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Domingo Enero 16, 2022

Hace dos semanas, la Corte Constitucional falló a favor de mantener el Parque Nacional Yaigojé Apaporis y contra la minera canadiense Cosigo Resources, que había liderado la estrategia legal de los indígenas que querían tumbar el área protegida para darle así vigencia a un título minero que no podían explotar. Ese fallo coincidió con otra decisión política en su contra: el otro proyecto de oro de la empresa en el Vaupés ya no es considerado por el Gobierno como un proyecto de interés nacional.

A mediados de 2013 la Agencia Nacional de Minería expidió una resolución en la que seleccionaba 40 proyectos mineros como ‘de interés nacional’, desde la ampliación del Cerrejón hasta La Colosa de Anglogold Ashanti. Entre ellos también estaba el proyecto que Cosigo quiere desarrollar cerca del pueblo de Taraira y que la minera compara con el Witwatersrand que permitió el desarrollo de Sudáfrica a finales del siglo XIX.

Dos años después, el de Cosigo no aparece en la lista de Pines -proyectos de interés nacional- que está bajo la tutela del vicepresidente Germán Vargas Lleras y que el Ministro de Minas Tomás González le prometió a los empresarios mineros acompañar activamente.

Eso significa que Cosigo perdió el favor con el Gobierno en algún momento en estos dos años desde que un líder indígena confesara durante una audiencia de la Corte en plena selva que la minera les había financiado su demanda contra el parque nacional.

Esa fue la "injerencia indebida" por la que el fallo del magistrado Gabriel Mendoza le pidió al Gobierno que "evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes".

Esta es la base de datos de proyectos de interés nacional, que el Gobierno no ha publicado hasta ahora para evitar que estalle la conflictividad social con las comunidades locales desde ya.

Listado simplificado de proyectos PINE (1).pdf by lasillavacia

Otros confidenciales recientes

Viernes, Enero 22, 2016 - 12:27
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El viceministerio de agua, que quedó vacante porque la viceministra Maria Carolina Castillo pasó a ser secretaria de Hábitat de Bogotá, está entre dos aspirantes, ambos ex alcaldes: Carlos Eduardo Correa, conservador de Montería, y Jorge Eduardo Rojas, de La U y de Manizales. La decisión la tomará Presidencia dentro de las próximas dos semanas, cuando Correa y Rojas regresen de vacaciones.

Con esa decisión no solo se definirá el nombre del encargado de liderar la política pública de acueductos y basuras del país, sino que el Gobierno le hará un guiño a una de las dos regiones y a algún grupo político, que Santos necesita tener de su lado para sacar la eventual reforma tributaria.

Si elige a Rojas (a quien Juan Manuel Santos elogió públicamente en el Congreso de Infraestructura de noviembre, al decir que  “Manizales es una fábrica de buenos alcaldes”) el empujón será para el representante Hernán Penagos, ex presidente de la Cámara, y posiblemente también para el senador y próximo presidente del Congreso Mauricio Lizcano, ambos de La U.

Si escoge a Correa, el gran beneficiado será David Barguil, el presidente del directorio nacional conservador y quien, como director del partido, ha estado explorando la entrada de ese partido a la Unidad Nacional.

Jueves, Enero 21, 2016 - 16:55
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Aunque fueron fórmula en las regionales pasadas y desde el  primero de enero gobiernan en llave, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char y el gobernador del Atlántico Eduardo Verano vuelven a tener un choque de criterios, como ocurrió hace ocho años, cuando también eran mandatarios, por la prohibición del porte legal de armas.

En esta ocasión, a Char no le convence el ‘plan desarme’ promovido por Verano desde el lunes pasado para las fiestas de Carnaval, y que a esta hora socializa con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en un consejo de seguridad ciudadano que se celebra en Barranquilla. En él participan Char, los alcaldes de los municipios atlanticenses, los secretarios del Interior, la Fiscalía y miembros del Ejército y la Policía.

El lunes, un día antes de que el presidente Santos anunciara que el porte legal de armas quedaba prohibido hasta diciembre en todo el país, Verano había propuesto un desarme de una semana, comenzando el 9 de febrero (Sábado de Carnaval en el Atlántico). Lo hizo argumentando que con el consumo de licor aumentan las riñas en el departamento, especialmente los dos primeros días de fiesta.

El liberal cree que pueden repetirse los buenos resultados de seguridad que esa iniciativa dejó durante su primera administración, entre 2008 y 2011, cuando disminuyeron las agresiones.

En cambio, a Char esa propuesta poco lo convence. El alcalde opina que quienes terminan desarmados son los ciudadanos que las portan legalmente porque necesitan protegerse, mientras que los delincuentes siguen usándolas.

Char es conocido desde su primera administración por su mano dura en materia de seguridad y más recientemente por anunciar la llegada del Ejército a las calles de Barranquilla, a partir del primero de febrero, para contrarrestar los indicadores de homicidios y atracos.

Ahora que Santos anunció que la prohibición, vigente hasta este 31 de enero, será prorrogada, Barranquilla deberá acogerla, pese a las dudas del alcalde.

Mientras el presidente expide el nuevo decreto, Verano le apuesta a un desarme departamental para que a los municipios del Atlántico las fiestas de Carnaval los coja sin armas, le explicó a La Silla uno de los asesores de prensa del mandatario.

Jueves, Enero 21, 2016 - 13:44
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Martha Cecilia Guarín Lizcano, una abogada que hizo parte de la controvertida administración de Lucho Bohórquez, saltó al equipo de Rodolfo Hernández y aterrizó en la Secretaría Jurídica del municipio.

La llegada de Guarín a la administración de Hernández se da luego de que hubiera transitado en la de Lucho primero como contratista de prestación de servicios, y luego como jefe de la oficina jurídica de Metrolínea S.A.,  entidad en la que terminó por volverse la segunda al mando.

Martha Guarín y su esposo Nilson Rojas, junto al exalcalde de Bucaramanga Lucho Bohórquez.
Cristian Bautista, sobrino de Lucho Bohórquez, junto a Nilson Rojas y Martha Guarín.

Si bien, además de haber estado en la administración de Bohórquez, Guarín ha sido contratista del Estado en diferentes entidades de Santander y tiene buenas referencias en el manejo jurídico de la contratación pública, lo que ha generado suspicacias es que el nombramiento se da pese a que Hernández ha sido un acérrimo crítico de la contratación que suscribió la administración pasada.

La llegada de Guarín también se da pese a que, según tres fuentes consultadas por La Silla, entre esas una que estuvo dentro del gobierno anterior, varios de sus familiares son de la línea directa de Bohórquez.

Y es que la familia de Guarín también estuvo vinculada a la administración de Bohórquez directamente.

Por un lado, ella es sobrina de Édgar Lizcano Moure, exsubdirector del Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabú, y prima de Cristian Lizcano, un abogado que fue asesor jurídico directo del despacho de Bohórquez; y por otro, su esposo, Nilson Rojas, fue prestador de servicios en la Secretaría de Salud y solo entre 2014 y 2015 recibió contratos por $55,5 millones.

La Silla conoció que al interior de la administración de Hernández hubo discusión en torno a ese nombramiento; sin embargo, la decisión que terminó prevaleciendo fue la de la nueva secretaria Jurídica, Fabiola Clavijo, quien aseguró que la quería tener en su equipo.

Cuando este medio se comunicó con Guarín para conocer su posición sobre los cuestionamientos a su designación, colgó la llamada apenas escuchó de donde provenía y no volvió a contestar el celular.  Por su parte, Clavijo no respondió su celular.

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