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Domingo Septiembre 25, 2022

Con la elección, ayer, de cinco nuevos magistrados en la Corte Suprema, ésta se aleja del peligro de quedar paralizada y queda totalmente en manos de magistrados que vienen de la Rama Judicial, lo que rompe una larga tradición de equilibrio entre funcionarios de la rama y miembros de la academia. También quedan reforzados el grupo santandereano y el de egresados de la Universidad Libre. Con eso la gran ganadora es la presidente de la Corte Ruth Marina Díaz, gran defensora de que los magistrados vengan de la rama, y cabeza del grupo santandereano.

La renuncia del magistrado Arturo Solarte, quien era el líder de una minoría que tenía bloqueada las elecciones y que impulsaba la presencia de más magistrados de la academia, se hizo efectiva el viernes pasado. Menos de una semana después, sus aliados, Jesús Vall de Rutén y María del Rosario González, perdieron la batalla. Por lo menos uno de ellos decidió votar con la mayoría.

Los cinco que llegaron ayer han pasado por la rama.

Luis Armando Tolosa pasa de la Sala Civil del Tribunal Superior de Tunja a la Sala Civil de la Corte y antes había sido magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de La Guajira. Su designación es clave porque, como contó La Silla, era el candidato favorito del bloque mayoritario que estaba a un voto de elegirlo, y esta vez lo logró.

El externadista Gustavo Hernando López Algarra, quien también estaba a un voto de ser elegido, viene de ser magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá y también tiene larga trayectoria en la rama. Los últimos diez años los ha pasado en ella como magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte y magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

El tercer elegido, Carlos Fernández Carlier, había cosechado 12 votos. También viene de la rama: ha sido magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte y magistrado de los tribunales de Bucaramanga y Bogotá.

La cuarta es Clara Cecilia Dueñas. Lleva dos años de magistrada auxiliar en la Sala Laboral de la Corte y fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante diez años. Aunque ha trabajado mucho tiempo como abogada independiente y contratista de entidades públicas, su fuerza provino de su paso por la Corte.

Y el quinto es Eyder Patiño, quien llega a la Sala Penal. Patiño venía de Procurador Delegado ante la Corte después de haber sido ser magistrado auxiliar de Yesid Ramírez. Su trayectoria ha sido en la Procuraduía (fue Procurador Delegado en derechos Humanos y Procurador Judicial Agrario), en la Fiscalía (fue fiscal de circuito especializado y juez de instrucción criminal en el Huila) y en la rama.

Además del poder de la rama, también se refuerza el de la Universidad Libre. Tres de los cinco nuevos magistrados (Dueñas, Cabrera y Tolosa) son egresados de allí, y se suman a Ariel Salazar y Leonidas Bustos. Con eso la Libre queda con cinco magistrados de los 22 que hay actualmente, mientras que ninguna otra universidad tiene más de dos egresados en la Corte.

Y, por último, queda más sólida la rosca santandereana. Fernández Carlier es de ese departamento y de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, como la presidenta de la Corte, Ruth Marina Díaz, y el Procurador General Alejandro Ordóñez. Y Tolosa, aunque viene de Boyacá, es santandereano de nacimiento. Con eso habría cinco santandereanos en la Corte (además de Díaz, está Luis Guillermo Salazar), el grupo regional más grande.

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Vie, 2013-09-06 21:42
Lo que me llama la atención es que, al parecer, los que se fueron con ella al famoso crucero no se encuentran designados. En su momento se criticó que el interés de ir de viaje con la Presidenta de la Corte era precisamente el de lograr el puesto. Y, de otro, lado, también llama la atención (muy personal) que al parecer en este momento no hay ningún egresado de la Universidad Nacional en la Suprema. Y, en general, en las altas cortes.
Vie, 2013-09-06 12:37
Recalcar en el acento santandereano tiene un viso de parcialidad por parte de la corte, teniendo en cuenta que el procurador, y... X,Y,Z magistrados son de la misma región. Terminar hablando de rosca en un organismo de control del estado como las cortes es reconocer abiertamente que hay intereses muy por encima del actuar en derecho. Me atrevería a pensar que es desde este organismo, que realmente se hace control político por parte de los verdaderos dueños del País, cómo olvidar el cacao más importante de esta zona.
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Lunes, Febrero 22, 2016 - 23:10
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Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.

Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.

“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.

La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.

Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.

Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.

Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.

En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.

El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios. 

Lunes, Febrero 22, 2016 - 22:18
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Santander se metió en la puja por una partida de los $6,48 billones que le dejó a la Nación la controvertida venta de Isagen.

En una carta que fue enviada al Presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, el gobernador de ese departamento, Didier Tavera, solicitó formalmente que $648 mil millones (el 10 por ciento de la transacción) sean destinados a proyectos de inversión en Santander.

La petición se basa en que en la región está la represa de Hidrosogamoso, hidroeléctrica que produce el 60 por ciento de la energía de Isagen, lo que le daría derecho al departamento, según una ley expedida en el 95, de quedarse con la décima parte de los rendimientos que generaron la venta de las acciones.

Según el secretario de Planeación del departamento, Sergio Muñoz, “la ley es clara y señala que para recibir el beneficio la principal actividad de la empresa enajenada deberá estar en su territorio. Santander cumple esas características y por eso estamos reclamando la participación de esos recursos”.

A esa solicitud se sumaron todos los congresistas de Santander, quienes serían los encargados de presionar a Santos para que desembolsara la plata.

No obstante, Santander no es el único que está peleando esa posibilidad. La Gobernación de Antioquia  le hizo esa misma solicitud a Santos el pasado 29 de enero bajo el argumento de que en ese departamento funciona la sede principal de Isagén.

Lo particular es que ninguno de los dos departamentos está consultando la posibilidad de acceder a los recursos, sino que le están reclamando a la Presidencia su participación directa, algo que no estaba dentro de las cuentas de la Nación, que como lo contó La Silla, tiene dadas sus prioridades en la financiación de las vías 4G y en darle un alivio al déficit fiscal de los programas de Santos.

Lunes, Febrero 22, 2016 - 14:48
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La semana pasada hubo un cambio en la cabeza de la secretaría de Productividad de Antioquia que pasó de agache, sin comunicado de prensa y solo con dos breves menciones en medios: Llanedt Martínez, esposa del político condenado por narcotráfico Luis Javier Castaño, salió de su cargo después de que La Silla reveló esa relación y algunos medios la retomaron.

En su reemplazo llegó la abogada eespecializada en derecho administrativo y contratación Liz Margaret Álvarez Calderón, quien fue secretaria de servicios administrativos y gobierno de los municipios de San Jerónimo y Caramanta  hace casi una década y trabajó en la procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013,

Lo curioso es que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del gobernador Luis Pérez.

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