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Lunes Julio 06, 2020

En el foro del miércoles sobre el proceso de paz en el que Kofi Annan era el invitado central, el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo echó un discurso en el que, sin mencionarla directamente, se refirió a propuesta de "justicia transicional para todos" de César Gaviria. Jaramillo dejó el mensaje de que lo que viene no implicará "un intercambio de impunidades", como se ha interpretado la propuesta del ex presidente.

El Alto Comisionado dijo que la paz dependerá de que haya acuerdos razonables en materia de justicia y víctimas, y de armas, verificación y condiciones de seguridad, y de que exista una voluntad compartida por todos de aterrizar lo acordado en los territorios.

Dijo, además, que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan les recomendó un tribunal para la terminación del conflicto que administre la justicia transicional, que -para Jaramillo- dará seguridad jurídica pero también responderá a las víctimas.

Es una propuesta similar a la que planteó en una entrevista con La Silla Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y asesor de la oficina de Jaramillo en temas de justicia transicional; y que es central para que el proceso no termine en el intercambio de impunidades.

Por último, Jaramillo especificó los requisitos que ve él en una eventual Comisión de la Verdad, que no van en la línea de quienes abogan por más verdad y menos justicia. "No puede ser ejercicio automático y mecánico, donde fin de conflicto igual a comisión de la verdad. Muchos países han hecho ese ejercicio, con frecuencia de forma impecable, pero -cuando uno mira la realidad- no es evidente que hayan tenido un verdadero efecto sobre la vida política", dijo en el foro organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj).

Que todo esto tenga impacto para toda la sociedad dependería, para Jaramillo, de dos cosas que, de nuevo, evitarían un simple punto final para los dos lados.

Primero, que haya una participación amplia que incluya a las víctimas en una manera que las dignifique, de la sociedad civil para que no sea discusión entre sabios y engrane con la vida social del país, y de los combatientes (para que respondan a las víctimas y den su versión de los hecho), pero también en una forma que los dignifique). Porque, según el Alto Comisionado, "sin dignidad no es posible llegar a un acuerdo y una terminación del conflicto, ya que ante todo este es un acuerdo político".

Y segundo, el reconocimiento de responsabilidades dado que -según Jaramillo- "en Colombia tenemos mucho conocimiento, pero muy poco reconocimiento". De modo que se necesitan espacios donde ganaderos en Córdoba puedan admitir que apoyaron a los paras, que los comerciantes en Caquetá cuenten que apoyaron a las Farc, que los funcionarios del Estado reconozcan cuando fallaron.

Jaramillo, que se inventó el concepto de 'la paz territorial' que atraviesa el proceso, cree que "si esos ejercicios los hacemos en territorios, se encuentran en esos espacios donde están dispuestos a reconocer y a contribuir a la verdad, habrá un fundamento crucial para construir paz".

Es decir, sí a una justicia transicional pero no en los términos en que Gaviria la planteó.

Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 10, 2016 - 12:23
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A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.

Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país  y la construcción de paz.

Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.

Esta es la carta:

 

Carta Tomás González by lasillavacia

Martes, Marzo 8, 2016 - 12:02
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El viernes pasado, el alcalde de Valledupar Augusto 'Tuto' Uhía volvió a demostrar con la adjudicación del contrato de transporte escolar que es agradecido con quienes lo apoyaron en campaña y que los ‘lleva en coche’ desde los primeros meses de su mandato. Después que el Concejo, donde la coalición mayoritaria lo respalda, escogió como contralor municipal a uno de los financiadores de su proyecto político, Uhía premió con un contrato de $2.084 millones de pesos a otro hombre clave de su candidatura.

Se trata de Reinaldo Carvajal Riveira, quien junto a su hermano Rubén ‘Ava’ Carvajal (exalcalde de Valledupar y constructor), respaldó públicamente la candidatura del actual mandatario. De hecho, ‘Ava’ tiene desde el primero de enero participación en el gabinete a través del secretario de Obras Juan Pablo Morón.

Ahora el turno fue para Reinaldo, representante legal del consorcio Transportes Especiales de Valledupar y quien ha sido contratista en administraciones anteriores y en varios municipios del Cesar. La Alcaldía de Uhía le adjudicó, para todo 2016, el servicio de transporte escolar de los niños y adolescentes que viven en el área rural y los sectores menos favorecidos de Valledupar.

La empresa Transportes Carvajal Ltda, propiedad de Carvajal Riveira, tiene el 75% de participación en el consorcio, mientras que el 25% restante está en manos de la Sociedad de Transportes del Caribe SAS, empresa con Cámara de Comercio guajira que también ha sido contratista en otros municipios del Cesar.

El consorcio ganador se impuso sobre otros dos proponentes, a los que la Alcaldía terminó rechazando (Unión Temporal Valledupar Unida) y declarando  inhabilitados (Cooperativa de Transportes Colectivos del Cesar), después de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.

Desde que se hizo público el nombre del ganador del contrato, la adjudicación ha sido interpretada en Valledupar como un agradecimiento más que, de frente, el alcalde le hace a otro de sus amigos de campaña, tal como ocurrió con la elección del contralor municipal, en enero.

Como contó La Caribe, el Concejo de Valledupar eligió para el puesto de contralor al abogado Álvaro Luis Castilla Fragoso, uno de los financiadores de la campaña de Uhía: le puso $120 millones, según registros del portal Cuentas Claras. Y es también miembro del comité inscriptor del grupo significativo 'Avanzar es posible', que avaló la candidatura de Uhía.

El actual alcalde de Valledupar le debe, principalmente, su silla al representante conservador Alfredo Ape Cuello, quien lo financió, le puso votos y le brindó apoyo logístico.

Lunes, Marzo 7, 2016 - 16:56
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Aunque lo usual es que lo hagan dos funcionarios, con seis guardias en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, el Inpec vigila que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez no se vaya a escapar. Como se sabe, desde el pasado 26 de febrero está allí en una habitación por problemas cardíacos y bajo observación porque los médicos no descartan tener que operarlo.

En principio, Kiko fue trasladado al hospital para que le realizaran una valoración cardíaca (un cateterismo), le dijo el Inpec a La Silla. Pero los médicos optaron por no regresarlo a La Picota porque encontraron que padece angina inestable y arritmia cardíaca. Por ese diagnóstico, y según cómo evolucione, el exmandatario podría ser intervenido los próximos días.

Consultados sobre las garantías de seguridad de Kiko en el hospital, el Inpec -la entidad encargada de responderle al país si un recluso huye- le aseguró a La Silla que el exfuncionario está fuertemente custodiado por los hombres del grupo especializado en remisiones y custodias clínicas, Gropes. Se trata de funcionarios que cuentan con un entrenamiento especial y dotación distinta a la usada por el resto de guardianes del Inpec.

El abogado Iván Cancino, que defiende a Kiko en la investigación por el crimen del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta, le dijo a La Silla que el exmandatario está tan custodiado que ni la esposa ha podido verlo.

A Diana López Zuleta, hija del exconcejal asesinado, le causa suspicacia la hospitalización de Kiko. En su cuenta de Twitter escribió que “se le da por  enfermarse días antes de los alegatos de conclusión por el homicidio de mi papá, entre otros delitos”.

Al desprestigiado político la justicia lo procesa además por posibles vínculos con bandas criminales y por otros 14 homicidios.

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