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Miércoles Octubre 21, 2020

Los empresarios colombianos Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, que en el pasado fueron unos de los grandes jugadores de los sistemas de transporte masivo de Colombia y son los dueños de la firma de tratamiento de residuos hospitalarios Ecocapital, están enredados en Chile.

Inversiones Alsacia, la empresa que lideran estos tres hermanos y que es el mayor operador de TranSantiago en la capital chilena, tiene graves problemas financieros y está a punto a fundir sus motores, según reveló el portal investigativo chileno Ciper.

La empresa de los Ríos, cuyo hermano Alberto es uno de los grandes contratistas de la recolección de basuras en el país y uno de los súper poderosos de Bogotá, parece estar mal de plata.

Según la investigación del Ciper, Alsacia necesita una inyección urgente de capital para lograr sobrevivir. Aunque el Ministerio de Transporte chileno le debería girar 15,2 millones de dólares este mes, estos pagos están sujetos a que la empresa pase las evaluaciones de frecuencia y regularidad en el servicio y en el pasado la empresa ha tenido niveles muy bajos en ambas categorías.

Como los estados financieros de Alsacia son muy precarios y dos agencias calificadoras de riesgo -Fitch y Moody's- le han bajado fuertemente la calificación, muchos en Chile temen que llegue el 14 de febrero y la empresa de los Ríos no pueda pagar los 51 millones de dólares que le debe a sus acreedores.

Carlos Ríos, presidente de la junta directiva y de la empresa Alsacia, dijo a La Silla (luego de publicada inicialmente esta historia) que el artículo chileno forma parte de una estrategia de especulación para manipular el precio del bono en la bolsa de Nueva York.

"Nuestra cartera es sana, todos nuestros proveedores están siendo tratados dentro de lo pactado y a ninguno de nuestros 8500 trabajadores en Chile le hemos fallado un solo día de salario. Tenemos la auditoría constante de nuestros inversionistas y de la empresa KPMG", dijo Carlos Ríos. "Lo que tenemos es el estrés financiero estructural de este tipo de negocios grandes. Pero no hay crisis financiera ni tampoco problemas de liquidez¨.

La Silla supo de manera informal que otros negocios de los Ríos han tenido problemas en obtener recursos en el sistema financiero en Colombia, un hecho que dificultaría que pidiesen plata prestada aquí y se la inyectaran a su operadora en Chile. Pero Ríos dijo a La Silla que eso no es cierto y que Alsacia nunca ha pedido plata en Colombia porque ellos acuden a los bancos internacionales.

Ciper forma parte -junto con La Silla- de ALiados, la red de medios digitales independientes latinoamericanos que nació el año pasado. Este es el reportaje completo.

Nota de la Editora: después de publicada esta nota, La Silla habló con Carlos Ríos e incluyó su versión sobre este reportaje del Ciper.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2014-01-13 21:28
rios velilla lo que busca es que el pánico no embargue a la banca colombiana o por qué no se dirigieron a alberto arellano, autor de la nota en ciper, ningún empresario va a admitir que tiene problemas de liquidez
Lun, 2014-01-13 17:06
Pero no, Petro no tenía razón. Y lo que hizo fue doloso. Porque... ¿Cuándo se ha visto que concesionarios y contratistas privados, si no son sometidos a normas de control estrictas como las que sí parece haber en Chile, presten servicio dificiente a precios mayores que las empresas públicas burocratizadas y además reinviertan en operaciones financieras riesgosas en el exterior? No, eso nunca se ha visto. Y menos en Colombia.
Mar, 2014-01-14 02:49
Diga lo que diga usted, que erróneamente se cree más informado que cualquiera, si las autoridades de Chile están pendientes del "negocito", ellas sabrán muy bien por qué, por lo visto mejor que usted.
Lun, 2014-01-13 15:29
Negros nubarrones se ciernen sobre alberto rios velilla y sus familiares, por cuanto están a horas de que el ministerio de transporte chileno les autorice el pago de US !5 millones, que con un gobierno de salida podría detener el desembolso, pues al parecer las evaluaciones de frecuencias y horarios no los favorecen y, lo peor, están a un mes de que los rios velilla tengan que pagar US 51 millones. Con razón su afán por no dejar que en bogotá la recolección de basuras se les cape, pese a sus negocios en Panamá y otros con electrificadoras colombianas. ¿Los rios velilla tendrán el mismo fin de los nule?
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Otros confidenciales recientes

Jueves, Marzo 17, 2016 - 21:43
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Los $150 mil millones en cuentas por pagar que heredó la administración de Lucho Bohórquez en la Alcaldía de Bucaramanga, tienen a Rodolfo Hernández literalmente poniéndole la totuma hasta a los contratistas para recaudar dinero.

Una particular estrategia que consiste en solicitarles a los contratistas con cuentas por cobrar en el Municipio que donen un porcentaje de los recursos que van a recibir, tiene descontentos a muchos de los que prestaron sus servicios a la pasada administración y que están esperando desde hace varios meses su pago.

Si bien la estrategia ya le ha generado réditos a Hernández, y en el municipio se han contabilizado varios cientos de millones de pesos en donaciones, entre esos los entregados por Valco (firma de los hermanos Valderrama Cordero que donó $470 millones) y por Vanguardia Liberal, que donó el 20% de cuentas que le adeudaban, también ha generado controversia y empresarios están denunciando que la petición de Hernández es  más una camisa de fuerza que una solicitud.

En una rueda de prensa que dio ayer en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Alcalde aseguró, que lo que les está diciendo a los contratistas " es que colaboren con la ciudad" y negó que los estuviera presionando para hacerlo porque era una donación; sin embargo, a renglón seguido dijo: “para que (los contratistas) reciban el cheque toca que traigan la donación”. 

Esas declaraciones calentaron aún más los ánimos de quienes llevan todo el año esperando su pago, y de hecho en gremios como el de los periodistas (al que Lucho Bohórquez le quedó debiendo una buena partida por concepto de pauta y producción audiovisual y radial), han empezado a proponer que reclamaciones colectivas a la nueva administración para que les pague lo que les corresponde y no se "burle de su trabajo".

Hasta esta semana, la Alcaldía había recaudado $130 mil millones en impuestos. De esa suma $30 mil millones ya se han ido a pagar las cuentas de los contratistas con los que adquirió compromisos Lucho Bohórquez sin tener el respaldo financiero, y los $100 mil millones restantes están siendo administrados para generar flujo de caja en la Alcaldía, porque de lo contrario se paralizaría completamente su funcionamiento.

 

Miércoles, Marzo 16, 2016 - 00:39
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Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar.

Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.

La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.

En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero, contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).

Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus propuestas. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo.

De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.

En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.

La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo con la Nación.

Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama  y la administración de Aguilar, sí muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.

Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.

Martes, Marzo 15, 2016 - 12:53
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El decreto que sacó hoy el presidente Juan Manuel Santos creando una convocatoria pública para armar la terna para Fiscal es un saludo a la bandera que, además, le cae como anillo al dedo para cambiar el tema en los días en los que se va a incumplir el plazo que él mismo puso para firmar un Acuerdo Final en La Habana.

El decreto retoma lo que ya había hecho Santos en la terna para la Corte Constitucional a mediados del año pasado: creó un proceso para definir los ternados que incluye una convocatoria para que cualquier persona se postule, se dio a si mismo la posibilidad de sumarle a los postulados sus propios candidatos y obligó a publicar todas las hojas de vida para que haya críticas y comentarios de la ciudadanía.

En el caso de la Corte, de todo ese proceso terminó con una terna con un candidato muy cercano a Santos, el hoy magistrado Alejandro Linares.

En esta ocasión el Gobierno estableció plazos más cortos, lo que hace que el proceso justo coincida con el 23 de marzo, cuando se vence el plazo que le había dado Santos a los negociadores para tener un acuerdo definitivo en La Habana que él mismo ha aplazado.

Después de publicado el decreto el Gobierno debe sacar un aviso en la prensa con la convocatoria, lo que seguramente saldrá mañana. Y de ahí se cuentan siete días calendario para que presenten las hojas de vida, lo que ocurriría justo el 23 de marzo.

A partir de ese momento Santos tiene dos días calendario para armar la lista definitiva de candidatos, agregando los nombres que él quiera, lo que hace de la convocatoria un saludo a la bandera. Encima, esos dos días serían justo los festivos de jueves y viernes santos, por lo que ese cambio seguramente pasará de agache.

A continuación esa lista debe ser publicada "inmediatamente" por la Secretaría Jurídica de Palacio. Como eso sería el sábado de Semana Santa, el Gobierno pondrá en la agenda de los medios los nombres de los candidatos a la Fiscalía justo para el regreso de las vacaciones, lo que le puede quitar espacio a las noticias de la no firma el 23.

Después de esa publicación eso Santos tendrá otro par de semanas para mandarle a la Corte la terna definitiva, por lo que hacia mediados de abril empezará al campaña en serio.

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