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Sábado Diciembre 05, 2020

El juicio disciplinario que comenzó hoy (con la formulación del pliego de cargos, que equivale a una acusación formal) la Procuraduría General en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro no tendrá un fallo definitivo tan rápido como algunos creen. La Silla pudo establecer que el proceso no será verbal, como el que por ejemplo se llevó en contra del exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla, sino que será ordinario. Por eso, llegar a una decisión final podría tardar hasta 12 meses.

Los procesos verbales son más rápidos, pues tardan alrededor de cinco meses y tienen además audiencias públicas, situación que no se da en los procesos ordinarios como es el de Petro.

La decisión de que el juicio fuera ordinario se tomó, según una fuente de la Procuraduría, porque la documentación con la que cuenta el Ministerio Público es muy extensa (más de tres mil folios) y eso requiere de más tiempo para ser revisado y además porque casi todas las pruebas son documentales y no verbales.

Sin embargo, en cualquiera de las etapas del juicio que comienza la Procuraduría puede suspender por tres meses prorrogables al Alcalde si considera que se cumplen alguna de estas tres condiciones: si cree que Petro puede interferir en el proceso, si cree que sigue cometiendo la falta o si cree que puede volver a cometerla. Tal y como lo consideró en el caso del exalcalde Samuel Moreno, cuyo proceso sin embargo fue verbal y no ordinario y tardó siete meses en llegar a un fallo en segunda instancia.

Si el juicio en contra de Petro se falla a más tardar el 30 de junio del año entrante y es destituido se tendría que convocar a nuevas elecciones en la ciudad, pero si hubiera una destitución después de esa fecha, los progresistas tendrían derecho a presentar una terna de militantes de ese movimiento para que el Presidente nombre un alcalde encargado. Es decir, aún con el mandatario destituido, podrían quedarse con las riendas de Bogotá.

La Procuraduría formuló tres cargos en contra de Petro, todos relacionados con el lío de las basuras en Bogotá. El primero es una presunta falta discipinaria por haber pedido al director de la Uaesp y a los gerentes del Acueducto y de Aguas de Bogotá que suscribieran unos contratos para asumir la prestación del servicio de aseo, sin tener en cuenta que esas entidades no contaban "con la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin".

El segundo cargo imputado a Petro es por haber expedido el Decreto 564 de 2012, mediante el cual adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo con el que "pudo violar" el principio de la libre competencia.

Y tercero, la Procuraduría cuestiona al Alcalde por haber expedido otro decreto: el 570 de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas para operar las basuras en la ciudad, con lo cual pudo violar las disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente.

La Procuraduría calificó las dos primeras presuntas faltas como gravísimas a título de dolo (es decir, que el Alcalde actuó con intención) y la tercera como gravísima con culpa gravísima (que no actuó con intención, pero sí con negligencia).

Ahora lo que sigue es que Petro rinda sus descargos ante el Ministerio Público, en un escrito para el cual tiene un plazo de 10 días para presentarlo y solicitar su aporte de pruebas.

Esta espada de Damocles que cuelga ahora sobre Petro se suma al proceso de revocatoria que tiene en su contra y cuyas firmas ya fueran certificadas por la Registraduría.

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Lun, 2013-06-24 08:39
Tu vocabulario no alcanza para tener una palabra diferente a INEPTO?.
Vie, 2013-06-21 15:07
la revocatoria la gana petro y por eso toco hacer el "plan b" de destituirlo y mas reversa tiene un avion que esa destitucion con inhabilidad.
Vie, 2013-06-21 22:21
petro patalea por que las firmas son un fraude y eso no es una revocatoria sino un chocorazo. eso no se puede dejar asi eso hay que denunciarlo y caeran uno por uno como hoy cayo el estafador que es del comite de revocatoria. si las firmas fueran legales y si la procuraduria no hubiera metido las narices y si los que revisaron no tuvieran un pasado de fraude en el valle entonces se acepatria ir a las urnas sin mas. ahora yo le pregunto: tanto miedo le tieheh a petro que les toca atacarlo en gavilla y por todos los frentes? pero tranquilo que lo van a destitutuir. lo que si le garantizo es que el siguiente alcalde tambien va a ser progresista. se acordara de mi.
Sáb, 2013-06-22 11:43
el dia de la quema se vera el humo. y usted aqui no es que sea mayoria.
Vie, 2013-06-21 13:56
La consigna de los corruptos es tumbar a Petro a como de lugar. Cosas mas espantosas y graves ha realizado gobernantes en su ejercicio sin que exista procurador que siquiera abra una investigación. Como veo las cosas si con el referendo no tumban al alcalde ya tienen montado la canallada del antiezquierdista procurador. Sera que la ultraderecha quiere que los guerrilleros desmovilizados se vuelvan para el monte de nuevo?. pareciera que si.
Vie, 2013-06-21 13:18
Todos contra Petro. Yo creo que todo el mundo sabe cuál va a ser el fallo del magnánimo y excelentísimo bien aventurado procurador. Si este señor llega a destituir a Petro pues los guerrilleros allá en Cuba pensarán que así no vale la pena una democracia, yo lo pensaría, y que por tanto es una pérdida de tiempo dejar las armas para que cualquier político de izquierda sea destuituido de su cargo. Estimo que si el procurador en su sapiencia destituye al alcalde va a polarizar el país, cosa que poco le importa a ese señor, y además la ciudadanía bogotana no come cuento tan fácil como el resto del país por lo que si hay elecciones créanme que no votarán por los candidatos tradicionales, llámense corruptos.

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Jueves, Marzo 3, 2016 - 03:09
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Cuando estaba a punto de iniciar la campaña local, Richard Aguilar y Hugo Aguilar sabían que iban a ir por caminos diferentes. Esta fofo fue tomada en junio de 2015 en la celebración del día del padre de la familia Aguilar. 

El Presidente Juan Manuel Santos bajó del bus de su gabinete al exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa y lo dejó sin el pan y sin el queso.

La Silla conoció que una reunión privada que sostuvieron los directores de los medios de comunicación en Santander con Santos, el mandatario aseguró que el exgobernador no va a ser parte de su Gobierno y que ni siquiera está considerando su hoja de vida.

La afirmación, que le fue confirmada a La Silla por tres de los asistentes al encuentro,  la hizo Santos luego de que lo interrogaran por los rumores que había sobre la posibilidad de que Aguilar llegara a dirigir el Departamento de la Prosperidad Social, DPS.

Pero lo que realmente sorprendió en la reunión fue que Santos también negara que Richard Aguilar hubiera sido cercano a él y a su gobierno, cuando el exgobernador de Santander hasta cambió de preferencias políticas por él.

La Silla contó cómo en plena campaña de reelección de Santos, desde la Gobernación de Santander (dirigida por Richard) les ordenaron a los contratistas llevar al menos diez personas al evento de cierre de la candidatura del entonces presidente-candidato en Bucaramanga.

Esa fue la primera vez que se hizo evidente que Richard Aguilar había saltado a la orilla de Santos y que estaba tomando un camino diferente al de su papá -el parapolítico Hugo Aguilar- quien apoyó a través de su otro hijo, el senador Mauricio Aguilar, la aspiración del uribista Óscar Iván Zuluaga.

De hecho, fue la cercanía de Richard Aguilar a Santos la que terminó desbaratando el fortín político de los Aguilar en 2015. Mientras que el candidato a la gobernación de Santander del grupo de Richard Aguilar fue avalado por La U, el de Hugo Aguilar se lanzó por firmas y luego sumó el apoyo del Centro Democrático.

Eso dividió los votos que habían amasado los Aguilar en los últimos años, y le abrió el camino a Didier Tavera, quien aunque era el enemigo en común, terminó quedándose con el Palacio Amarillo.

La derrota de Richard Aguilar en las urnas, y lo que dijo Santos en esa reunión, además, le dio  la razón a su papá, quien a lo largo de la campaña dijo que a su hijo lo estaban “engatusando” y que no le iban a cumplir.

En la reunión con los directores de los medios Santos también habló del aterrizaje de la paz, la inversión en el departamento y la situación económica del país, el discurso que ha venido dando en todas sus intervenciones públicas.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 14:36
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Este sábado El Tiempo contó que hay un candidato a la presidencia de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore) cuya visión de la justicia transicional coincide con la del uribismo mucho más que la del actual presidente de esa asociación, y que de ganar se podría convertir en un dolor de cabeza para el gobierno de Juan Manuel Santos.

Curiosamente, ese candidato estuvo a punto de quedarse sin ascender a general por dos decisiones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en cambio ascendió sin problemas durante el primer mandato de Santos.

El candidato es el general Gustavo Rincón Rivera, quien hace tres semanas presentó su aspiración para reemplazar al general Jaime Ruiz Barrera en Acore. Ruiz busca su segunda reelección y ha dicho que la justicia transicional que acordó el gobierno Santos con las Farc en La Habana puede ser una salida a la difícil situación jurídica de decenas de militares investigados por los falsos positivos y otros delitos.

Rincón Rivera, que ha empezado a posicionar su candidatura diciendo que esa justicia transicional "es para bandidos" y que es rechazada por la mayoría de militares, mantuvo una larga lucha jurídica para avanzar en su carrera en la que se enfrentó más de una vez contra el gobierno Uribe.

Siendo coronel, destapó un escándalo de contratación en el Fondo Rotatorio del Ejército a mediados de los años 90 y a pesar de eso, unos años después, el gobierno de Andrés Pastrana decidió no llamarlo al curso de ascenso a general, y lo retiró del Ejército.

Ante eso, Rincón demandó para que fuera reintegrado y llamado al curso de general, y en 2002 el Consejo de Estado le dio la razón. Uribe, en ese entonces ya Presidente, sí lo reintegró  - pero no lo incluyó en el decreto de ascenso.

Antes esa decisión, el hoy general presentó otra tutela en la que la Corte Constitucional le dio la razón en 2004.

Sin embargo, ese mismo año el gobierno Uribe, encabezado por el entonces ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, lo retiró de nuevo del Ejército, esta vez porque había llegado a la edad límite para ser coronel activo. Rincón demandó esa nueva decisión exigiendo que lo reintegraran de nuevo y lo ascendieran a general.

En 2008 el Consejo de Estado le dio la razón. En consecuencia, el gobierno Uribe lo reintegró por segunda vez en 2009. Luego, la junta asesora de ascensos (en la que hay generales pero que maneja el Gobierno) lo incluyó en el decreto diciendo explícitamente que lo hacía cumpliendo esa sentencia.

En el Congreso, los opositores a Uribe lo defendieron y aprovecharon para criticar las decisiones de no ascenderlo de ese Gobierno: así lo hizo el hoy alcalde de Ibagué y en ese entonces senador del Polo, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán.

Ese calvario para ascender desapareció en el gobierno Santos, cuando fue designado jefe de control interno de la Inspección General del Ejército y secretario general del Estado Mayor. Además, Santos lo ascendió a Mayor General:

Ahora, de ganarle a Ruiz las elecciones internas de Acore la próxima semana, Rincón pasaría a convertirse en un crítico visible de la principal apuesta política de Santos, el presidente que lo ascendió, y a terminar alineado con Uribe, el mandatario que no lo quiso ascender y lo sacó del Ejército.

Miércoles, Marzo 2, 2016 - 06:03
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Con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en los páramos, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán se rearma para la pelea jurídica.

El colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que pertenece al Comité y ya tiene una tutela en revisión ante la Corte Constitucional por la delimitación de Santurbán, está preparando dos nuevas acciones para presionar la aplicación de la sentencia ante el Ministerio de Ambiente.

Específicamente, lo que el colectivo buscará es que se revoquen dos artículos de la resolución que delimitó Santurbán y que con la sentencia se quedarían sin piso jurídico.

Se tratan del que le da vigencia a los títulos mineros otorgados antes de 2009 para que sigan en el páramo hasta que caduque su concesión (hasta 30 años), y del que contempla la posibilidad de hacer minería en algunas zonas de restauración del páramo en Vetas, California y Suratá.

Este último artículo es especialmente delicado debido a que una vez se aplique implicará la extinción de los mineros artesanales en esos municipios, quienes como lo contó La Silla han extraído oro por cientos de años y no tienen otra manera de sostenerse.

Precisamente, se teme que su aplicación desencadene un problema social en la zona, debido a que toda la minería pasaría a ser ilegal y ya no tendría el control al que está siendo sometida por autoridades ambientales del país.

Frente a esta situación, el colectivo ha manifestado su preocupación frente al acompañamiento que el Estado va a dar a las comunidades de Santurbán, teniendo en cuenta que si bien quieren que se priorice la defensa del agua, también esperan que el gobierno garantice los derechos de los pequeños mineros.

Ahora bien, si el Ministerio no admite la solicitud de revocatoria de los artículos, el equipo del colectivo también piensa presionar con derechos de petición (mecanismo que caduca en 15 días) para que se aplique la sentencia en Santurbán, específicamente, sobre el acto administrativo que le dio vida a la delimitación.  

Mientras eso sucede, en el lado de los municipios (especialmente en Vetas, que tiene su casco urbano dentro del Páramo y prácticamente desaparecería con la aplicación de la sentencia) se están preparando acciones propias para pedirle al Estado que proteja los derechos de sus habitantes.

El colectivo ha manifestado una preocupación frente al tratamiento y acompañamiento que debe realizar de manera inmediata a las comunidades del páramo. Porque no se puede pensar que los que están viviendo allí de la actividad minera, son la gran amenaza al ecosistema.

Nota de la editora: luego de la publicación de este artículo el colectivo Luis Carlos Pérez se comunicó con La Silla para aclarar que su posición no va en contra de la minería artesanal. La versión fue incluída en el texto a las 2:00 pm del mismo día. 

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