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Domingo Enero 16, 2022

Con la elección, ayer, de cinco nuevos magistrados en la Corte Suprema, ésta se aleja del peligro de quedar paralizada y queda totalmente en manos de magistrados que vienen de la Rama Judicial, lo que rompe una larga tradición de equilibrio entre funcionarios de la rama y miembros de la academia. También quedan reforzados el grupo santandereano y el de egresados de la Universidad Libre. Con eso la gran ganadora es la presidente de la Corte Ruth Marina Díaz, gran defensora de que los magistrados vengan de la rama, y cabeza del grupo santandereano.

La renuncia del magistrado Arturo Solarte, quien era el líder de una minoría que tenía bloqueada las elecciones y que impulsaba la presencia de más magistrados de la academia, se hizo efectiva el viernes pasado. Menos de una semana después, sus aliados, Jesús Vall de Rutén y María del Rosario González, perdieron la batalla. Por lo menos uno de ellos decidió votar con la mayoría.

Los cinco que llegaron ayer han pasado por la rama.

Luis Armando Tolosa pasa de la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja a la Sala Civil de la Corte y antes había sido magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de La Guajira. Su designación es clave porque, como contó La Silla, era el candidato favorito del bloque mayoritario que estaba a un voto de elegirlo, y esta vez lo logró.

El externadista Gustavo Hernando López Algarra, quien también estaba a un voto de ser elegido, viene de ser magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá y también tiene larga trayectoria en la rama. Los últimos diez años los ha pasado en ella como magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte y magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

El tercer elegido, Carlos Fernández Carlier, había cosechado 12 votos. También viene de la rama: ha sido magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte y magistrado de los tribunales de Bucaramanga y Bogotá.

La cuarta es Clara Cecilia Dueñas. Lleva dos años de magistrada auxiliar en la Sala Laboral de la Corte y fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante diez años. Aunque ha trabajado mucho tiempo como abogada independiente y contratista de entidades públicas, su fuerza provino de su paso por la Corte.

Y el quinto es Eyder Patiño, quien llega a la Sala Penal. Patiño venía de Procurador Delegado ante la Corte después de haber sido ser magistrado auxiliar de Yesid Ramírez. Su trayectoria ha sido en la Procuraduía (fue Procurador Delegado en derechos Humanos y Procurador Judicial Agrario), en la Fiscalía (fue fiscal de circuito especializado y juez de instrucción criminal en el Huila) y en la rama.

Además del poder de la rama, también se refuerza el de la Universidad Libre. Tres de los cinco nuevos magistrados (Dueñas, Cabrera y Tolosa) son egresados de allí, y se suman a Ariel Salazar y Leonidas Bustos. Con eso la Libre queda con cinco magistrados de los 22 que hay actualmente, mientras que ninguna otra universidad tiene más de dos egresados en la Corte.

Y, por último, queda más sólida la rosca santandereana. Fernández Carlier es de ese departamento y de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, como la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, y el Procurador General Alejandro Ordóñez. Y Tolosa, aunque viene de Boyacá, es santandereano de nacimiento. Con eso habría cinco santandereanos en la Corte (además de Díaz, está Luis Guillermo Salazar), el grupo regional más grande.

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Vie, 2013-09-06 21:42
Lo que me llama la atención es que, al parecer, los que se fueron con ella al famoso crucero no se encuentran designados. En su momento se criticó que el interés de ir de viaje con la Presidenta de la Corte era precisamente el de lograr el puesto. Y, de otro, lado, también llama la atención (muy personal) que al parecer en este momento no hay ningún egresado de la Universidad Nacional en la Suprema. Y, en general, en las altas cortes.
Vie, 2013-09-06 12:37
Recalcar en el acento santandereano tiene un viso de parcialidad por parte de la corte, teniendo en cuenta que el procurador, y... X,Y,Z magistrados son de la misma región. Terminar hablando de rosca en un organismo de control del estado como las cortes es reconocer abiertamente que hay intereses muy por encima del actuar en derecho. Me atrevería a pensar que es desde este organismo, que realmente se hace control político por parte de los verdaderos dueños del País, cómo olvidar el cacao más importante de esta zona.
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Otros confidenciales recientes

Lunes, Marzo 7, 2016 - 07:17
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Esta es la imagen que está circulando en redes sociales y que pone en el sonajero presidencial al Procurador Alejandro Ordóñez.

En las últimas semanas el nombre del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado empezó a moverse más que de costumbre en el país.

Además de las imágenes que empezaron a circular en redes sociales preguntando sobre la aceptación que tendría su eventual candidatura a la Presidencia, los rumores sobre que ya estaría listo el fallo del Consejo de Estado que lo podría tumbar empezaron a tomar fuerza.

Con ese telón de fondo, La Silla supo que el alto funcionario está buscando acercamientos con la prensa regional, cuando por lo general su relación con medios locales no es muy cercana.

En el evento que tendrá lugar esta semana en Bucaramanga con todos los alcaldes de Santander y que es organizado por el ente de control que Ordóñez dirige, además de hacer su típica salida en rueda de prensa, el Procurador también dará entrevistas privadas.

De hecho Ordóñez estaría indagando por los medios con más rating y hasta estaría pensando en hacer una ronda para irlos a visitar, cuando por lo menos en los últimos cuatro años, no había hecho algo parecido en las regiones.

La inusual movida de Ordóñez le servirá en doble vía. Si el fallo del Consejo de Estado lo tumba podrá desde ya empezar a amortiguar los efectos de la decisión en su imagen; si lo que está pensando es en las presidenciales también le servirá de precampaña. Falta ver cuál de las dos es la que lo motiva más.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 19:03
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Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard, respectivamente.

Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico William Montes.

El enfrentamiento entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.

Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les encontró irregularidades.

El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.

Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis horas,  Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.

Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar.  Como contó La Caribe, esa entidad está en manos de Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.

Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete. Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.

Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.

Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no violar los protocolos de seguridad médica.

Viernes, Marzo 4, 2016 - 14:28
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Hoy llegó a la Corte Constitucional la demanda en contra de la ley que crea las Zidres, un esquema para hacer megaproyectos en la Altillanura. La presentó un grupo de congresistas del Polo y Alianza Verde que, por lo menos en otras cuatro ocasiones, han actuado en bloque  en diferentes instancias, las más visibles litigando ante la Corte.

El combo lo conforman los congresistas del Polo Iván Cepeda, Alirio Uribe y Alberto Castilla y por los lados de Alianza Verde, Inti Asprilla y Ángela María Robledo. Es decir, el grupo que conforma la izquierda más “política” y menos “económica”, y que se distancia tanto del liderazgo de Jorge Enrique Robledo en el Polo, como de los de Sergio Fajardo, Claudia López y Antonio Navarro entre los viejos verdes.

Como contamos a comienzos de febrero, el famoso frenazo que le puso la Corte Constitucional a los megaproyectos del vicepresidente Germán Vargas provino de una demanda contra el Plan de Desarrollo de Santos presentada por el mismo grupo.

“Ese bloque se creó en el Congreso”, explica un asesor cercano a uno de los congresistas “Los asesores jurídicos de todos tienen un chat colectivo y de ahí han salido las demandas”.

Pero la convergencia no se queda en esas demandas.

El 23 de febrero, ese grupo, más el antioqueño Víctor Javier Correa, envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para contarle de la visita de unos eurodiputados que querían hablar del proceso de paz y de la situación de Iván Cepeda.

Lo mismo hicieron en enero cuando le escribieron una carta al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, pidiéndole su renuncia. En ese caso también firmaron los verdes Angélica Lozano, Claudia López y Oscar Ospina.

Y es que la unión, si bien no tiene un propósito electoral explícito, va más allá de las demandas y sí puede llegar allá.

“Nosotros tenemos unas afinidades políticas que van más allá de las organizaciones a las que pertenecemos. Compartimos una posición sobre el proceso de paz, sobre el modelo económico. Pero que hayamos planteado una estrategia con algún propósito electoral, no” dice el senador del Polo, Iván Cepeda.

“El grupo está actuando junto en más temas, como lo de insistir en la negociación con el ELN” explica la representante Robledo. “Por ahora no tiene una pretensión de construir una precandidatura, pero si llega allá, en una convergencia con grupos del Verde, del Polo y de otros movimientos políticos o sociales, pues bienvenido”.

 

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