, ONGs, etc etc sienten miedos constantes y q tienen la posibilidad de ser protegidos x lo menos más rápido q tarde, q podemos esperar de los dsplazAdos. Paralelo a este temor creo q la encuesta se quedo corTa al no consultar sobre esos desplazados q ya la ciudad absorvio con todas sus ventajas y desventajas. Dentro de estos " ya absorbidos" deben aparecer los grupos de edad más jóvenes, a los q las ciudades les queda más fácil adaptarse x lo llamativo de lo novedoso, cosa diferente en los grupos de mayor edad q si añoran regresar a su tierra. Como sea, creo q aún en el estado más optimista de la restitución, serán muchos los campesinos q definitivamente serán CIUDAD..DANOS.
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Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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