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Miércoles Octubre 23, 2019

La semana pasada el ex viceministro Guillermo Reyes, uno de los favoritos al puesto de Registrador, se defendió de las acusaciones de plagio al fallecido jurista Juan Fernando Jaramillo y le dijo a La Silla que éste “jamás pensó en hacer una discusión jurídica o legal, porque él nunca sintió que se le estaban soslayando sus derechos como autor”. Sin embargo, su viuda Gabriela Vargas dice que eso no es cierto.

Como contó La Silla, el libro "El nuevo orden político y electoral en Colombia" que Reyes lanzó en 2004 -cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral- incluyó casi cuatro capítulos copiados al pie de la letra de un texto que Jaramillo había publicado siete años antes, sin ninguna cita a pie de página o referencia bibliográfica que hiciera explícita la fuente original.

A pesar de que el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fundador de Dejusticia le escribió una carta a la Fundación Konrad Adenauer alemana -que editó el libro- protestando por el plagio, Reyes volvió a copiar varios de esos mismos pasajes en un artículo de 2014, de nuevo sin citarlo. Dos plagios que, como planteó el jurista Rodrigo Uprimny en su columna ayer, ponen en duda la idoneidad de Reyes para el cargo de Registrador.

Reyes explicó ambas situaciones como omisiones, diciéndole a La Silla que había conversado largamente del tema con el jurista antioqueño, que había presentado una fe de erratas apenas le llegó su carta, que esos errores se habían corregido en una reedición del libro publicada por la editorial familiar de los Jaramillo y que la editorial que publicó su artículo el año pasado tuvo la culpa de que no se incorporara la fe de erratas que él les había entregado.

Esas explicaciones motivaron a su viuda a responderle públicamente.

“El señor Reyes, en su respuesta a la noticia de plagio publicada por ustedes, da a entender que Juan no vio problema alguno, como tampoco lo ve su familia hoy en día, en la utilización indebida de apartes de su libro.  Pero eso no es cierto; todos nosotros hemos sentido un gran disgusto con el plagio hecho por el señor Reyes”, escribió Gabriela Vargas, la esposa de Juan Jaramillo, en una carta que le envió a La Silla, señalando que si hubiera sido una omisión habría por lo menos una referencia bibliográfica.

También explicó que Unión Gráfica no es una editorial sino una impresora y que, por lo tanto, no puede tener responsabilidad por los textos de Reyes.

“Juan estuvo muy mortificado por el plagio, lo comentó en repetidas ocasiones con amigos y colegas (...) Creo que siete años son suficientes para corregir cualquier omisión y me atrevo a decir que, al ver nuevamente vulnerados sus derechos de autor Juan sí hubiera pensado en una discusión jurídica y legal y en este sentido me parece irrespetuoso que el señor Reyes hable en su nombre afirmando lo contrario”, remata Vargas.

Esta es su carta:

Respuesta Reyes LSV by lasillavacia

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Lun, 2015-10-05 21:06
El que diga que Reyes no es el mejor candidato a Registrador, no se ha detenido a examinar todas las virtudes que adornan a este egregio varón. A mi juicio, él es el masindicado. Si, sindicado. Además quién mejor que él para reemplazar a Ariel, otro espejo de virtud ciudadana y ejemplo vivo de un demócrata consumado. O consumido, ....por el licor. Cuanto registrador se vió envuelto en acusaciones graves por alterar los resultados locales, Ariel lo castigó con severidad, no abriéndole nin guna investigación disciplinaria, sino ascendiéndolo a otra registraduría de mayor rango. Era muy duro cuando impartía castigos. Lo grave es que esa conducta ha hecho que cada vez que tenemos elecciones, los electores se subleven y haya incendios y conatos de asonadas y nunca nadie dijo nada. Nunca lo investigaron, ni le abrieron procesos, porque eso de premiar a los registradores delictuosos, pudo llevar a este país a un incendio de grandes proporciones. Desde su cargo se convirtió en un instigador.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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