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Sábado Julio 11, 2020

Hace una semana el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo firmó un decreto que permite que las truchas y las tilapias sean considerados como especies locales, lo que para muchos expertos pone en riesgo la biodiversidad del país, aunque le facilita la vida a los cultivadores de esos peces.

El decreto, que también firmaron los ministros de Agricultura Aurelio Iragorri y de Comercio Cecilia Álvarez-Correa, busca fomentar la acuicultura. Para ello, declara esas dos especies como peces domésticos (a pesar de que la trucha llegó a Colombia en los años 30 y la tilapia en 1986) lo que, según los científicos, significa que para criarlas ya no se necesitará licencia ambiental.

Eso le facilitará la vida a quienes las crían, que hoy tienen otras restricciones que revisan las CAR: no pueden liberarlas a la naturaleza, tienen que hacer las piscinas lejos de cuerpos de agua y tienen que pedirle a las corporaciones autónomas un permiso conocido como concesión de agua.

Con el decreto, las CAR saldrían del panorama y solo los vigilaría la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

El lío es que esa decisión, en el caso de truchas y tilapias, va en contravía de la opinión de los expertos y del mismo gobierno.

Hay al menos cuatro libros publicados por el gobierno Santos- que señalan que la trucha y la tilapia son especies de alto riesgo y a que la introducción de especies invasoras (como eran consideradas hasta ahora) es la segunda mayor causa de pérdida de biodiversidad en el país. Y en una resolución en 2008, el Ministerio de Ambiente incluyó dos tipos de rucha y dos de tilapia dentro de una lista de las 20 especies invasoras de mayor cuidado.

Además, la medida dejaría sin piso el protocolo de análisis de riesgo para especies introducidas y trasplantadas, que elaboraron en 2011 los institutos de investigación del Gobierno y varias universidades.

“Es ética y moralmente un adefesio y no debió firmarla el ministro de Ambiente, que debe proteger la biodiversidad. Viola todas las normas de control y manejo de biodiversidad, que pasan a un segundo plano en función de una decisión de intereses económicos, y viola la Convención Internacional sobre Biodiversidad”, le dijo a La Silla el biólogo marino Francisco Gutiérrez, profesor especialista en acuicultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que hizo su tesis doctoral sobre especies introducidas y foráneas.

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Gabriel Vallejo López
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Sáb, 2015-09-19 14:25
las CAR estan en la obligacion ambiental y de sustenibilidad de proteger la bidiversidad,,,,por favor señores,,,ayudemos tambien nosotros a protegela bidiversidad,,,,no a las especies nuevas,no,,,
Jue, 2015-09-17 22:15
La silla vacia dice: Como proyecto periodístico, lasillavacia.com es un espacio de información veraz, debate y pluralismo ideológico cuya idea es aportar a la construcción de la historia del país presente desde una óptica independiente, amplia y ajustada a los criterios de verificación a los que toda información debe responder. Es preocupante tanta desinformación, es bien sabido que en este país la acuicultura que es de interés nacional en casi todos los países del mundo, en Colombia no se puede desarrollar por que la entidades ambientales decidieron que la trucha después de 76 años de haber sido introducida al país (1939) por el gobierno para solucionar problemas de seguridad alimentaria y desarrollar la acuicultura y la tilapia introducida en 1978 con los mismos propósitos, en 2008 en Minambiente las declaró exóticas invasoras por que pueden dañar los ecosistemas. Sera que que durante los 76 años y los 37 años respectivamente el daño no lo hicieron.
Vie, 2015-09-18 08:35
El tema es mucho más profundo que hablar de truchas y tilapias. Con la aplicación de este Decreto se vuelven nugatorias todas las normas que exigen licencia ambiental para las especies introducidas, es decir, se abre la puerta a que pueda entrar cualquier especie foránea a nuestro territorio, ¿que puede significar esto?, que en el futuro se declaren como domesticadas especies de peces modificados geneticamente, más voraces y destructivos que los que existen en el momento. Es una muestra clara del afán causado por la ambición al dinero al no importar poner en peligro de extinción miles de especies de organismos nativos de nuestro país. ¿Para qué entonces nos ponen a ver Magia Salvaje? Para que en unos años solamente queden documentos históricos de las riquezas en biodiversidad que teníamos antes de competir en la producción de especies invasoras. Yo no quiero peces nativos en libros, quiero que sigan manteniendo el equilibrio natural de los ecosistemas que dejaremos a la descendencia!
Jue, 2015-09-17 16:05
Los asuntos técnicos o científicos pasan a un segundo plano cuando se trata de tomar decisiones que implican dinero. Los ministros y los funcionarios de las corporaciones lo hacen sin que les tiemble la mano y sin reato de conciencia alguno. Luego, cuando hayan salido del cargo, se dedicarán a escribir columnas en las que el tema principal es cuestionar todas las políticas ambientales del gobierno de turno y a dar consejos de cómo detener los desastres ambientales, que extrañamente olvidan, que fueron propiciados por ellos mismos. La eterna incoherencia de nuestra gente que una cosa es lo que piensa, otra lo que dice y otra, muy distinta, lo que hace. Valdría la pena que fueran citados estos dos ejemplares al senado, claro, si es que alguno de nuestros senadores sabe del tema. Lo dudo. No solo lo de la citación, sino también que algun congresista conozca del asunto.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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