Ahora que la mesa de negociación de la Habana acordó crear una Comisión de la Verdad para que los colombianos, y en particular las víctimas, podamos saber qué pasó durante el conflicto cobra interés otra comisión poco conocida que está en manos del Procurador.

Se trata de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia creada hace dos años por la Ley de Inteligencia, y cuya misión es recomendarle al Gobierno sobre “los criterios de permanencia, los criterios de retiro, y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados.”

En otras palabras, su función es decirle al gobierno qué documentos –incluidos los del desaparecido DAS pero también los de la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala- se deben quemar, cuáles se deben conservar y dónde.

La ley puso como su Presidente al procurador Alejandro Ordóñez (que sería –en palabras de un miembro de la Comisión- “lo obvio si no fuera porque este Procurador tiene ese pasado de quemar cierto tipo de libros en su juventud”).

La ley le dio dos años a la Comisión (en la que están también delegados del Presidente, del Centro de Memoria Histórica, de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, de la Defensoría del Pueblo y un experto en temas de inteligencia y uno de la sociedad civil que es Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas) para hacer sus recomendaciones.

La Comisión ya cumplió más de un año y según tres miembros es muy poco lo que ha avanzado todavía puesto que se ha reunido solo un puñado de veces y aún menos el debate que se ha promovido a su interior. "El temor es que cuando se aproxime el vencimiento del término, saquen el documento sin debatirlo. Eso puede ser parte del juego", dijo uno de sus miembros.

Dado que las Farc han insistido en que parte del trabajo de la Comisión de la Verdad se base en abrir esos archivos para encontrar la verdad de lo sucedido, el procurador Ordóñez ahora sí tendrá algo que hacer –por ley- que pueda contribuir o no al proceso de verdad que desate un acuerdo de paz.