LA SILLA VACIA

Cerca de 15 mil estudiantes de la Universidad de Cartagena completan un mes sin clases por un paro en el que exigen mejores condiciones académicas y de infraestructura y, lejos de vislumbrarse una solución, esta semana la situación empeoró con el anuncio de la suspensión del semestre hasta el 26 de octubre para aquellos programas que sigan por fuera de las aulas.

Lo que hasta ahora no se ha dicho es que parte del origen de la protesta podría estar en las promesas burocráticas que hizo el actual rector Édgar Parra para hacerse elegir en junio del año pasado, y que generaron algunos de los inconvenientes por los que hoy se quejan los estudiantes.

Resulta que todo comenzó porque los universitarios arrancaron semestre sin la planta de profesores completa, porque no estaban listas todas las resoluciones de nombramiento de los catedráticos ni de los profesores en propiedad.

Parte de los nombrados ingresaron tras un concurso docente que convocó 30 plazas, pero terminó con nueve desiertas porque, según le dijeron a La Silla dos fuentes de adentro de Unicartagena, el rector no pudo nombrar en ellas a personas de su círculo cercano.

En cambio, en gran parte de las otras 21 sí ingresaron docentes cercanos a él porque el perfil de la convocatoria les fue ajustado, según nos dijeron esas dos fuentes que consultamos.

Las dos fuentes nos aseguraron que muchos de los requisitos generaron suspicacias porque desde el mismo momento en que se hizo público el concurso en algunos sectores de la universidad se decía que esas plazas ya tenían nombre y apellido.

De hecho, el concurso docente se desarrolló en medio de varias tutelas de participantes que argumentaron la violación al debido proceso y del derecho al trabajo. Una de esas tutelas la interpuso la aspirante Paola Mouthón Ramos, quien obtuvo el mejor puntaje para la plaza en Administración de Empresas, pero terminó siendo descartada sin explicación alguna según ella.

A raíz de esa tutela, un juzgado laboral de Cartagena le ordenó en agosto pasado al Ministerio de Educación investigar lo que estaba ocurriendo al interior de la institución.

El concurso no es la única sombra alrededor del rector, quien ha estado vinculado a la universidad los últimos 20 años como docente, llegó en junio pasado a la rectoría tras ser elegido en medio de ruidos de haber prometido varios puestos para poder convertirse en el sucesor de  Germán Sierra.

A los pocos meses de su llegada aumentaron las suspicacias porque comenzaron a darse unas movidas burocráticas, que sus críticos interpretaron como el pago de favores por su nombramiento. Por ejemplo, creó cuatro vicerrectorías para dejar a la Unicartagena con un total de siete. Oficinas que aumentaron la nómina en número de empleados y en sueldos de quienes ascendieron como vicerrectores.

También creó al menos cinco jefaturas de sección, varias de ellas ocupadas hoy por personas de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa como se hacía antes, lo que ha despertado más comentarios de pagos de favores a personas de su círculo.

Llamanos a Unicartagena para conocer qué respondía el rector a estos señalamientos, pero seguimos sin recibir respuesta.

Este fin de semana la Defensoría del Pueblo de Bolívar espera que tanto estudiantes como el rector acepten su propuesta de negociación para que se reinicien cuanto antes las clases. Sin embargo, ambos grupos están en orillas tan opuestas que la salida a la crisis todavía no se ve clara.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Dom, 2015-10-04 07:30
Por el camino politiquera que va la U de C, terminara cerrándose. Cuentan los que saben su historia y en los corrillos de la propia U , que esta trágica comedia empezó con los rectores Manuel sierra, Sergio hernandez, Germán sierra y el actual, con la voracidad politica de los RAAD, con gobernador a bordo y hermano contratista de todas las obras, y pésimos gobernadores e ineptos como Mendivil, Berrio, Bernal y otros!!Que dirá el gobernador actual como presidente del consejo superior para solucionar esta crisis? o es mas importante el festival de JAZZ que la educacion y salvar a la única universidad publica de la ciudad? y los científicos y ahora críticos columnistas porque están callados? doble moral?
Dom, 2015-10-04 15:10
Ha nombrado a varios empleados en cargos como Profesional Universitario sin tener los requisitos. y siguen en el mismo cargo de empleados administrativos, y mucho empleados que llevan varios años en encargados y eos puestos son temporales.
Dom, 2015-10-04 15:06
Pero la administracion de Parra Chacon ha sido peor que las anteriores ha nombrado a varios empleados en encargos en los ultimos grados para subirles el sueldo haciendo exactamente las mismas labores y en el mismo cargo y a unas secretarias les hizo encargos como Tecnicos y siguen en el mismo cargo como secretarias.
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Otros confidenciales recientes

Viernes, Enero 22, 2016 - 12:27
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El viceministerio de agua, que quedó vacante porque la viceministra Maria Carolina Castillo pasó a ser secretaria de Hábitat de Bogotá, está entre dos aspirantes, ambos ex alcaldes: Carlos Eduardo Correa, conservador de Montería, y Jorge Eduardo Rojas, de La U y de Manizales. La decisión la tomará Presidencia dentro de las próximas dos semanas, cuando Correa y Rojas regresen de vacaciones.

Con esa decisión no solo se definirá el nombre del encargado de liderar la política pública de acueductos y basuras del país, sino que el Gobierno le hará un guiño a una de las dos regiones y a algún grupo político, que Santos necesita tener de su lado para sacar la eventual reforma tributaria.

Si elige a Rojas (a quien Juan Manuel Santos elogió públicamente en el Congreso de Infraestructura de noviembre, al decir que  “Manizales es una fábrica de buenos alcaldes”) el empujón será para el representante Hernán Penagos, ex presidente de la Cámara, y posiblemente también para el senador y próximo presidente del Congreso Mauricio Lizcano, ambos de La U.

Si escoge a Correa, el gran beneficiado será David Barguil, el presidente del directorio nacional conservador y quien, como director del partido, ha estado explorando la entrada de ese partido a la Unidad Nacional.

Jueves, Enero 21, 2016 - 16:55
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Aunque fueron fórmula en las regionales pasadas y desde el  primero de enero gobiernan en llave, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y el gobernador del Atlántico Eduardo Verano vuelven a tener un choque de criterios, como ocurrió hace ocho años, cuando también eran mandatarios, por la prohibición del porte legal de armas.

En esta ocasión, a Char no le convence el ‘plan desarme’ promovido por Verano desde el lunes pasado para las fiestas de Carnaval, y que a esta hora socializa con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en un consejo de seguridad ciudadano que se celebra en Barranquilla. En él participan Char, los alcaldes de los municipios atlanticenses, los secretarios del Interior, la Fiscalía y miembros del Ejército y la Policía.

El lunes, un día antes de que el presidente Santos anunciara que el porte legal de armas quedaba prohibido hasta diciembre en todo el país, Verano había propuesto un desarme de una semana, comenzando el 9 de febrero (Sábado de Carnaval en el Atlántico). Lo hizo argumentando que con el consumo de licor aumentan las riñas en el departamento, especialmente los dos primeros días de fiesta.

El liberal cree que pueden repetirse los buenos resultados de seguridad que esa iniciativa dejó durante su primera administración, entre 2008 y 2011, cuando disminuyeron las agresiones.

En cambio, a Char esa propuesta poco lo convence. El alcalde opina que quienes terminan desarmados son los ciudadanos que las portan legalmente porque necesitan protegerse, mientras que los delincuentes siguen usándolas.

Char es conocido desde su primera administración por su mano dura en materia de seguridad y más recientemente por anunciar la llegada del Ejército a las calles de Barranquilla, a partir del primero de febrero, para contrarrestar los indicadores de homicidios y atracos.

Ahora que Santos anunció que la prohibición, vigente hasta este 31 de enero, será prorrogada, Barranquilla deberá acogerla, pese a las dudas del alcalde.

Mientras el presidente expide el nuevo decreto, Verano le apuesta a un desarme departamental para que a los municipios del Atlántico las fiestas de Carnaval los coja sin armas, le explicó a La Silla uno de los asesores de prensa del mandatario.

Jueves, Enero 21, 2016 - 13:44
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Martha Cecilia Guarín Lizcano, una abogada que hizo parte de la controvertida administración de Lucho Bohórquez, saltó al equipo de Rodolfo Hernández y aterrizó en la Secretaría Jurídica del municipio.

La llegada de Guarín a la administración de Hernández se da luego de que hubiera transitado en la de Lucho primero como contratista de prestación de servicios, y luego como jefe de la oficina jurídica de Metrolínea S.A.,  entidad en la que terminó por volverse la segunda al mando.

Martha Guarín y su esposo Nilson Rojas, junto al exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez.
Cristian Bautista, sobrino de Lucho Bohórquez, junto a Nilson Rojas y Martha Guarín.

Si bien, además de haber estado en la administración de Bohórquez, Guarín ha sido contratista del Estado en diferentes entidades de Santander y tiene buenas referencias en el manejo jurídico de la contratación pública, lo que ha generado suspicacias es que el nombramiento se da pese a que Hernández ha sido un acérrimo crítico de la contratación que suscribió la administración pasada.

La llegada de Guarín también se da pese a que, según tres fuentes consultadas por La Silla, entre esas una que estuvo dentro del gobierno anterior, varios de sus familiares son de la línea directa de Bohórquez.

Y es que la familia de Guarín también estuvo vinculada a la administración de Bohórquez directamente.

Por un lado, ella es sobrina de Édgar Lizcano Moure, exsubdirector del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabú, y prima de Cristian Lizcano, un abogado que fue asesor jurídico directo del despacho de Bohórquez; y por otro, su esposo, Nilson Rojas, fue prestador de servicios en la Secretaría de Salud y solo entre 2014 y 2015 recibió contratos por $55,5 millones.

La Silla conoció que al interior de la administración de Hernández hubo discusión en torno a ese nombramiento; sin embargo, la decisión que terminó prevaleciendo fue la de la nueva secretaria Jurídica, Fabiola Clavijo, quien aseguró que la quería tener en su equipo.

Cuando este medio se comunicó con Guarín para conocer su posición sobre los cuestionamientos a su designación, colgó la llamada apenas escuchó de donde provenía y no volvió a contestar el celular.  Por su parte, Clavijo no respondió su celular.

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