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Miércoles Junio 29, 2022

Con la elección, ayer, de cinco nuevos magistrados en la Corte Suprema, ésta se aleja del peligro de quedar paralizada y queda totalmente en manos de magistrados que vienen de la Rama Judicial, lo que rompe una larga tradición de equilibrio entre funcionarios de la rama y miembros de la academia. También quedan reforzados el grupo santandereano y el de egresados de la Universidad Libre. Con eso la gran ganadora es la presidente de la Corte Ruth Marina Díaz, gran defensora de que los magistrados vengan de la rama, y cabeza del grupo santandereano.

La renuncia del magistrado Arturo Solarte, quien era el líder de una minoría que tenía bloqueada las elecciones y que impulsaba la presencia de más magistrados de la academia, se hizo efectiva el viernes pasado. Menos de una semana después, sus aliados, Jesús Vall de Rutén y María del Rosario González, perdieron la batalla. Por lo menos uno de ellos decidió votar con la mayoría.

Los cinco que llegaron ayer han pasado por la rama.

Luis Armando Tolosa pasa de la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja a la Sala Civil de la Corte y antes había sido magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de La Guajira. Su designación es clave porque, como contó La Silla, era el candidato favorito del bloque mayoritario que estaba a un voto de elegirlo, y esta vez lo logró.

El externadista Gustavo Hernando López Algarra, quien también estaba a un voto de ser elegido, viene de ser magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá y también tiene larga trayectoria en la rama. Los últimos diez años los ha pasado en ella como magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte y magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

El tercer elegido, Carlos Fernández Carlier, había cosechado 12 votos. También viene de la rama: ha sido magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte y magistrado de los tribunales de Bucaramanga y Bogotá.

La cuarta es Clara Cecilia Dueñas. Lleva dos años de magistrada auxiliar en la Sala Laboral de la Corte y fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante diez años. Aunque ha trabajado mucho tiempo como abogada independiente y contratista de entidades públicas, su fuerza provino de su paso por la Corte.

Y el quinto es Eyder Patiño, quien llega a la Sala Penal. Patiño venía de Procurador Delegado ante la Corte después de haber sido ser magistrado auxiliar de Yesid Ramírez. Su trayectoria ha sido en la Procuraduía (fue Procurador Delegado en derechos Humanos y Procurador Judicial Agrario), en la Fiscalía (fue fiscal de circuito especializado y juez de instrucción criminal en el Huila) y en la rama.

Además del poder de la rama, también se refuerza el de la Universidad Libre. Tres de los cinco nuevos magistrados (Dueñas, Cabrera y Tolosa) son egresados de allí, y se suman a Ariel Salazar y Leonidas Bustos. Con eso la Libre queda con cinco magistrados de los 22 que hay actualmente, mientras que ninguna otra universidad tiene más de dos egresados en la Corte.

Y, por último, queda más sólida la rosca santandereana. Fernández Carlier es de ese departamento y de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, como la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, y el Procurador General Alejandro Ordóñez. Y Tolosa, aunque viene de Boyacá, es santandereano de nacimiento. Con eso habría cinco santandereanos en la Corte (además de Díaz, está Luis Guillermo Salazar), el grupo regional más grande.

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Vie, 2013-09-06 21:42
Lo que me llama la atención es que, al parecer, los que se fueron con ella al famoso crucero no se encuentran designados. En su momento se criticó que el interés de ir de viaje con la Presidenta de la Corte era precisamente el de lograr el puesto. Y, de otro, lado, también llama la atención (muy personal) que al parecer en este momento no hay ningún egresado de la Universidad Nacional en la Suprema. Y, en general, en las altas cortes.
Vie, 2013-09-06 12:37
Recalcar en el acento santandereano tiene un viso de parcialidad por parte de la corte, teniendo en cuenta que el procurador, y... X,Y,Z magistrados son de la misma región. Terminar hablando de rosca en un organismo de control del estado como las cortes es reconocer abiertamente que hay intereses muy por encima del actuar en derecho. Me atrevería a pensar que es desde este organismo, que realmente se hace control político por parte de los verdaderos dueños del País, cómo olvidar el cacao más importante de esta zona.
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Otros confidenciales recientes

Martes, Marzo 15, 2016 - 10:45
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Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.

Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.

Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.

La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.

El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.

Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.

Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.

En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.

Lunes, Marzo 14, 2016 - 11:07
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Hoy Bogotá amaneció paralizada en algunos sectores y hay brotes de protesta en otras ciudades por cuenta del paro de taxistas en contra de Uber. Una plataforma que sigue creciendo en usuarios y conductores, que fue multada la semana pasada por la Superintendencia de Transporte porque que su servicio no está autorizado en el país y se ha convertido en el blanco de odio de los taxistas.

En gran parte es el resultado de que -como contó La Silla en noviembre- el presidente Juan Manuel Santos en cambio de resolver el problema se lo pasó al Congreso. Y allí, el tema está congelado.

El pasado 24 de noviembre, Santos firmó un decreto para reglamentar los taxis de lujo pero le pasó al Congreso el verdadero problema: la reglamentación de las plataformas tecnológicas como Uber.

Como contó La Silla, el decreto de Santos decía que para poder prestar el servicio de taxis de lujo, los prestadores tendrán que convertirse o “habilitarse” como empresas prestadoras de este servicio. Un servicio que Uber nunca ha contemplado.

Al día siguiente, en cambio, Uber acompañó al senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo y a los representantes liberales Olga Lucía Velásquez y Mario Fernández a radicar el proyecto de ley que reglamenta el servicio que ellos sí prestan: el que “crea el servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas”, como dice su comunicado de prensa, y que busca que operen servicios como UberBlack, uberX, UberBICI, UberÁngel, UberPET, UberEnglish, Uber para Empresas, etc.

Lo radicaron casi un mes antes de que se acabaran las sesiones ordinarias en el Congreso y ante la Comisión Sexta de Senado. Sin embargo, la semana pasada -cuando los taxistas anunciaron que se iban a ir en paro contra Uber- los autores retiraron el proyecto de Senado y lo radicaron en la comisión sexta de Cámara porque en Senado no tuvo ambiente para avanzar.

De hecho, el presidente de la comisión sexta en el Senado, Jorge Hernando Pedraza, no designó ponente del proyecto -según le contó a La Silla uno de los autores-, que es el primer paso para que el proyecto arranque su trámite.

Eso quiere decir que el proyecto de ley para reglamentar Uber sigue en ceros. Y por ahora, no tiene un camino fácil. La agenda legislativa de este año está sobrecargada con los proyectos de ley que se vienen para la implementación de los acuerdos de paz, la segunda vuelta del acto legislativo para la paz y la convocatoria al plebiscito, si es que este próspera en la Corte Constitucional. El próximo año además, está la reforma tributaria que el gobierno aplazó.

Así que por ahora el problema de Uber y de los taxistas seguirá vivo.

Viernes, Marzo 11, 2016 - 07:54
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Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.

La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.

Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en Norte de Santander por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004 se creó con $18 millones.

Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.

Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".

La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828.

Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".

Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.

Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.

Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio, este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas características que el año pasado.

Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.

Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en 2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' .

En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar.

En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.

Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías contratantes.

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