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Miércoles Octubre 21, 2020

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Cuando todavía faltan ocho meses para las elecciones de octubre, varios concejales de Bogotá han anunciado que no van a buscar la reelección. Sin embargo, algunos de ellos tratarán de quedarse en el cabildo, así sea en cuerpo ajeno, apoyando a sus familiares.

Estos son los que se van y los que suenan para reemplazarlos porque por ahora los partidos no han entregado los avales:

Instrucciones: haga clic en las flechas para saber quién quiere llegar a reemplazar al Concejal que deja su curul.

LOS QUE SALEN

Liliana de Diago

La familia Diago, que hoy está en el concejo con Liliana de Diago por el partido de La U, ya tiene inscrita a su hija, Diana Diago en las listas del Centro Democrático al Concejo. Aunque ese partido todavía no le ha garantizado un cupo, si lo logra, -algo que se sabrá después de la convención uribista en abril- este sería la tercera persona con apellido Diago que aspira al cabildo. El primero fue Leo César Diago, concejal liberal entre 1998 y 2003 y quien estaba en el grupo político de Fernando Botero, el ex ministro de Defensa del expresidente Samper, condenado por el proceso 8.000. En el 2007, su esposa Liliana heredó su curul, pero cuando intentó repetir en el 2011 se quemó con 10.913 votos. Volvió al Concejo en octubre de 2013, cuando el ex concejal Andrés Camacho Casado renunció por el ‘Carrusel de Contratación’ en Bogotá. En el 2013, Julio Gómez también mencionó a la actual concejal, Liliana de Diago en el mismo escándalo.

 

Dario Fernando Cepeda

Otro de los concejales que por ahora no tiene muy claro si se va a lanzar o no para repetir la curul es Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical, otro de los mencionados en el ‘Cartel de Contratación’. Después de que su esposa Luz Marina Gordillo se lanzó el año pasado a la Cámara de Bogotá por el Partido Liberal y se quemó con 16.515 votos, el aval de Cambio para Cepeda está en entredicho. Sin embargo, cuatro fuentes distintas le confirmaron a La Silla que Gordillo se va a volver a lanzar, esta vez al Concejo y otra vez, por el liberalismo. Eso significaría un golpe para la lista de Cambio, cuyo mayor elector en 2011 fue Cepeda.

 

Germán García

García está en el concejo desde el año 2000, antes fue edil de la localidad de Engativá, donde tiene su fortín y es dueño junto con su familia de la Clínica Partenón. Su primo César es concejal de Cambio Radical desde 2011, pues la familia tuvo una división hace algunos años.

 

Orlando Santiesteban

Aunque todavía no es oficial si Javier va a reemplazar a su hermano Orlando Santiesteban, actual concejal del Polo, o si ambos se van a lanzar, el apellido Santiesteban quiere quedarse en el Concejo aunque desde polos opuestos. La familia Santiesteban tiene fortines políticos en Suba y en Engativá con el apoyo de las bases de maestros de los colegios privados de los que la familia es dueña. Orlando tiene una curul en el Concejo por el Polo desde el 2004 pero su reelección está en veremos porque hizo campaña abiertamente con Óscar Iván Zuluaga y el uribismo en las elecciones del año pasado y no es claro que el Polo le vuelva a dar el aval.

 

Severo Correra

El actual concejal de La U Severo Correa tiene a su hijo mayor, Carlos Andrés, en la Cámara de Representantes. Y ahora le ha dicho a personas cercanas a que no aspirará otra vez al Concejo en octubre y , en su lugar, pondrá a otro de sus hijos. Correa ha sido elegido consecutivamente desde 1990, primero como conservador y luego por La U en 2007, y fue uno de los concejales consentidos de la Administración de Samuel Moreno.

 
LOS QUE ASPIRAN

Otros confidenciales recientes

Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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