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Jueves Diciembre 03, 2020

Los empresarios colombianos Javier, Carlos y Rubén Ríos Velilla, que en el pasado fueron unos de los grandes jugadores de los sistemas de transporte masivo de Colombia y son los dueños de la firma de tratamiento de residuos hospitalarios Ecocapital, están enredados en Chile.

Inversiones Alsacia, la empresa que lideran estos tres hermanos y que es el mayor operador de TranSantiago en la capital chilena, tiene graves problemas financieros y está a punto a fundir sus motores, según reveló el portal investigativo chileno Ciper.

La empresa de los Ríos, cuyo hermano Alberto es uno de los grandes contratistas de la recolección de basuras en el país y uno de los súper poderosos de Bogotá, parece estar mal de plata.

Según la investigación del Ciper, Alsacia necesita una inyección urgente de capital para lograr sobrevivir. Aunque el Ministerio de Transporte chileno le debería girar 15,2 millones de dólares este mes, estos pagos están sujetos a que la empresa pase las evaluaciones de frecuencia y regularidad en el servicio y en el pasado la empresa ha tenido niveles muy bajos en ambas categorías.

Como los estados financieros de Alsacia son muy precarios y dos agencias calificadoras de riesgo -Fitch y Moody's- le han bajado fuertemente la calificación, muchos en Chile temen que llegue el 14 de febrero y la empresa de los Ríos no pueda pagar los 51 millones de dólares que le debe a sus acreedores.

Carlos Ríos, presidente de la junta directiva y de la empresa Alsacia, dijo a La Silla (luego de publicada inicialmente esta historia) que el artículo chileno forma parte de una estrategia de especulación para manipular el precio del bono en la bolsa de Nueva York.

"Nuestra cartera es sana, todos nuestros proveedores están siendo tratados dentro de lo pactado y a ninguno de nuestros 8500 trabajadores en Chile le hemos fallado un solo día de salario. Tenemos la auditoría constante de nuestros inversionistas y de la empresa KPMG", dijo Carlos Ríos. "Lo que tenemos es el estrés financiero estructural de este tipo de negocios grandes. Pero no hay crisis financiera ni tampoco problemas de liquidez¨.

La Silla supo de manera informal que otros negocios de los Ríos han tenido problemas en obtener recursos en el sistema financiero en Colombia, un hecho que dificultaría que pidiesen plata prestada aquí y se la inyectaran a su operadora en Chile. Pero Ríos dijo a La Silla que eso no es cierto y que Alsacia nunca ha pedido plata en Colombia porque ellos acuden a los bancos internacionales.

Ciper forma parte -junto con La Silla- de ALiados, la red de medios digitales independientes latinoamericanos que nació el año pasado. Este es el reportaje completo.

Nota de la Editora: después de publicada esta nota, La Silla habló con Carlos Ríos e incluyó su versión sobre este reportaje del Ciper.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2014-01-13 21:28
rios velilla lo que busca es que el pánico no embargue a la banca colombiana o por qué no se dirigieron a alberto arellano, autor de la nota en ciper, ningún empresario va a admitir que tiene problemas de liquidez
Lun, 2014-01-13 17:06
Pero no, Petro no tenía razón. Y lo que hizo fue doloso. Porque... ¿Cuándo se ha visto que concesionarios y contratistas privados, si no son sometidos a normas de control estrictas como las que sí parece haber en Chile, presten servicio dificiente a precios mayores que las empresas públicas burocratizadas y además reinviertan en operaciones financieras riesgosas en el exterior? No, eso nunca se ha visto. Y menos en Colombia.
Mar, 2014-01-14 02:49
Diga lo que diga usted, que erróneamente se cree más informado que cualquiera, si las autoridades de Chile están pendientes del "negocito", ellas sabrán muy bien por qué, por lo visto mejor que usted.
Lun, 2014-01-13 15:29
Negros nubarrones se ciernen sobre alberto rios velilla y sus familiares, por cuanto están a horas de que el ministerio de transporte chileno les autorice el pago de US !5 millones, que con un gobierno de salida podría detener el desembolso, pues al parecer las evaluaciones de frecuencias y horarios no los favorecen y, lo peor, están a un mes de que los rios velilla tengan que pagar US 51 millones. Con razón su afán por no dejar que en bogotá la recolección de basuras se les cape, pese a sus negocios en Panamá y otros con electrificadoras colombianas. ¿Los rios velilla tendrán el mismo fin de los nule?
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:52
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Aunque el Concejo de Bogotá decidió montarse en la ola del posconflicto con una comisión de paz y posconflicto, su presidente Roberto Hinestrosa decidió dejar por fuera al principal partido de izquierda, a la bancada del partido que se opone al proceso de paz y al único concejal que ha estado en un grupo armado.

Lo más curioso es que lo hizo a pesar de que la idea de armar la comisión no fue de él sino de un grupo de concejales de casi todas las bancadas, incluyendo a Celio Nieves, del Polo; y a Antonio Sanguino, de la Alianza Verde y desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista.

En una carta ese grupo le pidió armar la comisión con representantes de las 12 bancadas que tiene el Concejo, para que la Comisión no tuviera un tinte partidista

SOLICITUD COMISIÓN by lasillavacia

Al final, Hinestrosa designó una comisión con solo 5 concejales, cuyas bancadas solo suman 21 de los 45 concejales, y dejó por fuera al Polo y a la Alianza Verde. La bancada del Centro Democrático tampoco quedó representada pero, según supo La Silla, porque no quisieron.

Eso produjo una molestia más con Hinestrosa, en el concejo: ya ha sido criticado por la demora en sacar las resoluciones que regulan la elección de Personero y Contralor, por el contenido de éstas (algunos concejales han dicho que debía haber incluido mayores exigencias a los aspirantes y otros se quejaron por haber incluido requisitos aparentemente superfluos, lo que llevó a Hinestrosa a echarse para atrás en ese punto) y por haber unificado tres proyectos de acuerdo.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 11:46
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El exalcalde de Cimitarra Hermán Rodríguez Guerrero, quien el pasado 12 de febrero llegó a la dirección de la regional oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos  (Santander, Norte de Santander y Arauca), tiene cuentas pendientes con la justicia.

Desde hace cuatro meses, la Fiscalía está tratando de imputarlo por el presunto delito de peculado.

Aunque para mañana estaba citada la nueva audiencia para iniciar el proceso en su contra formalmente, La Silla conoció que el nuevo funcionario pidió el aplazamiento argumentando que tenía otras prioridades en Bucaramanga.

La investigación surge por el pago de unas bonificaciones que hizo a sus escoltas cuando era Alcalde en 2011, pese a que ellos eran policías y tenían un sueldo propio.  

Al respecto, Rodríguez Guerrero aseguró: "La Gobernación de Santander también venía pagando una bonificación a los escoltas desde 2011 hasta el año pasado".

Esta es la segunda vez que la Fiscalía llama al nuevo superintendente para imputarlo. La primera citación la hizo ese ente de control cuando Rodríguez Guerrero, quien es cercano al senador rojo Jaime Durán Barrera, se encontraba en plena campaña para llegar por cuarta vez a la alcaldía de Cimitarra con el aval del Partido Liberal. Esa audiencia no se realizó porque el abogado del entonces candidato estaba fuera del país.

 

Sábado, Febrero 20, 2016 - 17:46
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Aunque la administración del exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez, dejó como uno de sus legados la legalización de 32 barrios en la ciudad, lo cierto es que esa política terminó más en una jugada electoral, que en una que realmente impactará a cientos de familias de la ciudad.

De los 32 asentamientos que Lucho legalizó durante su administración, 20 de los cuales coincidieron con el arranque de las campañas electorales en julio de 2015, solo uno, Rincón de la Paz, tiene contratadas las obras de mitigación del riesgo.

Si bien, los procesos de legalización que adelantó Bohórquez sirvieron para que esos barrios se reconocieran como parte de Bucaramanga y para que entre otras cosas, pudieran tener acceso a servicios públicos y a inversión estatal, lo cierto es que ese es solo uno de los primeros pasos que se deben dar para impactar a las familias que habitan en zonas de riesgo.

Para que ese primer paso se pudiera cumplir se tenían que determinar los niveles de riesgo de las áreas en dónde estaban esos barrios, por lo que la Alcaldía de Lucho en 2014 contrató dos consultorías: una por $1600 millones para la zona norte y otra por $1390 millones para la zona sur.

El resultado en la zona sur de la ciudad, por ejemplo, fue que de los 13 asentamientos revisados, todos tenían áreas en alto riesgo e incluso algunos como Villas del Nogal o Brisas de Provenza estaban totalmente en riesgo. Los mismos estudios determinaron que para no reubicarlos, el riesgo se podía reducir a través de obras de mitigación.

Sin embargo, hasta hoy esa reducción de amenazas está en el papel porque las obras, que van desde pantallas y muros de contención, hasta gaviones, suman $103 mil millones y la Alcaldía no tiene plata para hacerlas.

El otro problema está en que aún cuando Rodolfo Hernández logre hacer todas las obras de mitigación para frenar el riesgo en el que se encuentran esos 32 nuevos barrios de la ciudad, también deberá garantizar la reubicación de las viviendas a las cuales ni las obras libran de las amenazas por derrumbes.

Precisamente los mismos estudios determinaron, en el caso de la zona sur, que el 30 por ciento de las casi 70 hectáreas que componen esos 13 barrios, con obras o sin ellas siguen estando en alto riesgo. No obstante, ese 30 por ciento entró en la legalización.

Según Mauricio Mejía, el entonces secretario de Planeación de la Alcaldía, se hizo la salvedad e incluso se socializó con las comunidades, que las viviendas que quedaron en ‘zona roja’ debían reubicarse.

La Silla conoció que en el Concejo se están preparando para un debate de control político porque quieren conocer al detalle los estudios que se hicieron para adelantar las legalizaciones y mirar su fidelidad. También quieren saber cómo va a hacer la Alcaldía para terminar con la política a medias que dejó Lucho en su administración.

 

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