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Martes Octubre 26, 2021

Hace dos semanas, la Corte Constitucional falló a favor de mantener el Parque Nacional Yaigojé Apaporis y contra la minera canadiense Cosigo Resources, que había liderado la estrategia legal de los indígenas que querían tumbar el área protegida para darle así vigencia a un título minero que no podían explotar. Ese fallo coincidió con otra decisión política en su contra: el otro proyecto de oro de la empresa en el Vaupés ya no es considerado por el Gobierno como un proyecto de interés nacional.

A mediados de 2013 la Agencia Nacional de Minería expidió una resolución en la que seleccionaba 40 proyectos mineros como ‘de interés nacional’, desde la ampliación del Cerrejón hasta La Colosa de Anglogold Ashanti. Entre ellos también estaba el proyecto que Cosigo quiere desarrollar cerca del pueblo de Taraira y que la minera compara con el Witwatersrand que permitió el desarrollo de Sudáfrica a finales del siglo XIX.

Dos años después, el de Cosigo no aparece en la lista de Pines -proyectos de interés nacional- que está bajo la tutela del vicepresidente Germán Vargas Lleras y que el Ministro de Minas Tomás González le prometió a los empresarios mineros acompañar activamente.

Eso significa que Cosigo perdió el favor con el Gobierno en algún momento en estos dos años desde que un líder indígena confesara durante una audiencia de la Corte en plena selva que la minera les había financiado su demanda contra el parque nacional.

Esa fue la "injerencia indebida" por la que el fallo del magistrado Gabriel Mendoza le pidió al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

Esta es la base de datos de proyectos de interés nacional, que el Gobierno no ha publicado hasta ahora para evitar que estalle la conflictividad social con las comunidades locales desde ya.

Listado simplificado de proyectos PINE (1).pdf by lasillavacia

Otros confidenciales recientes

Jueves, Febrero 4, 2016 - 13:44
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Hasta el domingo pasado la seguridad de Bogotá se pensaba en un centro de estudios con más de 50 personas. Desde esta semana, esa labor la harán muchos menos funcionarios, en uno de los primeros pasos para preparar la creación de la Secretaría de Seguridad que quiere crear Enrique Peñalosa.

Va a cambiar radicalmente el Centro de estudios y análisis en convivencia y seguridad ciudadana, Ceascs, que durante ocho años ayudó a crear programas bandera de las alcaldías de izquierda, como los Camad (los Centros de Atención Médica a Drogadictos) de Gustavo Petro, las políticas de desarme o las restricciones a la venta de alcohol de la alcaldía de Clara López.

Según dos de los funcionarios salientes, 53 de sus miembros terminaron labores el domingo.Y su director Rubén Darío Ramírez, cerebro de esas políticas de seguridad de los últimos tres alcaldes, renunció el 10 de enero, 20 días  antes de la terminación de su contrato.

En entrevista con La Silla Vacía expresó que con la administración actual vio la llegada de una visión radicalmente diferente a cómo se ha manejado durante los últimos 12 años, y por eso se fue.

Ramírez considera que la aproximación social que se viene dando a temas como los habitantes de calle y los vendedores ambulantes, no va a tener continuidad. Y teme que la nueva administración vaya a realizar operativos de recuperación del espacio público a punta de represión.

Daniel Mejía, actual Subsecretario de Seguridad de Peñalosa y quien va a ser su Secretario de seguridad una vez se cree esa entidad, le dijo a La Silla que el Ceascs “malgastaba recursos” en una nómina demasiado grande. También dijo que ese centro “no le daba información absolutamente a nadie”, por lo cual no estaba cumpliendo con su función de orientar a las secretarías del Distrito.

Según dijo, la administración actual va a contratar personal mejor calificado para producir estudios más técnicos y transparentes.

Ese modelo recuerda el que existió en las administraciones de Mockus y Peñalosa, entre 1995 y el 2003, cuando el Sistema de Información de Violencia y Delincuencia tenía un equipo de trabajo de uno seis analistas, cada uno enfocado en un delito diferente.

Además de esa reducción en la nómina, Mejía está evaluando qué programas del Centro se van a mantener. Por ahora, se decidió que sigue el de Gestores de Convivencia, que capacitó a más de 9.000 jóvenes en la resolución de conflictos y el acompañamiento de eventos, protestas y manifestaciones.

El organismo que reemplace al Ceascs tendrá que lidiar con una ciudad que, si bien tiene menos homicidios, también vive una crisis de la percepción de seguridad. Según Bogotá Cómo Vamos, en el 2015 el 59% de los bogotanos aseguraron que se sentían inseguros en el espacio público.

 

Miércoles, Febrero 3, 2016 - 17:46
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Esta tarde, un juez de Cartagena dejó sin efectos la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo Hernández y le ordenó al Concejo devolver el concurso a la etapa de las entrevistas. Con esta decisión judicial, el alcalde Manolo Duque sufre a menos de mes y medio de mandato su primer gran golpe porque, por lo pronto, se queda sin la aliada a la que su grupo político puso para hacerle control fiscal.

La tutela que tumbó a Fontalvo fue interpuesta por el abogado Rafael Camargo Jiménez y coadyuvada por Iván Sierra Porto, miembro de la lista de elegibles a contralor. Ambos argumentaron que el Concejo de Cartagena violó el debido proceso en la elección porque la entrevista a los aspirantes debió hacerla la mesa directiva del Cabildo que se posesionó el primero de enero pasado y no la del que terminó periodo el 31 de diciembre.

Ahora la nueva mesa directiva tiene 10 días para volver a hacerles las entrevistas a Fontalvo y a Porto Sierra, consolidar los puntajes y votar una vez más para designar al titular de la Contraloría. Solo competirán ellos dos porque el tercer miembro de la lista de elegibles había renunciado días antes de la elección, que se realizó la primera semana de enero.

Como contó La Caribe, la abogada Fontalvo fue escogida por la gestión que hicieron el hermano del alcalde Manolo Duque, José Julián Vásquez, y el senador liberal Lidio García, quien respaldó la candidatura de Duque.

Fueron Vásquez y García quienes la noche del 7 de enero lograron cambiar la votación porque ese mismo día, por la tarde, los concejales habían decidido en reunión en un hotel de Bocagrande que el contralor sería el conservador Sierra Porto, según le contaron a La Silla dos políticos cartageneros.

Sierra Porto, hermano del exmagistrado Humberto Sierra Porto, representa una amenaza para el alcalde Duque porque es más afín al excandidato conservador Antonio Quinto Guerra, a quien el actual mandatario venció el 25 de octubre.

Miércoles, Febrero 3, 2016 - 14:24
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Uno de los preacuerdos que estaban buscando tres de los implicados en el ‘carrusel de contratos’ que tuvo lugar en la administración de Héctor Moreno Galvis en la Alcaldía de Bucaramanga se cayó.

La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal radicó el escrito de acusación e inició el juicio formal contra dos exfuncionarios del Municipio y el representante legal de la fundación Corsoder, por su participación en la ejecución presuntamente irregular de un contrato para capacitar líderes comunales que no tiene soportada la inversión del 60% de su valor tptal que fue de $55 millones.

Los implicados son José Ludbin Gómez Martínez, exsecretario de Desarrollo Social, Ulises Dueñas, supervisor del  contrato, y Libardo Jaramillo Sarmiento,  representante legal de Corsoder, quienes se negaron a devolver a las arcas del Estado los más de $33 millones que, al parecer, no fueron ejecutados en el contrato, a cambio de beneficios.

Los delitos por los que la Fiscalía los investiga son peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y privado.

Los tres investigados ya tienen medida de aseguramiento por su participación en la ejecución de más contratos investigados  por el escándalo del ‘carrusel’.

Ese escándalo de contratación en Bucaramanga también tiene privados de la libertad al exalcalde Moreno Galvis, así como a varios exfuncionarios, contratistas y supervisores.

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